El Constitucional rechaza el último recurso de los propietarios y avala la demolición de Valdecañas

En su día, el Supremo ordenó el derribo por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), revocando una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la que se entendía la «imposibilidad material» de demoler las residencias ya edificadas dentro del complejo. Un derribo con un coste estimado de cerca de 145 millones de euros.

En el recurso presentado por los propietarios, se alegaba un «exceso de jurisdicción» por parte del Tribunal Supremo, pero todo aquello que sostenía una supuesta vulneración de la imparcialidad judicial ha sido desestimado por el Tribunal Constitucional.

El conflicto nace en 2007, cuando la Junta de Extremadura, presidida entonces por el socialista Rodríguez Ibarra, aprueba la construcción del complejo. Un par de asociaciones, Adenex y Ecologistas en Acción, denuncian entonces que el futuro resort vulnera la normativa europea, al encontrarse en un espacio natural protegido. El Constitucional, en junio de 2023, suspendió cautelarmente el derribo, precisamente, por el recurso de propietarios, ayuntamientos y Junta de Extremadura.

Pese al varapalo judicial, la Junta de Extremadura sigue sosteniendo que Isla de Valdecañas «no debe ser demolida». El ejecutivo autonómico se ampara en la Ley 2/2023, aprobada por la propia Asamblea de Extremadura, con la que se regulaba elementos de la Red Natura 2000 y se daba una nueva cobertura a zonas protegidas, como la que afecta al complejo. Entiende la Junta que ese nuevo marco legal otorga seguridad jurídica a determinados territorios incluidos como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), que nunca se llegaron a registrar de forma válida en Consejo de Gobierno. El ejecutivo que lidera la popular María Guardiola defiende que la declaración como ZEPA debe considerarse a partir de 2023 y no antes, con que el territorio que afecta a Valdecañas se quedaría fuera.

Los propietarios, antes de ser conocedores de esta sentencia, venían a subrayar que, desde un primer momento, actuaron «de buena fe» y que irán con este asunto «hasta el final», con el respaldo de la sociedad extremeña. Hacen referencia a una encuesta de Metroscopia en la que ocho de cada diez vecinos de Extremadura consideran «injusta» la situación y tres de cada cuatro, directamente, creen que tirar el complejo traería «más daño que beneficio». Isla de Valdecañas «ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades», dicen los propietarios, que creen que cl complejo turístico ha contribuido al «progreso local y regional» con la creación de cientos de empleos en la zona.

Por su parte, las asociaciones contrarias al complejo, continúan manteniendo que las edificaciones son ilegales. «Lo que queremos es que se cumpla la legislación medioambiental», recalca Jorge Vega, presidente de Adenex, que entiende que la Junta y los propietarios «se agarran a cualquier cosa» para alargar el proceso. Admite que la sentencia del Constitucional no es más que una «victoria agridulce» para ellos. Ecologistas en Acción defiende que «ya no quedan excusas para retrasar la demolición de la urbanización ilegal» de Valdecañas y exige a la Junta que «cumpla la ley»: «No les ha bastado las rotundas sentencias del TSJ de Extremadura, del Tribunal Supremo o del Constitucional, que una vez tras tras otra han dado la razón a Ecologistas en Acción». Asimismo, denuncian la «indefensión jurídica» a la que se enfrentan y las «grandes dificultades para que se cumpla la normativa»: «Se unen los intereses de los poderosos con una Junta de Extremadura empeñada en favorecerlos».