La Junta y los propietarios se revuelven contra la demolición de Valdecañas, que está un paso más cerca

El conflicto nace en 2007, cuando la Junta de Extremadura, presidida entonces por el socialista Rodríguez Ibarra, aprueba la construcción del complejo. Un par de asociaciones, Adenex y Ecologistas en Acción, denuncian entonces que el futuro resort vulnera la normativa europea, al encontrarse en un espacio natural protegido. El Constitucional, en junio de 2023, suspendió cautelarmente el derribo, precisamente, por el recurso de propietarios, ayuntamientos y Junta de Extremadura.

Pese al varapalo judicial, la Junta de Extremadura sigue sosteniendo que Isla de Valdecañas «no debe ser demolida». El ejecutivo autonómico se ampara en la Ley 2/2023, aprobada por la propia Asamblea de Extremadura, con la que se regulaba elementos de la Red Natura 2000 y se daba una nueva cobertura a zonas protegidas, como la que afecta al complejo. Entiende la Junta que ese nuevo marco legal otorga seguridad jurídica a determinados territorios incluidos como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), que nunca se llegaron a registrar de forma válida en Consejo de Gobierno.

El ejecutivo que lidera la popular María Guardiola defiende que la declaración como ZEPA debe considerarse a partir de 2023 y no antes, con que el territorio que afecta a Valdecañas se quedaría fuera. Además, subraya que todavía quedan dos recursos de amparo por ser resueltos.

En lo que coinciden todas las partes es en que esta resolución del Constitucional no supone que, de inmediato, las excavadoras vayan a a presentarse en la zona. Queda recorrido. Primero, los recursos de amparo no resueltos. Después, incluso, se plantearía llevar el asunto a Europa. Se estima que, entre derribo e indemnizaciones, el gasto para la Junta podría superar los 140 millones de euros.

Entre tanto, los más de 180 propietarios, representados por el reconocido abogado pacense Luis Díaz-Ambrona, insisten en que no hay sentencia sobre su recurso de amparo y que, solo cuando exista, «se estudiará con detalle la posibilidad de interponer los recursos pertinentes». Entienden, en la misma línea que la Junta, que la Ley 2/2023 les ampara y deja las construcciones y edificaciones ejecutadas «totalmente legalizadas».

Subrayan que, desde un primer momento, actuaron «de buena fe» y que irán con este asunto «hasta el final», con el respaldo de la sociedad extremeña. Hacen referencia a una encuesta de Metroscopia en la que ocho de cada diez vecinos de Extremadura consideran «injusta» la situación y tres de cada cuatro, directamente, creen que tirar el complejo traería «más daño que beneficio». Isla de Valdecañas «ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades», dicen los propietarios, que creen que cl complejo turístico ha contribuido al «progreso local y regional» con la creación de cientos de empleos en la zona.

El PSOE de Extremadura, en este caso, sí ha respaldado la posición de la Junta de Extremadura. Una de sus portavoces, Piedad Álvarez, reconoce que la sentencia «no es favorable», pero mantiene que «queda esperanza y mucho recorrido todavía en este proceso». Los socialistas impulsaron la modificación de la Ley ZEPA en 2023 y piden que la justicia tenga en cuenta la nueva normativa.

Por su parte, las asociaciones contrarias al complejo, continúan manteniendo que las edificaciones son ilegales. «Lo que queremos es que se cumpla la legislación medioambiental», recalca Jorge Vega, presidente de Adenex, que entiende que la Junta y los propietarios «se agarran a cualquier cosa» para alargar el proceso. Admite que la sentencia del Constitucional no es más que una «victoria agridulce» para ellos.

Ecologistas en Acción cree que «ya no quedan excusas para retrasar la demolición de la urbanización ilegal» de Valdecañas y exige a la Junta que «cumpla la ley»: «No les ha bastado las rotundas sentencias del TSJ de Extremadura, del Tribunal Supremo o del Constitucional, que una vez tras tras otra han dado la razón a Ecologistas en Acción». Asimismo, denuncian la «indefensión jurídica» a la que se enfrentan y las «grandes dificultades para que se cumpla la normativa»: «Se unen los intereses de los poderosos con una Junta de Extremadura empeñada en favorecerlos».