El Supremo cree que el coste de desmantelar Valdecañas no es motivo para no demoler

La sentencia de la Sala Tercera del TS, publicada este martes al completo, estima un recurso de casación de Ecologistas en Acción y concluye que tendrán que ser destruidas las 185 villas , el hotel, el campo de golf e instalaciones que actualmente están terminadas y en funcionamiento, al emplazarse en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000.

El Supremo anula una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que en 2020 decidió mantener intacto un tercio del proyecto (la parte terminada) pese a haber sido declarado ilegal previamente. El TSJEx argumentaba que las construcciones concluidas no dañaban el medio ambiente y también alegaba «la imposibilidad material» de ejecutar la demolición completa. El fallo tenía en cuenta el elevado coste que supondría acabar con todo: 34 millones de euros solo por la demolición de lo ya construido y 111 millones de perjuicio económico a los propietarios.

Ahora, en un duro lenguaje, el Supremo dictamina que la Junta de Extremadura actuó inicialmente como si «no existiera» la protección del terreno en la que se ubicó el complejo de lujo y, por ello, considera que la cuantía económica que pueda suponer la demolición para la Administración « lejos de resultar desproporcionada , se corresponde con el alcance de su responsabilidad en la transformación urbanística».

De hecho, el Supremo concluye que «no se aprecia» la imposibilidad material para derribar el complejo, y que esta no puede confundirse con meras dificultades ni con la conveniencia de atender otros intereses. Considerar esta «imposibilidad material», argumenta el tribunal, supondría que la seguridad jurídica «se vería seriamente afectada» teniendo en cuenta todas las decisiones judiciales anteriores que declararon ilegal el complejo y su urbanización.

Sobre el impacto socioeconómico del derribo en los municipios vecinos de El Gordo y Berrocalejo, apunta que sería «limitado» en cuanto a la generación de empleo. Respecto al mantenimiento de la población gracias al turismo generado, estima que los beneficios «difícilmente pueden imponerse» a intereses públicos como son la ordenación urbanística y la protección del medio ambiente.

La sentencia está plagada de referencias a la actuación «contraria a derecho» que llevó a cabo la Junta de Extremadura al haber calificado la urbanización como un Proyecto de Interés Regional (PIR) en 2006, entonces con el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente. Esta decisión fue la que permitió recalificar los terrenos, pese a que eran parte de la Red Natura 2000, una red de áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad que buscan garantizar a largo plazo la conservación de las especies y de los hábitats más amenazados de Europa.

La modificación del terreno, insiste el tribunal, fue de una «ilegalidad» que «afecta a intereses públicos tan relevantes como la ordenación urbanística y la protección del medio ambiente».

El Supremo recuerda que «el pronunciamiento de nulidad y reposición de los terrenos a la situación anterior tiene por objeto la restauración de la legalidad urbanística». Algo que « necesariamente conlleva la desaparición de las instalaciones , obras y actuaciones de transformación urbanística realizadas».

Pocas horas antes de publicarse la sentencia, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, insistió en que la Marina Isla de Valdecañas «todavía tiene recorrido, mucho recorrido, también judicial», mientras que Ecologistas en Acción se ha felicitado porque «todos sus argumentos han sido recogidos de forma contundente».