El Consejo de Estado logra incluir a menores víctimas de abuso sexual en el decreto de becas

Una de las novedades del decreto de este año es que se incluyen como beneficiarias, por primera vez, a las víctimas de violencia sexual menores de edad. Este beneficio no fue idea, sin embargo, de ningún miembro del Gobierno, ni de Pilar Alegría ni de Diana Morant, sino del Consejo de Estado.

Tal como reconoce la memoria de impacto normativo del real decreto , a la que ha tenido acceso este periódico, una de las novedades del decreto de este año es que «por recomendación del Consejo de Estado, en su dictamen referido al decreto del curso 2023-2024, se extienden los supuestos de flexibilización de los requisitos académicos aplicables a víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual menores de edad». El propio Consejo de Estado ha subrayado su autoría de la recomendación.

Así lo señala el máximo órgano consultivo del Gobierno. «En efecto, en el dictamen número 35/2023, este Consejo de Estado sugirió que para sucesivos ejercicios presupuestarios podría valorarse por la autoridad consultante la posibilidad de introducir regímenes específicos para los menores a los que se refieren la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, a fin de completar el régimen de protección integral que contienen en este ámbito educativo».

Otra de las novedades del decreto es, según señala la mencionada memoria de impacto normativo, es «que se añaden a las exclusiones en el cómputo de los rendimientos patrimoniales los gastos derivados subvenciones para el alquiler de la vivienda habitual, percibidas en el ejercicio 2023 de cualquier administración pública». ¿Esto que significa? Que las subvenciones que las personas reciban para la vivienda no computan como renta a efectos de solicitar una beca o ayuda al estudio.

Por otro lado, se fija un grado mínimo del 25 por ciento -antes estaba en el 33 por ciento- para acceder a las ayudas, conforme al decreto que establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Esto supone al menos «una discapacidad moderada, asociada a la necesidad de apoyos significativos y estables», dice la memoria. En cursos anteriores han sido directamente las convocatorias anuales las que han venido estableciendo la forma de acreditar la necesidad específica de apoyo asociada a discapacidad, que se ha venido fijando desde el curso 2020-2021 en el 33 por ciento.

Por último, otro de los cambios respecto al último real decreto es que se actualizan los umbrales de renta familiar en la convocatoria de becas de carácter general y en la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (también llamado NEAE), que se incrementan un 5%, con objeto de dar respuesta a los incrementos nominales de renta de las familias, sobre todo las que están asociadas al salario mínimo interprofesional y al coste de vida.

El plazo de apertura para presentar las solicitudes a la convocatoria general de becas, tanto en las etapas universitarias como no universitarias, se abrirá el próximo mes de marzo.

Al Gobierno no le salen las cuentas con el nuevo decreto de becas. El presupuesto previsto para este concepto en el año 2024 asciende a 2.474 millones de euros, mientras que el coste que prevé el decreto se estima en algo más, 2.535 millones de euros. Por lo tanto, entre la cantidad con que cuenta el Gobierno y la que precisa para hacer frente a las becas de este año hay una diferencia de más de 60 millones de euros (concretamente 61,5). ¿Cómo va a hacer el Ejecutivo de Sánchez para hacer frente a este dinero con el que no cuenta? Lo habitual sería pagarlo con los nuevos Presupuestos Generales del Estado. El problema es que estos no están aprobados. Por lo tanto, al Gobierno solo le queda la alternativa de 'tirar' de los reintegros de años anteriores. Esto implica usar el dinero que los beneficiarios de becas y ayudas han tenido que devolver por diversos motivos.

El dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto da cuenta de esta situación: «El presupuesto total destinado al sistema estatal de becas y ayudas al estudio sin un número cerrado de beneficiarios en el ejercicio de 2023 y 2024 (presupuesto 2023 prorrogado) es de 2.474 millones de euros (el curso pasado fue de 2.471). El coste de las convocatorias para 2024-2025 se estima en 2.535 millones, previéndose que la diferencia (61,5), en primer lugar, será objeto de incorporación al Proyecto de Presupuestos para el año 2024 y, como alternativa, la diferencia se financiará gracias a las generaciones de crédito procedentes de reintegros de becas que se aprueban anualmente y que en el ejercicio 2023 han ascendido a 81,9 millones de euros, así como, de ser preciso, mediante el reajuste de anualidades entre los ejercicios 2024 y 2025».