El consejero de Universidad de Andalucía advierte de que los campus deberán financiarse con lo que les paguen los alumnos

El exrector de la Universidad de Córdoba hizo un duro repaso sobre la nueva ley de Universidades (LOSU) que acaba de publicarse en el BOE. Dejó para el final el capítulo de la financiación, no por ser menos importante sino todo lo contrario y denunció que la ley esconde una letra pequeña preocupante.

Según Villamandos, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) que se destinará para financiar la universidad pública y que, según la ley, vendrá de los prespuestos generales del Estado; de los presupuestos de las comunidades y de las universidades se pagará en realidad «con las matrículas de los estudiantes». «Van a ser ellos los que van a hacer que nosotros alcancemos ese 1 por ciento», sentenció Villamandos, que agregó que «por lo tanto, no van a ser los ingresos por parte de las comunidades autónomas ni lo que pueda venir del Estado».

A juicio del consejero tal y como está redactada la norma, «prácticamente todas las universidades están en ese 1 por ciento porque si tenemos en cuenta lo que aporta la comunidad, lo que puede o no poner el Estado, todo lo demás serán las matrículas de los estudiantes, los contratos y convenios para las universidades...».

El consejero auguró que esto va a crear «universidades de primera y de segunda» porque no todas podrán hacer frente a la financiación de la misma forma.

Otra cosa que criticó fue que este apartado de la financiación solo está claramente fijado para el caso de las lenguas cooficiales, «pero la norma nada dice del emprendimiento, de los deportes o de la cultura» y, paradójicamente, «la excusa para no entrar en la financiación era que no haya injerencia en el ámbito autonómico», señaló.

Siguiendo con el tema de la financiación, Villamandos denunció el «compromiso cero» del ministerio dirigido por Subirats con esta cuestión, hasta el punto de que «se ha tenido que crear una comisión para abordar este tema con la ley ya aprobada».

También criticó la medida de Subirats para hacer indefinidos a los profesores asociados. «Están creando un tapón para generaciones válidas, es decir, aquellos con contratos predoctorales. Además, un profesor asociado que es juez, por ejemplo, ¿cómo tendrá un contrato indefinido?»