Las CC.AA. del PP se niegan a usurpar la labor de la agencia estatal y no acreditarán profesores como quiere Sánchez

Una de las más relevantes es que van a negarse a acreditar profesores funcionarios, una tarea que hasta ahora tenía reservada la agencia estatal, la Aneca, y que con la Losu, se abre la puerta a que lo hagan las comunidades a través de convenios. Fuentes del partido explican que se pueden negar sin faltar al cumplimiento de la ley orgánica porque dicha acreditación, como dice la propia norma, «está sujeta a convenios que nosotros no vamos a firmar», explicó a ABC, el responsable de la secretaría de área de Universidades, Jorge Sainz.

Para los consejeros firmantes del documento la ley representa «otro ataque al Estado, cuya muestra más evidente son las enmiendas de los partidos independentistas aceptadas en la tramitación de la ley, y su satisfacción con la norma».

Aparte de la mencionada acción también se comprometen a «reforzar el papel de los consejos sociales en la relación sociedad – universidad, evitando su politización»; «apostar por la profesionalización de la gestión universitaria por el personal de administración y servicios (PAS); defender una «universidad libre y crítica, al margen de imposiciones ideológicas y adoctrinamientos políticos»; exigir «al Gobierno de Sánchez que comprometa al menos el 1% del presupuesto de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) se destine a la educación superior universitaria, frente al 0,3% que se destina actualmente» y, por último, piden «la coordinación entre los distintos ministerios del Gobierno al hacerse evidente que no se coordinan entre ellos, como es el caso de las prácticas formativas o de las enseñanzas artísticas superiores».

Las críticas que le hacen a la norma son las siguientes:

-Se trata de una norma «contradictoria, que por un lado desregula el sistema, haciendo que se creen 50 sistemas universitarios, tantos como universidades públicas, y por otro lado coarta la autonomía de las universidades».

-La LOSU rompe el sistema universitario español perdiendo la cohesión como país y creando estudiantes a varias velocidades según donde estudien; distorsiona la carrera universitaria al posibilitar figuras similares con distintas obligaciones docentes e investigadoras; dificulta que jóvenes brillantes accedan a la carrera académica; desprestigia la figura del profesor asociado y tiende a expulsar de la universidad a grandes profesionales de la sociedad civil que aportan conocimiento y experiencia a la formación universitaria. Pone en riesgo de colapso la convocatoria de plazas de 2024 por la falta de previsión y las deficientes disposiciones transitorias.

-Es una ley que compromete la eficacia de las universidades y su relación con la sociedad.

-Estamos ante una ley perjudicial para la calidad de las universidades, porque no se avanza en gobernanza, en internacionalización, en equidad entre estudiantes, ni en transferencia de conocimiento ni en la conexión de la universidad con la sociedad.

-Rechazamos el precepto de la Losu que permite, en contra de la reciente doctrina del Tribunal Supremo, tomar posicionamiento político sobre temas ajenos al ámbito universitario.

-La Ley de Universidades de Sánchez no mejora la financiación de las universidades ni incluye planes de mejora económica por parte del Ministerio.

-Comunidades autónomas, rectores y catedráticos han expresado las dudas sobre la constitucionalidad sobre algunos aspectos de la LOSU. Una vez publicada se estudiará la posible inconstitucionalidad de la LOSU.

El texto ha sido firmado por: Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades de la Xunta de Galicia; José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación de la Región de Murcia; Enrique Ossorio Crespo, vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid y María del RocíoLucas Navas, consejera de Educación de Castilla y León.