La organización valora positivamente el plan que se está preparando para garantizar la continuidad educativa en contextos de emergencia, como fueron la dana o la pandemia de la covid de 2020.
«Ya que los fenómenos meteorológicos extremos van a ser cada vez más habituales e intensos, es urgente que haya políticas que garanticen el derecho a la educación en emergencias y que los niños y niñas estén preparados para hacerles frente. Creemos que, para garantizar el derecho a la educación en España, si se produjera una emergencia, hay aspectos esenciales que no están incluidos», afirmó la directora general de Educo, Pilar Orenes.
En el mundo, hay 224 millones de niños, niñas y adolescentes que ven afectada su educación por culpa de una emergencia, de los cuales 72 millones no están escolarizados, según Education Cannot Wait.
«Sea cual sea el contexto en el que vive la infancia, la educación es un derecho y, además, una de las claves para salir del círculo de la pobreza. Cuando se interrumpe, ya sea a causa de guerras, inundaciones o hambrunas, las consecuencias no son solo para la infancia. Afectan a toda la sociedad, al presente y al futuro de los países», explicó Orenes.
Según la ONG, cuando se produce una emergencia humanitaria, «solo 1 de cada 10 alumnos y alumnas consigue acabar la primaria». «Hay que conseguir que los niños y niñas que viven estas situaciones puedan volver a la escuela. No solo para seguir aprendiendo. Garantizar el acceso a la educación es también asegurar la protección de la infancia en contextos especialmente hostiles».
Por ello, Educo exige un compromiso a todos los países para garantizar el derecho a la educación de la infancia, sea cual sea el contexto. «Esto no será posible si no hay una apuesta clara que implique una inversión económica importante. Por eso, los países que sufren estas crisis humanitarias deberían aumentar el gasto en educación entre el 4% y el 6% del PIB. Por su parte, los países donantes deberían incrementar la inversión en educación en emergencias al 10% de la ayuda humanitaria y el 20% de la ayuda oficial al desarrollo al sector educativo», exigieron desde la organización.
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