El CGPJ desmiente el bulo de la ministra: sí informaron a Igualdad de los fallos en las pulseras antimaltrato

La información que aporta contradice la versión autoexculpatoria de la ministra Redondo, que ha sostenido en todo momento que el Ministerio no había tenido conocimiento de estos problemas de funcionamiento. Por contra, Erice confirma en su comunicado lo que su antecesora en el cargo, Ángeles Carmona, ya había adelantado a ABC: «Les enviamos durante meses todas las quejas que había respecto a las pulseras».

En su carta, Erice le recuerda que la instalación de estos dispositivos es «una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar» y que las posibles incidencias «deben comunicarse al servicio competente de su gestión», que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido, señala que las comunicaciones sobre incidencias que reciben en el Observatorio «son trasladadas a los organismos competentes» para así «garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas».

De hecho, así sucedió a principios de este año, con dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada en los que informaba de «diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia», que el Observatorio trasladó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025». A ello se suma la comunicación de otra incidencia, remitida por un órgano judicial de Galicia, «de la que se dio traslado el 27 de febrero de 2025».

Y, a tenor de lo que revela la carta, el problema no fue sólo un «problema técnico» con la migración de datos ya resuelto, como la ministra Redondo defendía aún en la mañana de ayer, sino que «la cuestión relativa a los problemas detectados en el funcionamiento del sistema de dispositivos electrónicos fue tratada 'de forma exhaustiva' en la reunión del pleno del Observatorio celebrada el 27 de febrero de este año». Una reunión en la que, según señala la comunicación, «intervinieron todas las instituciones concernidas que integran este órgano y se adoptaron medidas para agilizar aún más, si cabe, la transmisión de las incidencias que pudieran producirse». El Observatorio «se interesó de quien gestiona estos dispositivos que se adoptaran las medidas necesarias para solventar las incidencias y propiciar las mejoras adecuadas».

Aunque la nota del Observatorio no especifica el tipo de problemas detectados, la Cadena SER adelantaba a última hora de la tarde de este lunes, a partir de las actas de la Audiencia Provincial de Granada a las que había tenido acceso, que la fiscal reconocía «muchas incidencias técnicas con las pulseras». En concreto, se refiere a problemas en la «tardanza en la instalación del dispositivo», errores en la medición de distancias, dificultades en zonas rurales y hasta manipulación de los dispositivos por parte de los agresores.

Una situación, calificada de «caótica» por las mismas fuentes, que incluso llevó a una juez de violencia sobre la mujer a señalar que «si se está siempre afirmando que los dispositivos no funcionan, las mujeres no van a querer que los mismos se impongan».

De la magnitud del problema también habla otra iniciativa propuesta por el Observatorio en aquella reunión del 27 de febrero: la puesta en marcha de una encuesta dirigida a los titulares de los órganos judiciales con competencias en materia de violencia sobre la mujer. Una iniciativa «que se desarrolló durante los meses de febrero y marzo» y de cuyo resultado está previsto informar al resto de las instituciones en la reunión del Pleno del Observatorio que se celebrará, previsiblemente, en octubre. Una prueba más de que, en contra de la versión de la ministra, el problema queda muy lejos de estar resuelto.

En esa reunión también se pondrán en conocimiento de todas las instituciones «las conclusiones que sobre las disfunciones advertidas en el sistema se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo y de las que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el 6 de mayo siguiente dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes».

Erice finaliza su carta confiando en que la información aportada sea de utilidad para una mayor protección y seguridad de las víctimas y reiterando «el firme y leal compromiso del Observatorio y del Consejo General del Poder Judicial en la lucha contra la violencia de género».