El catalanismo subvencionado por Armengol sale al rescate del Govern

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha admitido la petición de estas tres entidades afines al Govern balear y subvencionadas por el mismo, lo que complica la demanda de estos docentes al enfrentarse a cuatro demandados en vez de a uno. Aunque PLIS no se ha opuesto a esta ampliación, se queja de que tendrá que pleitear contra tres asociaciones que disponen de recursos económicos gracias a las subvenciones del Govern balear, que a su vez es el principal demandado. «Un círculo vicioso y perfecto», critica esta asociación que defiende la escuela como lugar de aprendizaje y no como medio de instrumentalización ideológica.

«El ciudadano, cuando decide pleitear contra la administración, está totalmente desasistido, no sólo tiene que costearse el pleito a sus expensas contra todo el poder de la administración, que cuenta con letrados experimentados y el presupuesto de los ciudadanos, sino que además debe pleitear contra asociaciones subvencionadas por la propia administración, que funcionan como brazos políticos de la misma», denuncia PLIS.

Asistida por los servicios jurídicos de Sociedad Civil Balear, la asociación interpuso un contencioso administrativo contra la Conselleria de Educación el pasado mes de diciembre para conseguir que los proyectos lingüísticos de todos los centros de Baleares incorporasen, como obliga el ordenamiento jurídico, el castellano como lengua vehicular de al menos el 25% del horario lectivo y en al menos una asignatura no lingüística troncal.

La asociación de profesores se queja de lo difícil que es batallar contra la administración pública, principalmente en lo relativo al derecho a recibir educación en castellano. Pone su denuncia como «un ejemplo clarísimo de cómo la administración goza de privilegios injustificados a la hora de dar cuenta de sus actuaciones».

La OCB, dedicada a promocionar y reivindicar el uso del catalán en las Islas, considera una «imposición» aplicar un 25% de clases en español y acusa a PLIS de promover «un conflicto que la comunidad educativa no merece» y convertir «los centros educativos en campos de batalla al servicio de su ideología extremista».

La entidad catalanista no ha parado de recibir múltiples subvenciones del Govern y demás administraciones en manos del pacto de izquierdas desde 2015 cuando Armengol recuperó las ayudas al catalán que el PP había suprimido. En 2017, la OCB reconoció a los 'Jordis' -Sánchez y Cuixart- con el premio Gabriel Alomar «por abrir el catalanismo a todas las luchas sociales». En 2010 otorgó el mismo galardón al magistrado de Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Gabriel Fiol, por su «valiosa aportación al mundo del derecho y de la lengua propia», ya que además de hablar en catalán en su profesión, «ha trabajado esforzadamente por facilitar un trato respetuoso con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, incluidos el de expresarse en catalán».

Según el STEI, el sindicato mayoritario de profesores de la escuela pública, considera que el recurso de PLIS «atenta contra los intereses de los docentes». Este sindicato, que «lucha por el derecho de autodeterminación de las Islas Baleares en la perspectiva de conseguir la plena soberanía nacional», formó parte activa de la marea verde que se movilizó contra la política lingüística del PP y promovió el absentismo promovió el absentismo escolar entre los alumnos en 2013 en contra el trilingüismo que intentó aplicar el PP. Además, hizo campaña a favor de los partidos de izquierda ante la convocatoria de las elecciones de 2015, usando canales internos y externos de información con sus afiliados para difundir propaganda electoral y pedir el voto abiertamente,

La Plataforma per la Llengua, que ha impulsado una campaña para que el catalán sea «la única lengua referencial en los centros de enseñanza de Baleares», pide a PLIS que «saque las garras de la comunidad educativa» y defiende que los centros educativos «tienen un papel clave» en el uso del catalán. Recientemente, el Consell de Mallorca, presidido por la socialista Catalina Cladera, dio 241.395 euros públicos a esta entidad, conocida por espiar a los niños en el patio en Cataluña para saber si hablan catalán y por delatar a los profesores universitarios que dan clase en castellano.