«La Generalitat ya está trabajando para echar atrás las sentencias vigentes del 25%»

Las asociaciones en defensa del bilingüismo y los padres, que tras luchar años en los tribunales lograron arañar esa proporción para sus hijos –hay un total de 47 alumnos con respaldo judicial para cursar más castellano– prefieren celebrar esta última parte del pronunciamiento del alto tribunal catalán; la que señala que tanto la ley como el decreto aprobados recientemente por el Govern para burlar la sentencia pueden no ajustarse al marco Constitucional. Saben, sin embargo, que esa normativa no está paralizada por el momento y podría aplicarse el curso próximo, lo que pondría en riesgo los derechos adquiridos para la educación de sus hijos.

Las familias ven con «preocupación» el freno a la ejecución del fallo del 25 por ciento, cuya aplicación se auguraba para el próximo curso. Respecto a la probabilidad de que puedan arrebatarles esa proporción ya concedida a sus hijos, algunos padres creen que «no está en riesgo».

Otros, sin embargo, dan fe de que sí e incluso avanzan que el Govern ya mueve hilos para quitarles ese derecho el curso que viene. La normativa aprobada por el Govern y sobre la que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional (TC), rechaza la aplicación de porcentajes en la enseñanza y el consejero del ramo Josep González-Cambray ya adelantó con firmeza su intención de eliminar de los proyectos lingüísticos toda cuota en la enseñanza de otras lenguas, refiriéndose en concreto a los alumnos que ya tienen reconocida esa cuota de español con medidas cautelares o sentencia firme.

Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), cuya hija tiene también un 25 por ciento de castellano reconocido por los tribunales, asegura en declaraciones a ABC que «la Generalitat ya está trabajando en conseguir echar atrás las sentencias y medidas cautelares del 25 por ciento que están vigentes. Yo personalmente avisé a la directora del centro de mi hija que, ante cualquier decisión no refrendada por un tribunal de retirar esa proporción, me dirigiría a los tribunales contra el departamento y contra el centro».

Losada confía en que el próximo curso no haya novedades en el centro en el que está escolarizada su hija, en el que los libros incluyen desde hace siete años el manual de Historia en castellano. Reconoce, no obstante, que «soy consciente de que estamos ahora en un limbo judicial, al que se une el ya perpetuo abandono de nuestro Gobierno».

Respecto a la paralización de la sentencia que impacta en la totalidad de las aulas de Cataluña, Losada no entiende que el Govern lo asuma como una victoria. «La Generalitat y sus socios consideran, sorprendentemente, que llevar la ley y el decreto ley sobre las lenguas al Constitucional es una victoria. Por lo visto, ahora no hay judialización» , dice la madre. A su entender, la solución a este impás la tiene el Gobierno de España. «Puede hacer lo que hasta ahora no ha hecho, defender la aplicación de la Constitución en Cataluña y proteger a sus ciudadanos de la arbitrariedad del Govern. Para nosotros la nueva situación es una decepción, pero no podemos quedarnos parados y ya estamos trabajando en el nuevo escenario, porque el objetivo no ha variado: conseguir una escuela en las dos lenguas oficiales», apunta.

Jordi López, otro de los padres que se encuentra en esta situación, considera que el nuevo pronunciamiento del TSJC «no evitará que acabe aplicándose la sentencia en todo el sistema». «Que se frene la sentencia no supone que todo esté perdido ni que puedan quitarnos el 25 por ciento». López considera que este nuevo escenario dibujado por la providencia del TSJC «no tiene porque afectar en nada a los padres que ya tenemos reconocido por los tribunales ese derecho para nuestros hijos». Si el Govern se atreve a arrebatarles el 25 por ciento, no lo tendrán fácil conmigo», advierte en declaraciones a este diario.

«Las sentencias deben cumplirse, eso es indiscutible», señala el padre, que el pasado mes de marzo obtuvo unas medidas cautelares del TSJC para que su hijo mayor, con necesidades educativas especiales y que cursa Educación Secundaria Obligatoria, tenga un poco más de castellano en sus clases. Otro hijo suyo escolarizado en Primaria también tiene el respaldo judicial para cursar más castellano. «No voy a permitir que atenten contra un derecho reconocido por los tribunales para mis hijos. Voy a luchar hasta el final», afirma. «Otra cosa, –precisa– es que me lo retirara un juez, entonces litigaría por la vía judicial para recuperarlo, pero no voy a consentir que una administración me lo quite por cuestiones meramente políticas».

Consuelo Santos, la primera madre a la que la Justicia concedió un 25 por ciento de castellano para sus hijos hace ya doce años –diciembre de 2010–, no entiende el triunfalismo del Govern y lamenta que el tema quede ahora en manos del Tribunal Constitucional.

«Por suerte. a mi hija ya no le queda más que dos años de enseñanza obligatoria y en su colegio hay una convivencia correcta entre las dos lenguas. Fuera del aula se expresa sin problema en castellano y entre los compañeros dentro del aula también. Lo siento por todos aquellos que han luchado por obtener una sentencia favorable a que se respete la enseñanza en castellano que han vuelto a la casilla de salida», dice la madre y apunta al PSC como «culpable» del retroceso en la lucha por defender el castellano en las aulas.

«En las próximas elecciones espero que tengan en cuenta que es gracias al PSC que el independentismo ha podido expulsar al castellano de las aulas catalanas. Si piensan que así van a conseguir mas catalán o parlantes están muy equivocados, esta imposición será la tumba del catalán·, asegura Consuelo.

Por último, Santos lamenta que la cuestión quede ahora en manos del TC. «Por desgracia, creo ahora todo queda en manos del Constitucional, qué todos sabemos que no es precisamente rápido en sus resoluciones.», añade. Respecto a la posibilidad de que la Generalitat acabe arrebatándole el 25 por ciento, lo tiene claro. «No permitiré bajo ningún concepto que se me quite un derecho reconocido por los tribunales», concluye.