Baleares sancionará hasta con 100.000 euros la discriminación «muy grave» del castellano

El partido de Santiago Abascal ha presentado este jueves el proyecto de ley en el Parlamento autonómico para la creación de este nuevo ente, que elimina la anterior Oficina de Derechos Lingüísticos del Gobierno de la socialista Francina Armengol y que, según Vox, «ha servido como instrumento de exclusión del castellano y la imposición lingüística».

La nueva Oficina se estrenará previsiblemente el próximo mes de enero, tras la aprobación de los presupuestos. El objetivo de su puesta en marcha es «defender la libertad lingüística y fomentar la protección y el uso tanto del castellano como de las modalidades lingüísticas de las distintas islas», después de «sufrir 30 años de una normativa pancatalanista y una imposición que dificultaba el uso de la lengua cooficial, el castellano», argumenta Vox.

Esta Oficina podrá actuar sobre el Gobierno de Baleares, los Consells insulares, los Ayuntamientos, el Parlamento autonómico, la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y a todos los organismos y entidades públicos de las Islas Baleares como, por ejemplo, la Sindicatura de Cuentas o la Agencia Tributaria de Baleares. También tendrá capacidad de actuación sobre la administración del Estado y la Administración de Justicia con sede en Baleares, además de todas las personas físicas y jurídicas -empresas- de naturaleza privada.

Su puesta en marcha es fruto del acuerdo de investidura firmado entre el PP y Vox, por el que la popular Marga Prohens gobierna en solitario con el apoyo externo de Vox. El partido de derecha radical no entró en el gobierno pero dirigirá esta nueva Oficina, que depende orgánicamente del Parlament, también presidido por Vox.

Al contrario que su predecesora, gestionada por el ala nacionalista del Pacto del Gobierno de Armengol, la nueva Oficina tendrá un régimen sancionador, con infracciones leves, graves y muy graves. Entre estas últimas, penadas con multas de 10.001 a 100.000 euros, se recogen hasta nueve supuestos casos. La gran mayoría vinculados a la obstrucción de la investigación del ente mediante, por ejemplo, la no entrega de la información requerida, la falsedad u ocultación documental, la remisión de información incompleta e inexacta o la filtración de información, siempre y cuando haya mala fe o intencionalidad, y derive en un perjuicio muy grave o sea causa de la paralización.

Entre las infracciones graves aparecen la inasistencia injustificada a una comparecencia requerida por la Oficina, no responder a las solicitudes o requerimientos efectuados por el ente, o varios casos similares a los muy graves pero con consecuencias de menor nivel.

Lo mismo sucede con las infracciones leves, que incluye por ejemplo, remitir información incompleta o no entregar información requerida, pero en este caso no derive en un perjuicio para la investigación. Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años; las graves a los tres y las leves al año. El plazo es el mismo para las sanciones impuestas.

Las funciones de la Oficina de Garantía de la Libertad lingüística abarcan desde recoger reclamaciones, sugerencias y consultas vinculadas al derecho a la libertad lingüística hasta promover el uso de las lenguas oficiales en Baleares atendiendo a las modalidades lingüísticas de las Islas.

También asesorará y formulará propuestas y recomendaciones de medidas normativas, y colaborará con otros entes de la administración de Baleares, investigará posibles casos de vulneración de derechos de libertad lingüística y elaborará informes para la creación o modificación de la normativa que afecte a los aspectos lingüísticos de Baleares.

En el preámbulo de la proposición de ley se expone que «30 años de normalización lingüística es un periodo más que razonable y suficiente para haber hecho efectiva la normalización» y que se «dificulte y se impida el uso del español» y se use la inmersión lingüística para «eliminar de facto» el castellano.