El ataque de ansiedad de una joven multada por el Govern balear: «Me piden 60.000 euros por un botellón al que nunca fui»

«Al salir, la Guardia Civil me paró en la pasarela, a mitad de camino entre el bar y el aparcamiento, y me pidió que me identificara para un control informativo». Un año y medio después, le acaba de llegar una notificación del Govern balear con una multa de 60.001 euros por supuestamente participar en un botellón al que dice que nunca asistió.

María —nombre ficticio— es una de los más de 200 personas multadas en la noche del 30 de julio de 2021 por el Ejecutivo autonómico por saltarse las restricciones que prohibían aglomeraciones y fiestas por la pandemia del Covid-19, con multas que van desde los 60.000 a 600.000 euros. Otros 114 jóvenes en Palma también recibieron la misma sanción por hacer una fiesta ilegal en un chalé de alquiler vacacional 15 días más tarde. En total, más de 20 millones de euros en multas que empiezan a notificarse a los interesados pasado un año.

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A María le llegó la notificación el pasado 20 de octubre en su domicilio familiar en Madrid, donde vive con sus padres. «Mi madre se llevó un gran susto y yo aún estoy en shock: ¡cómo voy a pagar 60.000 euros. ¿Quién gana 60.000 euros en este país?», critica esta madrileña de 30 años, abogada de profesión, sobre la elevada cuantía de la multa. La ve «desproporcionada» y opina que vulnera la tutela judicial efectiva.

María ha recurrido alegando que «en ningún momento» estuvo en el supuesto botellón. Acredita las facturas del restaurante y los movimientos de su tarjeta de crédito. Expone que iba con sus amigas y ninguna fue sancionada porque ellas salieron minutos antes del restaurante y no les pilló el control policial.

Denuncia que su propuesta de sanción recibida es «genérica»: pone que se resistió a identificarse y que se negó a coger el papel de sanción, cuando afirma que no se le informó de que iba a ser multada -«me dijeron que era un control informativo»- y facilitó sus datos por respeto a los cuerpos de seguridad del Estado. En cualquier caso, ve «sorprendente» que, según la Policía, ella y otras 200 personas que se encontraban en el lugar se negaran a dar sus datos.

María sufrió un ataque de ansiedad cuando le notificaron esta «desorbitada» multa. «Me tomé un Lexatin; no duermo bien desde entonces», asegura. La indignación no acaba ahí; el Ejecutivo balear — formado por PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més— le ofrece una reducción del 40% a cambio de que reconozca la responsabilidad y renuncie a presentar recursos posteriormente. «Un abuso y una barbaridad», advierte Francisco, abogado de María, que destaca el «afán recaudatorio» del Ejecutivo autonómico, y califica la sanción de «desproporcionada» por considerar un botellón una falta muy grave.

El jurista subraya, además, la «falta de ejemplaridad por parte de las autoridades baleares», que impusieron mano dura contra estos jóvenes mientras se saltaron sus propias restricciones sin consecuencias. Alude directamente a la presidenta del Gobierno balear, que fue pillada de copas de madrugada en el Hat Bar, cercano a su domicilio en el centro de Palma, más allá del horario de cierre permitido en octubre de 2021.

Sobre las dos de la madrugada, la policía local se personó en el local, que seguía abierto pese a las restricciones impuestas por el Ejecutivo balear con motivo de la pandemia. El dueño del bar alegó en el acta que no había cerrado porque estaba allí la presidenta con varios acompañantes. El Govern, tras negarlo en un primer momento, seguidamente lo reconoció y se excusó en que uno de los jefes de comunicación de Armengol se había desmayado y lo estaban acompañando en la puerta del local.

La presidenta se vio forzada a pedir disculpas por su comportamiento poco ejemplar, aunque a medias. Simplemente admitió que había trasladado de forma involuntaria «una imagen de relajación social» y «no adecuada». Pese a todo, no dimitió y el expediente de sanción se extravió oportunamente. Tampoco consta que el Ejecutivo autonómico se haya cobrado la multa de 750 euros al dueño del establecimiento, que cerró su negocio poco después del incidente.

Cinco meses después de su salida nocturna, la presidenta socialista reincidió al asistir a una comida junto con otras ocho personas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ibiza el mismo día que los bares y restaurantes de la isla abrían tímidamente sólo sus terrazas tras más de dos meses cerrados y con un máximo de cuatro personas por mesa. «Armengol se saltó sus propias restricciones, ¿quién la multa a ella?», se pregunta María.

El formulario del acta de denuncia, escrita en catalán, indica que los hechos sucedieron el 30 de julio en la playa Caval d'en Borràs, a las 21.05 horas, «delante del establecimiento Beso Beach». Señala con una equis que la infractora «incumplía las limitaciones en la celebración de reuniones y encuentros».

En castellano, el agente escribe: «Botellón de más de 200 personas sin respetar la distancia de seguridad, sin hacer uso de mascarillas, fumando, bebiendo, cantando y bailando sin cumplir la normativa Covid vigente. Se desaloja playa». La persona denunciada: «Notificación verbalmente. Rehúsa firmar».

Los agentes también señalan que el lugar «no presenta características especiales que faciliten el posible contagio».