Omella carga contra la 'ley trans': «La autodeterminación de género no tiene fundamento médico ni científico»

Para el presidente de los obispos, este planteamiento del Gobierno «supone transformar en ley el mero deseo de las personas, en muchos casos jóvenes en proceso de madurez, que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás».

El cardenal Omella ha criticado que «en este difícil contexto, en medio de la crisis económica y social que estamos viviendo, se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico, sin ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad».

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En ese sentido ha insistido en que «tanto la nueva Ley del aborto como la denominada 'ley trans' inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes, que están en un proceso vital de madurez».

También ha tenido palabras contra la Ley de Aborto, que ha enmarcado entre las «varias iniciativas legislativas que no ayudan a educar a los adolescentes y jóvenes en la belleza y en el sentido de la sexualidad y que, además, no potencian la responsabilidad de sus actos ni la valoración madura y sosegada sobre las consecuencias». «¿Por qué estas prisas? ¿Por qué este intervencionismo estatal», se ha preguntado el cardenal.

Para Omella el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo «refuerza el derecho del fuerte sobre el débil, cerrando los ojos a todos los avances de la ciencia que documentan que, en el seno de una mujer embarazada, existe una nueva vida distinta de la suya, que es preciso cuidar, acoger y defender».

En ese sentido ha reclamado a las administraciones públicas «un trato positivo a favor del no nacido y de su madre», que se concrete en «informar ampliamente a la mujer que acude a un centro sanitario ante un embarazo no deseado sobre las consecuencias de su decisión, sobre las ayudas que recibiría si siguiera adelante con el embarazo».

También ha pedido que se le informe sobre «las instituciones públicas y privadas que acompañan a las mujeres en este momento importante de sus vidas», en un claro apoyo a las organizaciones provida y las entidades eclesiales que centra en esta cuestión su labor.

Omella también ha criticado la actual «crispación política» que «no ayuda a resolver los problemas ni a ofrecer serenidad a la ciudadanía». «No hay voluntad de trabajo en común, a pesar de la insistencia en que el primer paso es la cooperación», lo que provoca que «las respuestas políticas se atasquen y no fluyan para encontrar soluciones a los graves problemas sociales».

Una «torpe estrategia del 'divide y vencerás'», ha añadido, que «puede beneficiar los intereses particulares de algunos, pero debe ser siempre superada en todos los ámbitos en favor de esa fraternidad tan necesaria en situaciones de dificultad». En un evidente tirón de orejas a los políticos, ha reivindicado que esta «es la hora de los hombres y mujeres de Estado que miran a largo plazo, de los que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato».

El presidente del Episcopado también ha dedicado buena parte de su discurso a criticar la situación económica de la sociedad española y las escasas iniciativas públicas para paliar los efectos de la crisis. «Queremos mirar el mundo desde los ojos del que sufre, del que se queda al margen, del que experimenta la soledad, del que no llega a final de mes, del que no puede recibir la asistencia que necesita, del que padece alguna enfermedad… Queremos, en definitiva, mirar con los ojos de Jesús», ha expresado Omella, en nombre de la Iglesia española.

«La precariedad y la incertidumbre están provocando que más de 13,1 millones de personas estén en riesgo de pobreza o exclusión en España», ha criticado el arzobispo de Barcelona. «Y si, a pesar de esta situación, se mantiene una cierta paz social es gracias a la familia que ya hizo de contrapeso en la crisis financiera del 2008», ha explicado Omella, que ha obviado cualquier referencia a las medidas del Gobierno en esta línea.

Entre los problemas, Omella también ha puesto el foco en «los precios del alquiler» que registran máximos históricos y que derivan en que «cuatro de cada diez inquilinos —7,4 millones de personas en España— destinan más del 40% de su sueldo al arrendamiento; es decir, están sobreendeudados». «¿No es el tema de la vivienda uno de los verdaderos problemas sociales que debe ser abordado?», se ha preguntado, en una velada alusión a los políticos a los que anteriormente había criticado su escasa capacidad de colaboración y trabajo por el bien común.

Abundando en esa idea, tras alabar el trabajo de Cáritas y de «miles de instituciones católicas al servicio de los que más sufren», ha denunciado que «no podemos dejar el drama del paro, la precariedad y la creciente pobreza exclusivamente bajo el amparo de las familias y de las iniciativas civiles y eclesiales».

Así, ha reclamado al Estado que agilice los trámites para las ayudas a «personas dependientes o en situaciones de necesidad». «La lenta y complicada burocracia no hace más que añadir sufrimiento», ha añadido.

Con datos del Observatorio de la Dependencia en España ha denunciado que a principios de este año «317.942 personas se encuentran en las listas pendientes de valoración o de recibir la prestación o servicio al que tiene derecho». En 2021 «fallecieron 46.300 en las listas de espera ni haber recibido ninguna atención», a las que habría que añadir las «más de 80.000» que fallecen cada año «sin recibir la atención paliativa que precisan», ha explicado.

«Una sociedad que no cuida a los más frágiles es una sociedad que está en vías de extinción», ha denunciado con firmeza. Por esa razón, Omella considera que «ha llegado el momento de acordar un gran pacto de rentas que permita a las familias superar con cierta dignidad este tiempo de travesía por el desierto».

Y en un nuevo llamamiento a la acción de los políticos ha reivindicado que «la crisis reclama acuerdos efectivos de los grandes partidos y de los agentes sociales para combatir la pobreza, para preservar y generar nuevos empleos y para garantizar la viabilidad de nuestro sistema de bienestar». «Tenemos referentes a los que mirar», ha concluido en una referencia directa a los Pactos de la Moncloa.

El nuncio, Bernardito Auza, aprovechó su intervención ante los obispos para, además de denunciar el «invierno demográfico» y la «necesidad de políticas que favorezcan a las familias», abordar temas intraeclesiales. Recordó la visita apostólica, prevista para enero y febrero de 2023, para «asegurar el futuro de los seminarios en España».

Más tarde, al tratar la cuestión de abusos en la Iglesia se valió de su escuela diplomática para dar un recado a los obispos. Auza les recordó que tienen a su disposición para estos asuntos al Tribunal de la Rota, que puede ayudarles «ya que posee aquellas notas que se exigen a la hora de aplicar el Derecho en estos procesos, como son la experiencia, calidad y pericia de sus miembros, su imparcialidad, su independencia, el debido respeto a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa, y demás garantías exigidas a todo proceso penal que se precie».

Auza no hizo referencia a ningún caso concreto, pero en la mente de los presentes se visualizó la reciente reapertura del caso Gaztelueta ordenada por el Papa y con un tribunal ‘ad hoc’ orquestado por Omella. Un organismo al que algunos sectores eclesiales han acusado de no respetar la presunción de inocencia del acusado y vulnerar garantías procesales al aplicarle, con retroactividad, una norma jurídica que le perjudica.