Asociaciones provida llevan al Parlamento Europeo la «imparcialidad» del Constitucional ante la ley del aborto

La medida es una de las propuestas de las entidades provida para «poner de manifiesto la presunta falta de la obligada imparcialidad de la sentencia de aprobación de la ampliación de la ley del aborto dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 9 de mayo». Además, también presentará «un escrito denunciando esta situación contraria al Estado de Derecho ante el Comisario de Justicia de la Unión Europea». Además, la agrupación también está realizando «trabajos jurídicos para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

La entidad había sentado un precedente en este sentido al presentar, el pasado 16 de marzo, antes de que el Constitucional tomara su decisión, un escrito de queja en el que ya advertía de los problemas legales que suponía que estos magistrados no se inhibieran en el debate. «Por primera vez en nuestra historia democrática, la sociedad civil presentó un escrito de queja ante nuestro más Alto Tribunal solicitando que los magistrados incursos en causas de recusación fuesen apartados de este procedimiento», ha explicado este martes el jurista y doctor en Derecho, Francisco La Moneda, en el acto en que se presentaron las medidas.

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Un escrito que nunca tuvo respuesta, y el Constitucional siguió adelante con el debate y la ratificación de la ley de plazos del aborto. «Es igualmente excepcional cómo esta sentencia ha afectado la imagen de imparcialidad del Tribunal», ha añadido La Moneda. El jurista también ha insistido en que las causas de recusación que alegaron en su escrito «no son políticas ni ideológicas, sino que responden a razones técnico jurídicas».

En ese sentido, hay que recordar que el hecho de que cuatro magistrados tuvieran una participación directa -antes de estar en el Constitucional- en los informes que se emitieron durante la tramitación de la norma sobre el aborto, en 2009, les obligaría por ley a apartarse de la decisión final en el Alto Tribunal.

Así, la contaminación habría afectado al propio presidente, Cándido Conde-Pumpido; al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, y a las magistradas Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, ex vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, sin embargo, no se inhibieron (aunque Espejel lo solicitó pero no se le autorizó) y su voto fue definitivo para la ratificación de la constitucionalidad de la ley.

Al acto, que se celebró en la Real Casa de Postas de Madrid, también asistió Federico Trillo, quien en 2010 encabezó el recurso de inconstitucionalidad que 70 diputados del PP presentaron ante el Tribunal por la ley del aborto. Además, intervinieron Benigno Blanco, jurista y exsecretario de Estado; Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y exmagistrado del Tribunal Supremo; José Luis Requero Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial hasta 2018; Josep Miró i Ardevoll, coordinador de la Asamblea por la Vida; y Jaime Mayor Oreja, iniciador de NEOS.