Cuatro magistrados del Constitucional, contaminados con el recurso del aborto de 2010

La contaminación afecta al propio presidente, Cándido Conde-Pumpido; al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, y a las magistradas Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, ex vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pumpido presidió como fiscal general del Estado el Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de ley. Tal fue su implicación que, junto con los fiscales de la asociación progresista UPF, secundó un texto distinto al de la mayoría avalando la ley y envió los dos informes al Ejecutivo. La decisión fue muy criticada entonces por la Asociación de Fiscales, que le acusó de generar una «polémica innecesaria» con ese informe paralelo y de poner en tela de juicio la esencia misma de este órgano democrático y representativo de los miembros de la carrera fiscal.

Respecto a Campo, el juez y extitular de Justicia era secretario de Estado con Francisco Caamaño como ministro durante la tramitación de la norma, que pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Este trámite es preceptivo en el caso de anteproyectos de ley y decretos legislativos antes de elevarlos al Consejo de Ministros.

De igual forma, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel participaron como vocales del CGPJ –la primera a propuesta del PSOE; la segunda, del PP–, en ese informe no vinculante pero sí obligatorio en el caso de anteproyectos de ley. Espejel llegó a redactar una enmienda a ese texto junto con el vocal Claro José Fernández en la que alertaban del «dudoso encaje constitucional» de la norma de Igualdad.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala en su apartado 13 que es causa de abstención o recusación de un magistrado haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales «haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o en otro relacionado con el mismo». Se trata del mismo precepto en el que se basó la nueva miembro del TC Laura Díez para pedir su abstención –avalada por el Pleno la semana pasada– en un procedimiento relacionado con el 25 por ciento de castellano en las aulas. Como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña avaló la constitucionalidad de esas normas. De igual forma, el Pleno también aceptó que el exministro Campo se apartara de los recursos relacionados con el voto erróneo del diputado Alberto Casero en la reforma laboral y del presentado por Vox contra la ley del «solo sí es sí», de la que Justicia fue coproponente.

Fuentes próximas a la presidencia del TC justifican su rechazo a solicitar su abstención basándose en el auto del Pleno de diciembre de 2021 (con el expresidente González-Trevijano recién aterrizado en el Tribunal) en el que se tumbaron las recusaciones planteadas por defensas del 'procés' contra tres de sus magistrados. En esa resolución se dijo que las opiniones anteriores de sus miembros no pueden ser un motivo para cuestionar su imparcialidad y que «la pluralidad de perspectivas jurídicas» en el Tribunal son «expresión de la idea de pluralismo político». Fuentes jurídicas consideran, sin embargo, que la vinculación directa de los aludidos con este asunto a través de informes trasciende el terreno de la opinión y que se trata de causas de abstención «de libro».

Los magistrados cuestionados

Cándido Conde-Pumpido

El ex fiscal general del Estado presidió el Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de ley. Junto con los vocales de la progresista UPF suscribió un texto alternativo al de la mayoría.

Juan Carlos Campo

Era secretario de Estado de Justicia durante la elaboración de la ley. Anteproyectos y reales decretos pasan por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios antes del Consejo de Ministros.

Inmaculada Montalbán

De octubre de 2008 a diciembre de 2013 fue vocal del CGPJ a propuesta del PSOE en el Congreso. El órgano de gobierno de los jueces emitió informe sobre el anteproyecto de ley del aborto.

Concepción Espejel

Vocal del CGPJ durante el mismo mandato de Montalbán, aunque en su caso propuesta por el PP, la juez redactó un informe alternativo al de la mayoría junto con el vocal Claro José Fernández.

El segundo argumento para rechazar apartarse es que hacerlo supondría dejar al tribunal sin quórum para resolver, pues el Pleno se quedaría con siete miembros cuando el mínimo son ocho. En cualquier caso, los magistrados tendrán que abordar el asunto tras las recusaciones promovidas por algunos de los diputados que interpusieron el recurso en 2010. Todo apunta a que se rechazarán por extemporáneas.