Alegría pide «prudencia» y no aclara si llevará al Constitucional las leyes del Govern para evitar el 25% de castellano

Así, los magistrados del TSJC paralizaron la ejecución forzosa de la sentencia de diciembre de 2020 del propio tribunal (y ratificada por el Supremo) que obliga a la Generalitat de Cataluña a extender el 25% de clases en ambas lenguas oficiales a todos los centros, hasta que el Constitucional se pronuncie, informa Daniel Tercero.

El TSJC, antes de tomar la decisión definitiva, ha dado un plazo de diez días para que den su opinión sobre el planteamiento de inconstitucionalidad las partes implicadas: la Generalitat, la Abogacía del Estado (en representación del Ministerio de Educación), la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y la Fiscalía.

Mientras le llega la providencia al Ministerio de Educación, Alegría pidió prudencia en una entrevista concedida a TVE, pero no aclaró qué hará. «Cuando llegue al Ministerio de Educación y la podamos valorar, la trasladaremos al TSJC. Con este tema hay que actuar con prudencia y que se nos permita conocer el contenido del mismo», ha explicado Alegría.

Sin embargo, Ana Losada, presidenta de la AEB señala que el ministerio de Educación «puede actuar desde ya como Gobierno de España que es: hay una administración que ha redactado una ley y un decreto ley que parece que es inconstitucional y puedes llevarlas al Constitucional y parar su ejecución, independientemente de lo que diga el TSJC». Losada señala que «al pararse la ejecución de las dos leyes del Govern, se aplicaría la sentencia a favor del 25 por ciento del castellano».