El perfil del abuso sexual en la infancia: niña, de 11 años y a cargo de su padre o padrastro

Entre los agresores, el perfil que más se repite dentro de ese 40% de parientes son el del propio padre, en primer lugar; y en segundo, la pareja de la madre.

Todos estos datos del informe de Save the Children 'Por una justicia a la altura de la infancia' llevan a la ONG defensora de la infancia a demandar que se activen los juzgados especializados en violencia sobre el menor en este país, dos años después de la aprobación de la Lopivi (Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia), la norma que se conoce como 'ley Rhodes' aprobada por el departamento de Ione Belarra y que urgió su implementación en un año. "Llegamos un año y pico tarde", ha dicho hoy en la presentación Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. Y para los responsables de Save «son solo la punta del iceberg, porque el 15% de los casos nunca llegan a denunciarse«. Aun así, el volumen de denuncias por casos de abuso sexual se ha disparado un 70% en la última década. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children, dice que todavía existe la creencia de que si hubiese abusos en nuestro entorno lo sabríamos, pero se evidencia que no es así. La ruptura del círculo del silencio para denunciar en estos casos es una barrera aún más alta, puesto que normalmente los abusos se dan en un entorno de confianza por parte de alguien que debe "cuidar" al niño y protegerlo, ha mantenido Perazzo.

En este estudio un 4% de las víctimas tenían alguna discapacidad, "una realidad que también es necesario visibilizar", ha dicho la responsable de Incidencia Social y Política.

A nivel judicial, reseña el estudio, se ha dilatado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. En un análisis similar de años precedentes (2019 y 2020) se concluía que el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años. Sin embargo, ahora (en las sentencias de 2021 y 2022) sólo el 23,5% lo ha hecho en ese intervalo, denuncia la ONG.

Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado. Sólo en el 24,9% de los casos se utilizó la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones. A menudo el proceso judicial se convierte en un "calvario", ha afirmado Perazzo.

Del total de cerca de fallos analizados 56 terminaron en la absolución del acusado y en 38 de estos casos fue por falta de pruebas. Si bien, desde Save The Children advierten de que el hecho de que en la mayoría de los casos haya condena "no quiere decir que el proceso haya estado a la altura de la infancia".

En el caso de Carmen, gaditana de Vejer de la Frontera, denunció a su abuelo por haber perpetrado abusos sexuales sobre ella durante cuatro años, entre los 10 y los 14. Carmen, que hoy se siente "liberada" tras aquel duro proceso, tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad. A sus 26 años, relata: «Durante el proceso yo me sentí muy acompañada por parte de mis padres y mis hermanas, pero por la justicia, no. A mí nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer... nada. Declaré, pero me sentí bajo presión».

Carmen lleva 8 años y medio esperando un juicio y dice que necesita "justicia para pasar página".

«Declaré, pero me sentí bajo mucha presión»

Carmen Corrales

Superviviente del abuso de su abuelo durante años

Save the Children condena que no se está desarrollando la ley que el Ministerio de Derechos Sociales aprobó en junio de 2021. Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia marcó que el Gobierno debía desarrollar una legislación específica y crear juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia, pero no se han puesto en marcha.

Uno de los aspectos básicos de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, para, dicen desde Save the Children, eliminar actuaciones innecesarias y evitar la revictimización de los jóvenes. «La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual», afirma Perazzo.

Según ha contado Carmen ante los medios, ella declaró cinco veces y siempre "eran sitios muy oscuros, con cámaras grabándote, haciéndote un montón de preguntas varias horas, te dejaban sola, en fin, lo que no debería vivir nunca una víctima". Ha criticado a un agente de la Guardia Civil de Barbate porque cuando con 17 años se animaron por fin a denunciar en el cuartel, con el tormento interior que había supuesto para ella contarlo a su hermana y de ahí que se enterasen sus padres, el uniformado le interrogó que "por qué había tardado tanto" en denunciar, que si "acababa de recordar los hechos".

Ambas responsables de la ONG han subrayado que en los colegios se detectan alrededor del 15% de los casos, pero el nivel de infradenuncia sigue siendo muy elevado.

Save the Children apuesta por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus («casa de los niños» en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria. El niño llega, ofrece su testimonio y ahí están todos los profesionales requeridos para el proceso. No lo repite y a veces su testimonio se incluye como prueba preconstituida.

Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Tarragona (que ha sido el proyecto piloto), otras comunidades autónomas como Andalucía, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino.

Del Moral ha lamentado que en la legislatura pasada ya se impulsaron tres proyectos de ley para reformar el sistema de justicia que eran una oportunidad para poder mejorar la atención a la infancia en la justicia española, pero han decaído.