Educación defiende una reforma que «no minusvalora» la lengua catalana

Se podría añadir que juristas tiene la Santa Madre Iglesia para saber quién lleva razón. Pero el otro hecho es que horas antes, nada más comenzar la Conferencia Sectorial, Irene Rigau , la consejera de Enseñanza de Cataluña, la abandonó alegando que el anteproyecto de la Lomce violaba el Estatuto catalán y la ley de Educación catalana, y era una agresión a todo el país, sencillamente inaceptable, algo que «ningún ministro se había atrevido a hacer desde 1978» .

Otro hecho incontestable de la cita de ayer es que los consejeros autonómicos han sido convocados a un nuevo nuevo encuentro el próximo 19 de diciembre. El motivo: la «disposición adicional trigésimo novena, sobre la lengua castellana y lengua vehicular de la enseñanza», había llegado a las consejerías anteayer, los consejeros no habían tenido tiempo de estudiarla en detalle y se había interpretado, a bote pronto, como un intento claro de blindar el castellano y lanzar un torpedo en la línea de flotación del sistema educativo catalán.

Según Wert, lo que se ha dicho sobre un ataque a la escuela catalana es «rotundamente falso» ; porque «ni se disminuye un ápice el uso del catalán -tal y como establecen las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo (TS)- ni se entra en ningún elemento de minusvaloración, y se establece paridad con la lengua castellana». El ministro defendió la legalidad de su texto señalando que «recoge literalmente la jurisprudencia del TC y del TS sobre la cuestión lingüística catalana. Por lo tanto, considera que las críticas pueden «obedecer a un designio político» y que «se quiera utilizar -el tema de las lenguas cooficiales- como una herramienta».

Al ministro le parece «francamente chocante» que la consejera Rigau por un lado haya objetado haber recibido muy tarde la documentación sobre las disposiciones relativas a las lenguas cooficiales, y al mismo tiempo haya anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que a su juicio el procedimiento debería ser el inverso. «Insisto, no estamos cambiando el modelo lingüístico» , sino «introduciendo disposiciones» para que se cumplan sentencias, subrayó.

José Ignacio Wert destacó que doce comunidades valoran la Lomce . Es decir, todas menos las comunidades catalana, vasca, canaria, asturiana y andaluza. El anteproyecto «no quita importancia a las lenguas cooficiales por no colocarlas entre las asignaturas troncales (las comunes a todo el territorio español), ya que a efectos de evaluación tendrán el mismo tratamiento que el castellano». El político destacó que «las lenguas cooficiales, que se incluirán entre las especialidades, no pueden ir en las troncales porque no son de aplicación en todo el territorio».

¿Y cómo se activará el apartado que recoge que las comunidades autónomas tendrán que pagar el colegio privado a los alumnos que no puedan seguir su enseñanza en castellano, si así lo deciden sus padres? Respuesta ministerial: cuando se acredite que en su municipio o zona limítrofe la programación anual de la administración educativa no lo contempla en la oferta pública y concertada .

Fuentes de Educación comentaron ayer a ABC que era muy improbable que ese punto, «el cheque escolar lingüístico», o sea, el pago a padres que quiere que sus hijos estudien en castellano, se refleje finalmente en la Lomce. En principio, los plazos se mantienen y, tras la reunión del 19 de diciembre y el visto bueno del Consejo del Estado, el anteproyecto de la Lomce irá de nuevo al Consejo de Ministros y de ahí al Congreso.

Una nota importante en medio de tanto lío lingüístico. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar , pidió a Wert que se incluya como principio en la reforma educativa «la libertad de elección de centro» . Fuentes madrileñas también destacaron que se habían atendido su petición sobre contrato de profesores nativos.