Educación anuncia un nuevo reglamento de conciertos para los colegios

El reglamento de conciertos, ha subrayado Wert, es «una pieza necesaria en el engranaje de la educación de este país. Somos conscientes, como lo son todos ustedes, de las dificultades que sobre todo en el terreno económico están planteadas en este momento, pero, a pesar de todo ello, vamos a trabajar con las asociaciones para que el reglamento sea una realidad en el plazo más breve posible».

La norma aún vigente, aunque con modificaciones, sobre los conciertos educativos es de 1985: el Real Decreto 2377/1985 , de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos.

Según estimaciones de las patronales de educación, mientras que el Estado financia el cien por cien de los colegios públicos, lo que el ministerio o las consejerías de Educación pagan a los concertados no cubre el 80 por ciento de los gastos . La diferencia la han de enjuagar los padres, que con sus impuestos financian también a los públicos. El caos que se crearía al Estado español si cerraran los colegios concertados sería total, porque el Estado no tendría capacidad para construir nuevos centros. El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol sostuvo abiertamente ayer que la enseñanza de Cataluña se «hundiría si no hubiera escuelas concertadas».

Manuel González Mateos, presidente de Concee, ha recordado hoy la disparidad de criterios para conciertos según las comunidades autónomas, lo que vulnera el principio de igualdad. González Mateos añadió que construir un colegio (suponiendo que el Estado aporte la parcela) cuesta entre doce y catorce millones de euros . Pocos empresarios están dispuestos a hacer un desembolso de ese estilo. Hay un problema añadido. Muchos colegios privados están cerrando o van a tener que cerrar porque los alumnos no pueden pagar los recibos, y las consejerías de Educación no les conceden el concierto amparándose en la normativa vigente.

Las Confederación Española de Centros de Enseñanza ( CECE ) y la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza ( FERE-CECA) , patronales mayoritarias del sector concertado, han solicitado al nuevo Gobierno que «redimensione» las redes de centros sostenidos con fondos públicos, tanto concertados como privados, en función de su demanda social, y establezca un marco normativo educativo «objetivo y homogéneo» para todas las comunidades autónomas con el fin de que «se coordinen entre sí». Señalan que el nuevo Gobierno deberá dotar de mayor autonomía a los centros y garantizar la libre elección, y asegurar el régimen de conciertos y su adecuada financiación «para acoger a todos los que nos elijan, especialmente a los más necesitados y excluidos ».

Según datos de la CECE, la Administración se gasta por cada alumno una media de 2.771 euros, mientras que en la pública desembolsa por cada estudiante 7.083 euros (datos de 2008). Los conciertos educativos suponen a las comunidades autónomas un ahorro anual de 2.350 millones de euros , afirma el presidente de CECE, Antonio Rodríguez Campra .

La Confederación Católica de Padres de Alumnos ( CONCAPA ) ha instado este año a las administraciones autonómicas a que no demoran el pago de los conciertos educativos. «Tanto la financiación de la educación pública como de la concertada -explica CONCAPA- se sostienen gracias a los impuestos que pagamos todos los españoles para poder tener derecho a que la educación obligatoria sea gratuita». Por lo tanto, «resulta altamente discriminatorio que, una vez más, la enseñanza concertada sea castigada con la demora de determinadas partidas del concierto », alerta CONCAPA.