Blanca, arropada por su familia, en su domicilio
Blanca, arropada por su familia, en su domicilio - DE SAN BERNARDO

Vetan a una joven con síndrome de Down en una comunidad de vecinos

Sus padres denuncian que no le dejen usar la piscina ni el ascensor «por su seguridad»

MadridActualizado:

Blanca Rodríguez Salvador es una joven de 16 años con síndrome de Down. El pasado agosto, tras volver de unas vacaciones familiares en Chiclana y Mallorca, se encontraba bañándose en la piscina de la urbanización donde reside en Boadilla del Monte (Madrid) cuando el presidente de la comunidad de vecinos pidió al socorrista que le dijera que saliera del agua «porque no podía estar sola». Así lo relata el padre de la menor, Sergio Rodríguez, a ABC: «El socorrista nos advirtió de lo que había pasado. Mi mujer fue a hablar con el presidente de la comunidad para decirle que eso no era correcto. Él le contestó que nuestra hija era disminuida y que se tenía que encargar de que no estuviera sola», cuenta.

El presidente se escudó en las normas de la piscina remitidas a los propietarios a principios de verano, en las que se prohibía la entrada a menores de 14 años solos, así como a «personas con necesidades especiales». Aseguró a los padres de esta joven que la medida era por su seguridad, una excusa que les irritó. «Si nosotros vemos que algo no es seguro para nuestra hija, somos los primeros que no le dejamos que lo haga», relata su padre.

Blanca sabe nadar muy bien. Es una de sus grandes aficiones, además de cantar. Durante sus vacaciones, se pasaba los días en el mar. Una de las cosas que más disfrutó fue de los paseos en barco, del que se bajaba continuamente para disfrutar del agua. En su día a día, lleva a cabo tareas cotidianas como bajar a hacer la compra, tal como explica a ABC. Tiene una agenda llena de actividades, entre las que se incluyen clases de cocina o de lectura. En el colegio, además, está aprendiendo a manejarse con el transporte público. Ya sabe llegar en metro desde su casa a varios puntos de Madrid.

«Siempre hemos intentado que sea lo más autónoma posible. Se mueve bien dentro de la comunidad y nunca ha tenido un problema», asegura su padre. Pero un borrador de los nuevos estatutos de la comunidad que llegó a todos los vecinos a principios de mes pretende ponerle un impedimento para seguir llevando a cabo su vida: la prohibición de utilizar el ascensor a personas con discapacidad que no vayan acompañadas. «Lo ha cogido infinidad de veces y sabe que si pasa algo hay que pulsar la alarma, como hacemos todos», relata el progenitor.

Blanca utilizando el ascensor del edificio
Blanca utilizando el ascensor del edificio - DE SAN BERNARDO

Down España ha denunciado la situación que, en palabras de su director, Agustín Matía, es «vergonzosa». Asegura que no se trata de «una realidad extendida», pero sí considera preocupante que continúen dándose estos casos, aunque tiene claro que lo que se necesita es «un cambio de mentalidad que asuma la independencia y la plenitud de derechos de las personas con discapacidad». No es la primera vez que personas con síndrome de Down tiene que enfrentarse a este tipo de situaciones. El pasado febrero, a Juliana Josefa Leal, una mujer de 49 años de Motilla del Palancar (Cuenca), la echaron de una charla comercial «para que no asustase a la gente». Algo parecido fue lo que vivieron un grupo de jóvenes de Lérida en abril de 2017, cuando al intentar acceder a un pub se les impidió el paso alegando una fiesta privada. Sin embargo, tras ver cómo otros grupos sí podían entrar pidieron una explicación, que terminó con el guardia de seguridad diciéndole a uno de los jóvenes: «No puedes entrar porque eres Down».

El pasado octubre, el Congreso dio el penúltimo paso —y este miércoles lo tramitará también el Senado— para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral y permitir que las personas con discapacidad intelectual puedan votar en las elecciones. El hecho de que puedan participar en los comicios y, como ha ocurrido en este caso, no puedan utilizar un ascensor o bañarse en una piscina es, para muchos, contradictorio. Jesús Martín, delegado de Derechos Humanos del Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), considera que se debe a que la sociedad sigue viendo a las personas con discapacidad como «seres sin decisión ni vida propia» y tacha esta actitud «completamente discriminatoria». «Me alegro de que esta familia no se haya callado porque hay muchos casos que ni las personas con discapacidad sabemos identificar porque forman parte de nuestro día a día», explica.