El Vaticano renuncia a la extradición de la «agente especial» del cardenal Becciu

El proceso es ya «inminente», según un comunicado de la Fiscalía, que espera que la acusada acuda voluntariamente al Tribunal del Vaticano.

La consejera de seguridad sarda, de 39 años, fue arrestada el pasado 13 de octubre en Milán por la policía italiana en cumplimiento de un mandato internacional de captura emitido por el Vaticano, que presentó posteriormente una solicitud de extradición.

Sin embargo, Cecilia Marogna fue puesta en libertad condicional a las dos semanas , en espera de la vista de su solicitud de extradición, celebrada este lunes pero limitada a constatar la renuncia del Vaticano.

Ya el pasado mes de octubre, sus abogados hicieron notar que los acuerdos internacionales suscritos entre los dos Estados prevén la extradición del Vaticano a Italia pero no el caso contrario . Señalaron igualmente que la legislación del Vaticano, bastante anticuada, incumple algunos requisitos europeos sobre garantías legales a los acusados.

La supuesta encargada de «diplomacia paralela» del Vaticano en rescates de rehenes y otros asuntos en África ha sido acusada de «apropiación de fondos que la Santa Sede le había asignado para fines institucionales». Las leyes del pequeño Estado equiparan a «funcionario» a toda persona que reciba un encargo, incluso aunque no sea empleada del Vaticano. Por eso no la acusan de estafa sino de «malversación cometida en complicidad con otros».

Los fiscales descubrieron que una parte de los 500.000 euros transferidos por la secretaría de Estado a las empresas de Cecilia Marogna en concepto de «fines humanitarios» fueron gastados en muebles caros y boutiques de lujo como Prada, Tod’s y Chanel. Eran fondos reservados de la Secretaría de Estado, que administraba el entonces arzobispo Giovanni Angelo Becciu, “número tres” del Vaticano hasta 2018.

El cardenal emérito -cesado como prefecto de la Congregación de los Santos y privado de sus derechos cardenalicios el 24 de septiembre- asegura que no es cómplice de ningún delito sino que ha sido «estafado» por su paisana de Cerdeña.

El caso de la «agente especial» sarda es paralelo a un escándalo financiero centrado en el uso caprichoso de unos 350 millones de euros de fondos reservados de la Secretaría de Estado para especulación inmobiliaria con edificios de lujo en Londres -incluidos los antiguos almacenes Harrods en Sloane Avenue-, a beneficio de una cadena de intermediarios «amigos» de los funcionarios encausados.

Entretanto, Francisco ha transferido los fondos reservados de todos los departamentos del Vaticano a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), supervisada a su vez por la Secretaría de Economía como organismo de control de gestión y balances.