El Vaticano prohíbe a todos los empleados aceptar regalos de más de 40 euros

Con la excepción de los empleados de nivel más bajo , las normas emanadas por el Papa exigen a todos los funcionarios declarar -en el momento del contrato y, después, cada dos años- que no han sido condenados ni están sujetos a procesos penales pendientes o investigaciones por corrupción, fraude, terrorismo, lavado de dinero, explotación de menores y evasión fiscal en otros países.

Deben declarar también el no tener -por sí mismos o por intermediarios- dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, ni en paraísos fiscales. Y declarar, además, que todas sus propiedades e ingresos provienen de actividades lícitas, así como el no tener participaciones o intereses en empresas que lleven a cabo actividades contrarias a la Doctrina Social de la Iglesia.

Las declaraciones serán depositadas en la Secretaría de Estado y la Secretaría de Economía, que se encargará de realizar las inspecciones necesarias . Quienes hayan mentido en esas declaraciones podrán ser despedidos y quedan sujetos a reclamación de daños y perjuicios por parte del Vaticano.

La última de las normas afecta a todos los empleados y no solo a los directivos: queda prohibido aceptar, por razón del cargo, «regalos o beneficios» por valor superior a los 40 euros, como se hace en los países que velan por la ética en la función pública.

Estas normas se añaden a las de mayo de 2020, destinadas a prevenir la corrupción en los contratos públicos . Su objetivo es asegurar que todas las personas que trabajan para la Santa Sede o el Estado del Vaticano actúen «según el principio de transparencia y en ausencia de cualquier conflicto de intereses», como señala el Papa en la carta apostólica que establece la nueva normativa.