El tripartito de Mallorca incumple su propio acuerdo para crear la comisión de expertos sobre los menores tutelados

El acuerdo adoptado ayer pretende dar cumplimiento a la moción conjunta presentada y aprobada por el PSOE, MÉS y Unidas Podemos en el pleno del pasado 13 de febrero en la que se instaba al Consell a poner en marcha una comisión de expertos en un plazo máximo de quince días. Sin embargo, el primer punto de los dos de que constaba esa moción no se ha respetado ahora, ya que dicho punto decía que el nuevo órgano debía nacer de forma «consensuada», requisito que no se ha cumplido. Por esa razón, el PP, Cs, el PI y Vox ya habían anunciado días atrás que habían decidido desvincularse de la comisión de expertos por su falta de «transparencia».

En el citado pleno del 13 de febrero en el Consell, el PP, Cs y el PI habían presentado una moción conjunta proponiendo crear una comisión de investigación en la institución insular sobre los menores tutelados víctimas de explotación sexual o de abusos. Dicha moción fue rechazada por el tripartito que preside la socialista Catalina Cladera, que presentó la moción alternativa ya indicada. En el primer punto de esa moción alternativa, que sólo contó con los votos a favor del PSOE, MÉS y Unidas Podemos, se señalaba: «El pleno del Consell de Mallorca insta al equipo de gobierno a presentar en el plazo de quince días una propuesta consensuada de una comisión de expertos».

Según se recogía también en el primer punto de la moción del tripartito, la nueva comisión de expertos debería evaluar los casos de explotación sexual de los menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y establecer propuestas de mejora que permitan combatir de la manera más eficaz posible la realidad social que supone esa lacra. Por lo que respecta al segundo punto de esa misma moción, en él se instaba al IMAS a que en el seno de su consejo rector «debata y rinda cuentas» sobre los hechos que han trascendido a la opinión pública en estos últimos meses. Cabe recordar, en ese contexto, que los primeros casos de explotación sexual de menores tutelados en Mallorca se habrían detectado en 2010, si bien se habrían incrementado a partir de 2015 de forma relevante.

La actual controversia política y social en torno a la explotación sexual de menores tutelados en Mallorca se inició el pasado mes de enero, cuando trascendió el caso de una niña de 13 años que se escapó de su centro de acogida en Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. Tras hacerse público ese caso, en enero trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. Desde entonces, los desencuentros entre el equipo de gobierno del Consell de Mallorca y los partidos de la oposición sobre cómo abordar esa situación desde el punto de vista político han sido constantes.

Esas diferencias han ido además en aumento a lo largo de la última semana. Así, el pasado lunes trascendió que la persona propuesta inicialmente por el tripartito para coordinar la mencionada comisión de expertos, el catedrático de Psicología Social Jorge Fernández del Valle, había renunciado finalmente a asumir dicho cargo . Su renuncia se produjo a raíz de las críticas que recibió el pasado fin de semana por parte del PP y de algunos medios. Dichas críticas estaban basadas en el hecho de que Fernández del Valle había colaborado con el Consell en 2008 y 2009 en la implantación de un sistema de evaluación de menores en acogida.

El pasado lunes se celebró, además, una reunión del consejo rector del IMAS, que es el organismo que gestiona los 30 centros de acogida que hay en Mallorca. El presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, le comunicó a la oposición cuál iba a ser en principio la composición de la nueva comisión de expertos, que estaría integrada por un coordinador y seis vocales. Según explicó De Juan a la oposición, los vocales serían propuestos por la Dirección Insular de Infancia (dos), la Universidad de las Islas Baleares (uno), la Federación de Entidades de Atención a la Infancia (uno) y los partidos con representación en el Consell (dos). De Juan también confirmó que una vez constituida la comisión, sus integrantes deberían emitir un informe en un plazo máximo de tres meses . Por último, añadió que, en cualquier caso, dicho informe podría ser tanto aprobado como desestimado por el consejo rector del IMAS.

En la citada reunión del consejo rector del IMAS, la diputada insular del PP Catalina Cirer defendió la idea de que tal vez podrían formar parte de la comisión de expertos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Fiscalía o de los ámbitos educativo y sanitario. Por su parte, la portavoz insular de Cs, Beatriz Camiña, expuso que se podría quizás incluir también en la comisión a algún representante del Gobierno balear , en concreto de la Consejería de Asuntos Sociales. El presidente del IMAS se mostró inicialmente receptivo a ambas propuestas, pero en el documento definitivo que se entregó el pasado martes en la Junta de Portavoces del Consell sobre la composición de la comisión de expertos no se recogía ninguna de las sugerencias hechas por la oposición un día antes.

Por las razones señaladas, los portavoces del PP, Cs y el PI en el Consell, Llorenç Galmés, Beatriz Camiña y Xisca Mora, anunciaron el miércoles que habían decidido desvincularse de la comisión de expertos. Asimismo, avanzaron que en el pleno de marzo presentarán de nuevo una moción conjunta solicitando la creación de una comisión de investigación sobre los menores tutelados. Posteriormente, este jueves, los portavoces del PSOE, MÉS y Unidas Podemos en el Consell, Andreu Alcover, Guillem Balboa y Magdalena Gelabert, pidieron que «se deje trabajar» a la comisión de expertos. En principio, el tripartito volverá a votar «no» a la nueva propuesta de crear una comisión de investigación.

En cualquier caso, la crisis política abierta en el Consell de Mallorca por los casos de explotación sexual infantil ha acabado por afectar también al Gobierno balear, a pesar de que la atención a los menores tutelados depende en exclusiva del Consell. El Govern, por su parte, sólo se ocupa de controlar los tres centros de internamiento que hay en Mallorca , para menores con antecedentes. Desde la oposición, se acusa a la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol, y a la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, de MÉS, de intentar «tapar» lo ocurrido, acusación que Armengol y Santiago rechazan.