Todas las comunidades menos las islas cerrarán por Semana Santa y San José, con el voto en contra de Madrid

Así, la Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Murcia, Madrid, Galicia, Extremadura y Melilla permanecerán cerradas entre los días 17 y 21 de marzo, y el resto de la Península hará lo mismo entre el 26 de marzo y 9 de abril. Durante estas fechas, la movilidad nocturna quedará limitada, como máximo entre las 23.00 y las 6.00 horas (aunque las regiones pueden adelantar el toque de queda). En las reuniones sociales en espacios públicos solo se permitirá un máximo de cuatro personas en el interior y seis al aire libre, y se prohíben los encuentros en domicilios entre no convivientes.

Todas las autonomías, salvo Madrid, que votó en contra y Cataluña, que se abstuvo, se posicionaron a favor del documento, según explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa. La Comunidad de Madrid, sin embargo, adelantó posteriormente que no cerrará en Semana Santa sino que aplicará las decisiones que crea «oportunas» sobre el cierre perimetral. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recalcó que el decreto del estado de alarma «deja bien claro» que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es la autoridad competente para adoptar estas medidas.

«La legislación a día de hoy, por lo que nos regimos, es a través del Real Decreto del estado de alarma donde se deja bien claro cuáles son las competencias a la hora de tomar las decisiones», apuntó Escudero en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial, para afirmar que «quien tiene la competencia en este caso es la presidenta de la Comunidad». «En principio, si la tendencia sigue con carácter descendente, las medidas que estamos adoptando creemos que son las acertadas y mientras que, desde el punto de vista epidemiológico y asistencial, sigan en ese descenso nosotros continuaremos con estas medidas », aclaró el consejero.

En este sentido, según avanzó Darias, el acuerdo se publicará hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que las comunidades autónomas deberán aplicarlo. «Va a tener, por tanto, forma ministerial y no tengo nada que decir más allá de que será de obligado cumplimiento », declaraba la ministra del ramo casi al mismo tiempo que el responsable de Sanidad en Madrid comunicaba su postura.

«Quiero agradecer el esfuerzo, compromiso y trabajo de todos los consejeros, el tono de las intervenciones y aportaciones que han hecho para conseguir este gran acuerdo, que significa un paso más en la cogobernanza, en seguir salvando vidas», destacó Darias. La socialista restaba así importancia a la oposición mostrada durante la reunión por parte de Madrid y la abstención de Cataluña, que se abstuvo según sus propias palabras, «porque no estaba presente en el momento de la votación».

En cambio, fuentes del gobierno catalán, según informa Àlex Gubern, lamentaban que el Ejecutivo «solo quiera actuar en época de vacaciones y durante el resto del año se lave las manos». «Una vez más interviene para pararle los pies a Madrid, pero por nada más».

Del mismo modo, la administración catalana mostró su disconformidad con la decisión de rebajar de seis a cuatro el número máximo de personas que pueden reunirse, al entender que el límite de seis, vigente desde la segunda ola, ha funcionado ligado al cierre perimetral de las comunidades.

Para las islas Canarias y Baleares, donde no se establecerá el cierre perimetral, aplican, sin embargo, las excepciones establecidas en el decreto del estado de alarma , según declaró Darias. A efectos prácticos, los residentes en la península solo podrán viajar hasta los archipiélagos, entre otros motivos, para realizarse pruebas médicas, volver al domicilio habitual o realizar exámenes. «Que no haya ninguna duda de que no es posible el turismo nacional», trató de justificar Darias. Tampoco tendrán ningún privilegio las personas ya vacunadas contra el coronavirus para poder viajar entre comunidades autónomas.

La titular de Sanidad quiso puntualizar que las medidas acordadas en el Interterritorial son de obligado cumplimiento, pero de mínimos. Así, si una comunidad autónoma quisiera endurecerlas por razones epidemiológicas podrá hacerlo, extremo que defiende, por ejemplo, País Vasco. Con las consecuencias de tercera ola aún planeando sobre la presión asistencial (este miércoles las UCI registraban una ocupación por pacientes con Covid-19 de 23%), el documento ahonda en la necesidad de no bajar la alerta durante las dos semanas previas a la Semana Santa y establece también que no se deben celebrar eventos masivos o que impliquen gran afluencia de personas.