El Senado aprueba la «ley Celaá», la norma educativa con menos diálogo de la Democracia

La Lomloe deroga así la Lomce -o «ley Wert»- aprobada por el Partido Popular en 2013. Desde su llegada al Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo que el objetivo de su nueva ley era derogar los aspectos más «lesivos» de la norma predecesora. Con la «ley Celaá» se recupera la LOE de los socialistas de 2006.

Se trata de la ley con menos diálogo de la Democracia: es la primera vez que un texto educativo legal no admite comparecencias de la comunidad educativa durante su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso ni en el Senado.

Al haber sido aprobada este miércoles sin modificaciones con respecto al texto que llegó del Congreso de los Diputados -es decir, sin que prosperara ninguna de las 646 enmiendas presentadas en el Senado-, la norma no ha de regresar a la Cámara Baja e irá directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente, antes del día 30. Entrará en vigor a los 20 días de su publicación.

Para arropar a la ministra de Educación en la votación del Senado, acudieron también los titulares de Transportes e Interior, José Luis Ábalos y Fernando Grande-Marlaska , respectivamente; y las vicepresidentas tercera y cuarta del Ejecutivo, Nadia Calviño y Teresa Ribera . Celaá se sentó en medio de las dos vicepresidentas en la bancada azul.

La «ley Celaá» pasa a la historia por ser el texto educativo que ataca a la concertada, desprecia el mérito y facilita la promoción, y pretende eliminar los centros de educación especial. Y, posiblemente, lo más polémico: elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza oficial del Estado, cesión que hizo a ERC a cambio de los Presupuestos. Este texto también ha sido duramente criticado incluso por partidos afines como Más Madrid por la rapidez con que fue tramitada en las Cortes. En el Senado ha estado menos de un mes.

En el Congreso se votaron, a un ritmo frenético, más de 1.000 enmiendas. El texto salió adelante en la Cámara Baja el pasado 19 de noviembre por 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Es decir, con un Congreso dividido y por la mínima .

La norma también generó división en la sociedad. La «ley Celaá» provocó la creación ex profeso de una organización para pedir su paralización: Más Plurales , detrás de la que están la concertada y la educación especial. Más Plurales está detrás de las dos grandes movilizaciones que sacaron a alrededor de un millón de personas a la calle, tanto el 22 de noviembre como el 20 de diciembre, según datos de la propia organización.

Esta nueva ley educativa llega tras la LOECE (1980); LODE (1985); LOGSE (1990); LOPEG (1995); LOCE (2004); LOE (2006) y LOMCE (2013). No se llegaron a aplicar ni la LOECE ni la LOCE.

Celaá llevó su proyecto al Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo de 2020. El texto, según dijo entonces la ministra, era el mismo que se aprobó en Consejo de Ministros el 15 de febrero de 2019 (sí se modificó pero no fueron cambios relevantes). Ese día, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocaba elecciones, por lo que quedó en papel mojado. Se disolvieron las Cortes y la tramitación parlamentaria del proyecto de ley educativa quedó suspendida . En marzo no fueron las elecciones, sino la llegada del coronavirus, lo que retrasó el avance de la tramitación de la ley, por la suspensión de la actividad en el Congreso. En ningún caso el anteproyecto pasó por el Consejo de Estado.

A la ley solo le quedaba en el Senado un trámite: su aprobación en el Pleno. Allí se debatieron y votaron los vetos a la ley (es decir, el rechazo al texto por completo), presentados por Grupo Mixto (UPN), Cs y PP. Todos fueron rechazados. El primero, por 150 «noes», 110 «síes» y dos abstenciones; el segundo por 150 «noes», 111 «síes» y 1 abstención. El del PP por 151 «noes», 110 «síes» y 1 abstención.

Posteriormente, se votaron las enmiendas y se intentó -aun sabiendo que las posibilidades de prosperar eran nulas -, que se aprobaran tanto estas como las enmiendas transaccionales (fruto del acuerdo de varios partidos), y que habían sido rechazadas el pasado viernes. El objetivo era modificar el texto para forzar así su regreso al Congreso, donde la norma estaba justa de votos. Y era precisamente esto lo que el Gobierno quería evitar. « Hay órdenes de Moncloa de que esta norma se apruebe hoy», lamentó un senador del PP.

Para intentar retrasar la tramitación de la ley, el PP y Cs elaboraron una estrategia «in extremis» con partidos tan distantes ideológicamente como Junts per Catalunya o Más Madrid, introduciendo un cambio «inocuo» ideológicamente en la norma (se propuso introducir la asignatura de Ética , además de Filosofía, Latín y Griego en 4º de la ESO, o Cultura Clásica en algún curso de 1º a 3º) con el que intentaban seducir al PNV, capaz de romper la mayoría simple para aprobar enmiendas y devolver la «ley Celaá» a la Cámara Baja.

En cualquier caso, el PSOE ya había transmitido a ABC, antes de la votación, que el texto «sale limpio; las enmiendas son malas» . y que si se les hubiera escapado algo, lo hubieran contemplado, pero que no era el caso.

La ministra, tras aprobarse la norma, compareció ante los medios y advirtió a las comunidades del PP que «el Ejecutivo y en último término el poder judicial sabrá cómo hacer que se cumplan». Y es que Madrid y Murcia aprobaron sus normas de admisión antes de tiempo para sortear la norma. El Comité de Dirección del PP respaldó plenamente la estrategia del partido para intentar desactivar la aplicación de la ley Celaá el próximo curso en aquellas comunidades donde gobiernan los populares.

En un intenso debate, el senador del PP Pablo Ruz acusó al PSOE de ser «destructores». «Esta ley desprecia todo lo bueno que sustenta a una nación justa y civilizada, ustedes son unos destructores». Un enérgico Jesús Vazquez, también del PP, dijo que la Lomloe «aniquila el derecho de las familias a actuar como familia, propicia la desigualdad y vulnera la equidad. ¿Conciben ustedes la libertad más allá de la suya para imponer lo que les venga en gana?».

Por su parte, Lorena Roldán , de Cs, calificó la ley de un «auténtico atropello, que ustedes han querido cometer además con nocturnidad y alevosía». Agregó que «por primera vez en la Democracia, el PSOE y sus socios han vetado las comparecencias para evitar que los expertos les dijeran a la cara lo que piensan de esta ley». También los acusó de vender «la educación de nuestros hijos por un puñado de votos con una enmienda que borra el español como lengua vehicular».

El PSOE ha respondido con fuerza, a través de José María Oleaga , que ha señalado, ante las críticas de que la ley impide la libertad de elección de los padres, que «es la "ley Wert" la que no permite decidir a los padres; son los centros los que dicen quién entra y quién no». Respecto al castellano, preguntó a la Cámara si había alguien que pensaba que el castellano está en peligro en nuestro país, lo que arrancó los aplausos de sus compañeros de partido y los abucheos de la oposición.

La senadora de Junts per Catalunya Assumpció Castellví anunció que su partido se iba a a abstener porque, si bien quieren derogar la Lomce, a su juicio la Lomloe tiene dos líneas rojas; una relacionada con la escasa, a su juicio, defensa del catalán: «La ley no blinda al catalán». Por otro lado, criticó el ataque a la concertada que hace la norma: «Se pone en riesgo un pilar fundamental de nuestro sistema educativo: la cooperación entre la iniciativa pública y la privada concertada».

Una de las comparecencias más esperadas fue la de Rosa María Peral , del PNV, partido que era capaz de romper con la mayoría que sacó adelante la norma (de ahí que el PP intentara convencerlos con las enmiendas pactadas con Junts o Más Madrid). Curiosamente, este partido no intervino, teniendo la posibilidad, el pasado viernes en la Comisión de Educación, algo que indignó al PP.

Peral dijo que «la Lomloe reconoce la libertad de enseñanza, no arrincona a la educación especial porque promueve la mejora de este alumnado, no deja de lado la exclencia y no excluye al castellano. Nos da la oportunidad de seguir avanzando porque hay un reconocimiento expreso de una lengua oficial propia en las comunidades donde el estatuto lo reconoce». Añadió que « estamos para defender los intereses de la sociedad vasca y no vamos a perder la oportunidad de derogar la Lomce».

Adelina Escandell , de ERC -que dejó claro ya en la Ponencia de la semana pasada que también apoyaría la norma-, acusó al PP de ser «nostálgicos del pasado franquista». Mireia Cortés , también de ERC, se refirió al TSJC -que acaba de hacer pública una sentencia que obliga a la Generalitat a impartir al menos el 25% de las clases en castellano- como «tribunal de fachas».

El senador de VOX José Manuel Marín dijo, aludiendo al PSOE, que los españoles estamos asistiendo a un silenciamiento dramático tanto del papel de la familia como de los padres con respecto a los hijos, y viceversa. «Está claro que este silenciamiento es porque esta declaración del artículo 27.3 de la Constitución supone el verdadero obstáculo para que puedan prosperar sus pretensiones totalitarias y sectarias», ha añadido.

Además, ha aclarado que Vox no quiere prohibir que se hable catalán, euskera o gallego: « Nos parece que es una riqueza cultural de España ; lo que queremos es que las familias que tienen como primera lengua el español reciban clases en su lengua materna, y no en una lengua impostada para construir una patria artificial».