José Ignacio Wert: «La exclusión del castellano en la "ley Celaá" hará sentir a los alumnos catalanes que España no es su país»

El PSOE ha repetido por activa y por pasiva, tanto en el Congreso como en el Senado, a la hora de defender la “ley Celaá,” que es necesaria para derogar la Lomce. ¿Qué opina de estas afirmaciones?

Todo lo que se ha venido diciendo para elaborar una nueva ley en reemplazo de la Lomce es radical y absolutamente falso. No hay un solo indicador objetivo de rendimiento del sistema educativo, de rendimiento de los alumnos, de resultados, por ejemplo, en titulación, progresión o tasas de gradudación... que con la Lomce se haya deteriorado. Pero hay uno, el más importante, que mejoró mucho y que es el abandono educativo temprano . Mejoró porque se tomaro una una serie de decisione que eliminaron algunas de las causas que lo producían. Sí se puede decir que la Lomce no ha producido los efectos beneficiosos que hubiera podido genrar si no se hubiera parado su aplicación.

Sus detractores dicen que es una ley que segrega…

Es una de las afirmaciones que más asombro me producen. ¿Qué quiere decir que segrega? Lo que segrega es el abandono educativo porque es una segregación dual, es decir, entre los que avanzan y los que no. Cuando ha habido una disminución del abandono educativo temprano, prácticamente de un 24 por ciento entre 2011 y 2015, decir que el resultado de ley es un aumento de la segrgación es un insulto a la inteligencia.

¿Qué cosas ve negativas de su ley?

Bueno, eso sería un poco masoquista…

U objetivo...

Ninguna ley es perfecta y, pos supuesto, la Lomce tampoco. Creo que tiene cosas que se podrían haber hecho de otra forma, fundamentalmente en la ordenación académica. El problema, y que no mejora en absoluto la Lomloe, es que es excesivamente reglamentista, es decir, desciende al detalle. Y luego, en su desarrollo, se nota la herencia de un tiempo en el que el sistema educativo respondía a patrones más rígidos y quizás eso se podría haber hecho mejor. Pero en las orientaciones fundamentales, es decir, la relacion entre lo que perseguía la ley y lo que contiene la misma, está muy bien encaminada. No ha producido ninguno de esos efectos deletéreos que se le atribuyen pero, además, no ha podido producir todos sus efectos beneficiosos porque se produjo una decisión, que me parece que ha sido muy perjudicial, que es la paralización de un elemento esencial como eran las evaluaciones (reválidas)

Si tuviera a Isabel Celaá delante a tres días de reemplazarse su ley por la suya, ¿qué le diría?

A mi se me desagradó mucho que la Lomce quedara en el imaginario social como “ley Wert” y me imagino que a Isabel Celaá le pasará lo mismo con la Lomloe. Le diría a Celaá que no se ha hecho una cosa razonable; no es que no se puede revisar la ley, lo que no se puede hacer es volver a la situación de una norma anterior que no había dado resultados (la "ley Celaá" recupera la LOE socialista). Y después, en la tramitación parlamentaria el PSOE ha accedido a todas esas las pretensiones de una serie de grupos cuya visión de la educacion y cuya visión de España no coincide con el ideario clásico del PSOE convirtiendo una ley innecesaria y no beneficiosa en una ley extraordinariamente perniciosa .

Se ha criticado de la “ley Celaá” las prisas con que fue tramitada en las Cortes. El pasado viernes, un senador dijo en la Comisión de Educación que en su vida parlamentaria jamás había vivido algo así...

Si se compara la tramitación preparlamentaria, en la que hubo casi 100 comparecencias con esta en la que no ha habido ni una, ya hay diferencias apreciables. La tramitación parlamentaria, no es que sea cuestión de apresuramiento, desde el punto de vista del derecho parlamentario, es una vergüenza. Se han utilizado las mayorías que se han construido en esta legislatura, es decir, con todo el que pasara por allí que estuviera dispuesto a chalanear o cambiar una cosa por otra y se ha hecho pasar la ley en las dos cámaras a ritmo de carrera. Se ha hurtado, literalmente, al conocimiento de la Cámara Alta, una ley cardinal del sistema. Se ha tomado a broma el papel de segunda lectura que tiene el Senado. ¿Y por qué se ha hecho eso? ¿Porque había una especial urgencia en aprobar la ley? No, si no porque aquí se ha producido un pacto mediante el cual se condiciona la introducción de determinadas medidas, todas ellas a mi juicio, graves para el sistema educativo, al apoyo de una serie de grupos independentistas, antisistemas y, en todo caso, sostenedores de una idea de la educación que no coinciden para nada con el PSOE. Se ha aceptado utilizar la educación como elemento de puja en una subasta para aprobar los Presupuestos. Y eso sí que me parece, desde el punto de vista político, de una gravedad extraordinaria.

¿Qué es lo peor de la “ley Celaá”?

Sobre la concertada había una voluntad clara y, a mi juicio, incomprensible, porque el invento de la doble red de educación tiene lugar en Espsaña en los años de Felipe González, osea que es una construcción política en la que participa el PSOE. En el borrador original de la "ley Celaá" (el del PSOE) ya había cortapsisas a la concertada, por ejemplo, la eliminación de la demanda social , pero ahora el texto es mucho peor. Ya no se trata de no dar facilidades a una expansión de la concertada que, por otro lado, no se estaba produciendo porque el reparto del alumnado entre la pública y la conertada viene siendo estable desde hace muchos años y eso quiere decir que respondía a la demanda de la sociedad, es decir, la parte de la sociedad que quería que sus hijos se educaran en la concertada encontraba en esta esos recursos, y quienes querían hacerlo en la pública también lo podían hacer.

Ahora es peor, porque se mandata a las administraciones educativas a crear plazas públicas de forma preventiva para evitar que se creen concertadas . Y esto en un contexto demográfico con el que tenemos, en el que las entradas al sistema educativo van a hacer cada vez menos numerosas porque la natalidad se está contrayendo. Se intenta evitar crear plazas concertadas por una vía autoritaria y contraria a los deseos de aquella parte de la sociedad que quiere que sus hijos se eduquen en la concertada, lo que responde a un modelo de ingeniería social que no es el del PSOE . Lo peor que tiene esta ley es que desautoriza o desmiente lo que de más positivo tenía la educación que se crea en España en los año 80 y 90, con el que hay cosas que no estoy de acuerdo, pero estoy mucho menos de acuerdo con este retroceso hacia una concepción arcaica de la educación pública que va a tener muy malas consecuencias . Esta idea de que lo que es progresista es reforzar el lado público y limitar las posibilidades de elección, en realidad es bastante poco progresista porque a partir de las limitacioes que se ponen a la concertada, solo los que van a un centro privado podrán elegir, y eso es una política que va contra la equidad.

¿Y la eliminación del castellano como lengua vehicular ne la "ley Celaá" no le parece también grave?

El tema del castellano es de una gravedad enorme. Ya estoy viendo con alarma que responsables del Partido Socialista de Cataluña (PSC) se apuntan a la teoría de que la reciente sentencia del TSJC a favor del castellano no tiene por qué aplicarse una vez que entre en vigor la Lomloe; es muy inquietante. El columnista de ABC, Ignacio Camacho, hacía una previsión de la sentencia, que espero que por una vez se equivoque, y decía que no va a servir para nada porque si el Gobierno no pone los medios para hacerla cumplir pasará lo que ha pasado con otras sentencias aplicadas a casos concretos de padres que pedían más castellano y que no se cumplían.

¿El hecho de ser una sentencia histórica puede hacer que las cosas cambien y esta vez sí se respete?

Aquí hay una diferencia importante. El TSJC reconoce la condición residual del castellano . Cuando tomamos la decisión de intar a la Abogacía del Estado a presentar este recurso en abril de 2015 (el desencadenante fueron las órdenes de inscripción de la Consejería que suprimían las casillas del castellano), pensamos que era importante conseguir un pronunciamiento jurídico que, con carácter general y no respondiendo a peticiones concretas de familias de alumnos, estableciera la necesidad de utilizar el castellano como lengua vehicular en una determinada proporción.

Desde ese punto de vista, la sentencia va bastante más allá del amparo que le da la disposición adicional trigésimo octava (la contenida en la Lomce y la que modifica la “ley Celaá” eliminando la mención al castellano como lengua vehicular). ¿Por qué? Porque lo vincula a una interpretación de la jurisprudencia constitucional, concretamente al fundamento jurídico vigésimo cuarto de la sentencia de 2010 que resuelve el recurso del PP sobre el Estatut de 2006, en el cual se dice que la única forma de aceptar lo que se dice en el mencionado Estatut y posteriormente en la ley de educación catalana sobre el uso del catalán como lengua vehicular, solo es conforme a la Constitución si no impide que también el castellano sea vehicular . Por eso me parece importante que la sentencia del TSJC lo vincule a esa interpretación del Tribunal Constitucional (TC). Así, esta sentencia va a pasar por el Supremo y si este la ratifica pasará por el TC. Es muy importante que lo que dice esta sentencia acabe todo el tránsito de recursos que pueda tener y que a patir de ahí se haga cumplir. Pero para eso hará falta que el Gobierno ponga los medios para que se cumpla porque lo que está claro es que quien no los va a poner es la Generalitat .

El Ministerio de Educación fue preguntado por ABC qué haría si la Generalitat no cumple la sentencia y dijeron que no tenían nada que decir y que, en todo caso, la Lomloe ya «garantiza plenamente» la enseñanza de castellano y establece que las administraciones han de adoptar medidas «para compensar las carencias que puedan existir en cualquiera de las lenguas»...

La lógica que ha llevado a suprimir de la ley la condición vehicular del castellano anticipa una actitud completamente omisiva del Estado respecto a las violaciones de un mandato que se ha eliminado de la ley. Lo que creo que no hace esa actitud omisiva es impedir la constitucionalidad y la obligación de cumplimiento del mandato de que exista una presencia no residual del castellano en todos los sistemas. Que el Gobierno se va a desentender de la sentencia del TSJC porque hay un pacto con ERC de mantener la inmersión será muy lamentable pero es la pista a la que apunta con lo que se ha hecho con la “ley Celaá”.

Lo que es más interesante de la sentencia y es la primera vez que en una sentencia se plantea esto, es algo que es de sentido común y lo que dice la Lomloe al respecto es una broma . Lo que el Gobierno está diciendo acerca de la Lomloe es: “No hace falta que el castellano sea declarado vehicular porque como hemos dicho que del sistema educativo tienen que salir con un conocimiento de la lengua castellana y de la lengua cooficial parecido, ya sabemos que con la inmersión lo consiguen”. Eso es una broma. Es decir, pensar que se puede adquirir un conocimiento preciso oral y escrito de una lengua que no tiene reconocida la condición vehicular de la enseñanza choca con el sentido común . La escuela es el lugar donde se aprende la lengua y si la lengua no se aprende allí se puede aprender en otros sitios, pero lo que no se puede decir es que el sistema educativo va a garantizar el conocimiento de una lengua que no se practica en dicho sistema.

Aquí se han usado dos trampas. Primero, decir que el sistema de inmersión era de éxito porque los catalanes salían con un conocimiento del castellano tan bueno o mejor que los de otras comunidades. Eso, como dijo Félix Ovejero, solo podria entenderse si los catalanes fueran portentosos y no necesitaran estudiar una lengua para conocerla a la perfección; o si no es verdad . Y no lo es porque no hay ninguna evaluación fuera de la propia que hace el sistema catalán que permita asegurar que el conocimiento del castellano. Y eso es una parte importante del problema, pero hay otra que lo es más: el valor simbólico y prepolítico que la exclusión del castellano tiene . Porque lo que a través de esa exclusión del castellano en la "ley Celaá" se está buscando es hacer sentir a los estudiantes catalanes que esa no es su lengua y si no lo es, que España no es su país. La exclusión del castellano no solo sirve al propósito de conseguir que se imponga lingüísticamente el catalán como lengua de uso y como lengua culta, sino hacer sentir que el castellano no es su lengua y si no lo es, la comunidad que declara como lengua oficial el castellano tampoco es su comunidad. Para mí resulta sorprendente que un partido que lleva en sus siglas el adjetivo de español se avenga a aceptar que la lengua común, que la Constitución en el artículo 3 declara como un derecho y como una obligación conocerla y usarla, pueda ser excluida del sistema educativo.

¿Por qué durante su mandato la Alta Inspección no actuó con mayor contundencia ante las incumplimientos de Cataluña en materia del castellano?

No quiero criticar a la Alta Inspección, porque me consta que hicieron todo lo que pudieron. Su problema es que tiene muy pocos recursos y hay que dotarla mejor . Lo que provocó que una pequeña parte de esa disposición adicional trigésimo octava de la Lomce fuera declarada inconstitucional fue que carece de la capacidad de tomar decisiones ejecutivas sobre el sistema. Y al final la Alta Inspección puede denunciar que se ha producido algo, pero si no tiene capacidad de imponer sus resoluciones -y no la tiene-… No diré que la función es inútil, porque transparenta los incumplimientos, pero se queda ahí. Es una contradicción: sabemos por un lado que la Generalitat no está cumpliendo determinadas normativas sobre, por ejemplo, ofertar una asignatura más, diferente del castellano, en castellano, cuando lo piden unas familias; la Generalitat responde con evasivas y la Alta Inspección lo denuncia.

Nosotros propusimos un procedimiento en el que la Alta Inspección, oída a la Generalitat, decretaba que no se estaba atendiendo esa demanda, y por el que la Generalitat tendría que pagar un colegio privado en el que el niño o la niña pudieran tener esa oportunidad. Pues esa parte fue declarada inconstitucional porque el Tribunal Constitucional decía que traspasaba las fronteras de la capacidad de la Alta Inspección, que nunca puede suplantar la gestión educativa, que corresponde a la Generalitat. Y no digo que jurídicamente no tuviera razón, pero es que la situación es muy paradójica: si el llamado a determinar que hay que corregir el incumplimiento de una normativa es el mismo que la está incumpliendo, las posibilidades de que se siga incumpliendo son bastante alta s. Y eso refleja lo que ha pasado en Cataluña; que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de un órgano similar determinaba que en determinado colegio se incumplía, cuando se cumplía la sentencia el niño ya estaba terminando la carrera.

¿Qué opina de la marea naranja que sale a la calle en contra de la Lomloe? En Navarra el gobierno regional intentó reducir el número de coches que podían salir en caravana....

Tienen todo el derecho a expresarse y a manifestarse. Que la escuela concertada, que los padres y que determinadas organizaciones se manifiesten en contra la «ley Celaá» me parece lo más normal. No entiendo que pueda ser criticado ni que se le pongan cortapisas porque acreditan hacer uso del derecho a la manifestación de forma pacífica, ordenada y compatible con las exigencias sanitarias.

¿Por qué en España el tema educativo está tan polarizado, a diferencia de otros países?

Todas las leyes han tenido un discurrir problemático; jamás se ha aprobado una ley educativa con el consenso, que había en cada momento, con el principal partido de la oposición. Ha habido cierta tendencia a hacer leyes de bloque, es decir, cuando gobernaba la centro-derecha salían los socialistas a la calle, cuando estos hacían las leyes no se contaba con el consenso del Partido Popular . El problema está en que se pone en primer plano una serie de cuestiones que tienen un carácter ideológico. Por otra parte, en los países de la UE el sentido en el que están marchando las políticas públicas en educación es el de ampliar la elección, no de restringirla. En Reino Unido se han producido muchas mejoras en los últimos 20 años y en las mismas han participado laboristas, conservadores, liberales democrátas... En los gobiernos de Tony Blair se fundan las primeras «academies», es decir, la sustitución de los colegios públicos gobernados por las autoridades locales por colegios patrocinados por un consejo, que podía ser una empresa, una entidad del tercer sector, un grupo de familias o un individuo...Hoy, después de gobiernos laboristas, de coalición (de Cameron y Clegg) o conservadores, se ha mantenido una línea de continuidad de tal suerte que hoy la mayoría de los colegios secundarios en Reino Unido son academias y los públicos son minorías. Los distintos partidos han entendido que era positivo dar más libertad de elección a la gente y que la educación pública progresa más si hay unos criterios de emulación entre distintos gestores de los colegios, que si hay un modelo único , las llamadas «modern comprehensive», gestionadas por las autoridades locales y que habían caído en rendimiento porque, al final, cuida más de las escuelas quien realmente tiene un interés personal en ello, que una autoridad municipal que está un poco lejos del problema.

Otro país que es bastante ejemplar es Holanda, donde hay una floración de colegios concertados que realmente están en el sistema trabajando en pie de igualdad con los públicos y cada vez tienen mayor tracción porque a la gente le gusta elegir. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con las llamadas «charter schools». También hay países con un sistema de colegios públicos muy arraigado, como es Francia, que no deja espacio más que para los privados.

De los que ha mencionado, ¿cuál es el mejor país a imitar?

Cada sistema está aclimatado a características culturales e históricas de un país y el «policy borrowing», es decir, tomar prestada la política de otra nación tiene que hacerse con mucho cuidado. Hay algunos países con sistemas excelentes donde predomina el componente público, como Estonia, que tiene un funcionamiento educativo mucho mejor que el de Finlandia aunque se le preste menos atención. En cambio, existen otros con muy buenos sistemas donde toda la gestión es privada, como Singapur o Hong Kong. Hay historiadores que dicen que tienden a tener muy buenos sistemas educativos aquellos países que han conseguido la independencia de forma trabajosa o reciente contra un vecino muy poderoso que les ha sojuzgado , y que en la educación han encontrado un elemento básico para la creación de país. Es decir, la construcción nacional, en tiempos modernos, se ha asociado al sistema educativo. De hecho, Estonia ha sido un país que formaba parte de la Unión Soviética y Finlandia tiene un siglo de independencia. Otro caso destacable es Singapur, un país pequeño pero que no tiene recursos naturales y que se ha convertido en un país próspero con comercio y tecnología gracias a la educación. Y eso fue fruto de un proyecto de educación nacional.

En el caso de los países grandes, si buscamos a los europes de mejor funcionamiento, está la ya mencionada Holanda y desde el punto de vista de la originalidad, Alemania.

¿Cómo se puede conjugar el derecho a la educación y la libertad de elección de forma correcta?

Se pueden garantizar unos estándares muy exigentes de equidad y mantener al mismo tiempo una capacidad de elección muy amplia. Cuando tienes información sobre el funcionamiento de los centros y sabes que el centro A está especializado en Matemáticas y el B no es tan bueno en esta materia pero es mejor en Lectura, haces una elección más informada, estás ejerciendo de forma rica tu derecho a la educación. Cuando suprimes las evaluaciones del alumnado, y también las del centro, o cuando dices que aquellas evaluaciones que permites no pueden servir para establecer calificaciones, lo que estás haciendo es un sistema ciego y que quienes tienen que tomar las decisiones lo hagan a ciegas. Esta filosofía que se presenta a sí misma como igualitaria es antiigualitaria porque cuanta menos información das sobre cómo funcionan los centros educativos, en realidad estás perjudicando a aquellos que no tienen forma de saberlo, mientras se favorece a los que tienen más recursos y pueden tomar las decisiones correctas. Esas son las debilidades fundamentales de la "ley Celaá" en lo que tiene de antimeritocrática, contraria al esfuerzo, contraria a la evaluación y por tanto, contraria a la evaluación de cuentas .

¿Qué opina de elevar la educación básica hasta los 18 años?

Me parece bien. El que toda la educación secundaria postboligatoria tenga la misma cobertura económica, para lo cual tiene que ser evidentemente considerada básica, es congruente con la situación actual porque hoy la verdad es que la enseñanza secundaria obligatoria no cubre el mínimo de equipamiento educativo necesario para insertarse en el mundo laboral. Sería bueno siempre y cuando no se altere el hecho de que hay que permanecer obligtoriamente hasta los 16 años. Obligar a permanecer en todos los casos hasta los 18 podría tener complicaciones.

Si se mira la experiencia de cuando la Logse elevó la educación obligatoria a los 16 años y se suprimió el camino aplicado en la Ley General Educación, el FP1 en el que se entraba con 14 años, el efecto fue el contrario al que buscaban. Se atascó una proporción de los alumnos fuera del camino único que se marcaba con la secundaria obligatoria hasta los 16 años.