Los fiscales alertan de la «desprotección, desamparo y abandono» de las víctimas de accidentes de tráfico

Vargas ha enseñado su sentido autocrítico para abogar por que las instituciones, empezando por las judiciales, hagan muchos más esfuerzos y coordinados para que ninguna víctima, un padre, una novia, un hijo se sienta «desasistido» tras la pérdida de un familiar o que sufran, ellos en carne propia, una lesión grave. 120.000 personas sufrieron las secuelas de un siniestro de tráfico el año pasado, 9.000 de ellos heridos graves, y 1.680 personas murieron en la carretera.

El volumen de accidentados y fallecidos es tan grande que el fiscal jefe de la Sala de Seguridad Vial del Ministerio público, así como todos los fiscales de las delegaciones territoriales de cada provincia reunidos hoy en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid, ha llamado a reformar dos leyes que no están siendo efectivas, ambas aprobadas en 2015: la reforma de los delitos imprudentes y del Baremo de Tráfico. Según Vargas, la situación ha empeorado y juega en contra de las víctimas tras la puesta en marcha de estas dos normativas.

En este sentido, ha reconocido que, tras diez años como fiscal coordinador, «muy poco» se ha avanzado en este sentido, convirtiendo a los afectados en «víctimas de segunda categoría», ya que la «delincuencia vial sigue devaluada». A esta devaluación ha contribuido que todos «sentimos que podemos ser quien provoca un accidente de tráfico»; que la sociedad todavía cree que las infracciones viarias son un tributo que se paga por el progreso tecnológico y no tienen suficiente gravedad para ser consideradas delictivas.

Por ello y sobre la reforma de los delitos imprudentes, Vargas ha alertado de que está generando una «despenalización en la práctica de la tutela penal y es que la infracción penal es algo privado». «Subyace ahí incluso una concepción criminológica de que este tipo de delincuencia es propia de gente honrada, y por tanto todos la podemos cometer y por tanto la devaluamos», ha argumentado.

Para contrarrestar esa opinión asentada entre la población, Vargas se ha hecho acompañar de Pilar . Su hijo Fernando quedó en coma a los 15 años el 30 de abril de 2015 por la imprudencia de «un delincuente», un conductor con una tasa de alcohol en sangre elevada que se saltó un stop y lo atropelló, y con antecedentes penales por el mismo comportamiento al volante. Fernando se recupera ahora día a día de sus graves secuelas de movilidad.

Al lado de Pilar, Ana González no podía dejar de sollozar toda la mañana. Durante la comparecencia ante los medios, Ana ha contado que perdió a su marido el 21 de octubre de 2013 por la imprudencia de un camionero que arrolló a su pareja que circulaba en una bicicleta y no lo auxilió. Pilar señala que aparte de su lucha contra un proceso que se ha derivado de la vía penal a la civil, por la imprudencia leve del conductor, la ley recoge que «un muerto no necesita socorro». Así que el dictamen por el momento para el camionero ha sido la libertad y para su marido, el féretro. Por este motivo, Ana ha iniciado una campaña en Change.org (#Porunaleyjusta) para pedir cambios legislativos en relación con la penalización de la omisión de socorro y el homicidio imprudente.

La Fiscalía de Seguridad Vial va a impulsar una instrucción a todos los policías municipales para que instruyan a las víctimas en cuanto sufran un accidente. «Porque el acceso al proceso penal, tras la aprobación del Estatuto de la Víctima, ha mejorado jurídicamente, pero en realidad no. No saben qué hacer, cuándo intervenir, qué escritos deben presentar... y encima durante el juicio solo piden ser escuchadas, pero muchas veces se les corta hasta el relato de su tragedia personal», ha lamentado Bartolomé Vargas.

Asimismo, el fiscal de Sala ha detallado que las víctimas «sólo están amparadas en el proceso penal, que ha disminuido indebidamente porque se archivan las causas». «Esto no puede ser. Son 1.680 muertos al año», ha incidido con un notable enfado el fiscal.

Respecto al Baremo de Tráfico, Vargas ha puesto de manifiesto que «introduce mejoras», pero al mismo tiempo es «complejo» y las víctimas lo desconocen, lo cual hace que «no pueden tomar sus decisiones». Además, según las palabras del fiscal coordinador, el Ministerio Fiscal está llevando a cabo un seguimiento del mismo y ha apuntado que las tablas que incluye la norma para realizar los cálculos «se fundamentan en unas bases técnicas» que no están publicadas ni aparecen en ninguna parte ni saben cómo cotejarlas, lo cual representa una «laguna importante» en esa reforma legal. Para el fiscal coordinador, las víctimas no hablan de tú a tú con las compañías aseguradoras durante el proceso, por lo que no se produce una negociación de las indemnizaciones en condiciones de igualdad.

Como daban constancia tanto Pilar como Ana, una víctima se enfrenta a un duro proceso tras sufrir un siniestro: sufre depresiones, desequilibrios emocionales y psicológicos, pérdida de empleo, etcétera. El fiscal ha criticado con dureza que una víctima sin recursos económicos aún se enfrenta a una «absoluta indefensión», ya que la precariedad económica pasa doble factura a estas personas.

Otro de los representantes del Ministerio Fiscal presentes en el acto, Diego Yebra , fiscal delegado territorial en Badajoz, también ha participado tras escuchar durante el juicio los testimonios de los padres que perdieron a sus hijos en el accidente de autobús de Castuera en mayo de 2014. Yebra ha pedido que se escuche a las víctimas , en procedimientos muy duros para ellos y que se alargan demasiado en el tiempo. Yebra ha denunciado, además, que la sociedad está «poco concienciada» con esta problemática y la legislación está ya «obsoleta».