Teresa Ribera
Teresa Ribera - EP

Ribera quiere que el Gobierno estudie la prohibición del glifosato

«A la vista de la documentación científica, hay que tomar una decisión con arreglo al principio de precaución y de protección de la salud de las personas y de los ecosistemas que sea la más recomendable», dijo la ministra de Transición Ecológica

Corresponsal en BerlínActualizado:

Una tercera sentencia en EE.UU. contra Monsanto, propiedad de la alemana Bayer, confirma la relación directa entre el uso del glifosato y la enfermedad del cáncer. Además de estipular una indemnización de más de dos mil millones de dólares, el fallo cuestiona la legislación que hasta ahora ha permitido el pesticida más usado del mundo. La ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ayer martes asistía en Berlín al Foro Petersberg sobre protección del clima, reconoció que «hay cuestiones relativas a contaminación por químicos en las que se va avanzando probablemente más despacio de lo que corresponde», sugiriendo la conveniencia de que el Gobierno se asesore técnicamente al respecto y tome medidas para proteger la salud de los ciudadanos.

Ribera evitó en sus declaraciones pronunciar la palabra «cáncer», pero insistió en los daños probados que el uso de este tipo de pesticidas produce a los ecosistemas. «Yo creo que corresponde aplicar el principio de prevención y lo cierto es que los informes publicados el año pasado y el anterior sobre la caída de polinizadores asociada al uso de pesticidas y herbicidas es muy alarmante, porque introduce cambios significativos en nuestros ecosistemas», señaló.

El más usado

El glifosato es el herbicida más utilizado en todo el mundo. Se empezó a comercializar en 1974 bajo el nombre de Roundup para el control de las malezas. Monsanto descubrió y patentó la molécula original del glifosato y mantuvo la patente en los EE.UU. hasta el año 2000. Hoy muchas otras empresas han registrado sus propios productos herbicidas a base de glifosato. En España hay más de 100 productos autorizados para la agricultura, silvicultura, jardinería y aplicación doméstica que lo contienen.

Durante años el glifosato estuvo clasificado en el grupo 4 de agentes probablemente no carcinógenos para humanos. En 2015, la situación cambió cuando la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, lo incluyó en el grupo 2A: «El agente (o mezcla) es probablemente carcinógeno para el hombre». Esta categoría se usa cuando existen pruebas limitadas de la carcinogenicidad en humanos y pruebas suficientes de la carcinogenicidad en experimentación animal y en ella se encuentran también, por ejemplo, la carne roja, el mate caliente, las lámparas bronceadoras, los gases de combustión de los automóviles o el trabajo por turnos que implica una interrupción en la normalidad de los patrones de sueño.

«Hay evidencia»

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y las agencias europeas Efsa (seguridad de los alimentos) y Echa (sustancias químicas) siguen manteniendo que el glifosato, cuando se utiliza según las indicaciones de la etiqueta, no supone un riesgo para la salud humana, el medio ambiente o los animales domésticos, pero en los tres juicios consecutivos celebrados en EE.UU., los tres jurados han estado de acuerdo en la capacidad de loby de Monsanto para influir en las calificaciones de esas dos instituciones y los peritos consultados han reconocido que la sustancia está directamente relacionada con el cáncer.

En este sentido, la ministra Ribera llama a ser «extremadamente prudentes» y recuerda que hay varios Ministerios implicados. «La tutela del uso de este tipo de productos químicos para agricultura y su compatibilidad con la salud la lleva fundamentalmente Agriculutra. En Medio Ambiente existía una unidad especializada en contaminación química y en el reglamento comunitario sobre estas cuestiones y tienen que trabajar de cerca con el Ministerio de Agricultura. Por ahora tenemos que ser prudentes, pero es obvio que hay evidencia científica en torno a las alertas a las que hay que prestar atención con respecto al uso de estos productos químicos y sus efectos, no solamente sobre la salud de las personas sino también sobre los ecosistemas», señaló.

Después de dos años de debates especialmente intensos, en 2017 los estados miembros de la Unión Europea decidieron renovar por cinco años la licencia del glifosato. La Comisión Europea justificó la decisión por el visto bueno de las agencias científicas ahora cuestionadas. El Gobierno francés, por su parte, adelantó la prohibición parcial a partir de 2021 y totalmente dentro de cinco años.

«A mí lo que me corresponde –apuntó Ribera– es evaluar a la vista de lo que dicen los expertos qué es lo que tenemos delante y propiciar que el Consejo de Ministros tome una decisión pertinente, pero evidentemente eso no lo puedo hacer sola, sino con Sanidad y Agricultura». «A la vista de la documentación científica, hay que tomar una decisión con arreglo al principio de precaución y de protección de la salud de las personas y de los ecosistemas que sea la más recomendable… Tendremos que ser exigentes y rigurosos al respecto».

Agricultores: «No hay alternativa»

Preguntado sobre el uso del glifosato en el campo español, el secretario de Agricultura de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Nacho Senovilla, fue ayer contundente: «Prohibirlo significaría un retroceso enorme, muchos productos no se producirían. Obligaría a eliminar la hierba como antiguamente, cosa que no se va a a hacer, que le quede claro a todo el mundo», informa Isabel Miranda.

Senovilla aseguró que si el sector es «competitivo» en algunas áreas se debe a que los agricultores tienen «las mismas herramientas, iguales que todos los demás países». Pero si eso cambiara, la agricultura dejaría de ser productiva. «No existen alternativas. Faltan al menos diez años para que se desarrolle otro herbicida con mínimas garantías», aseguró. Y ese tiempo lo pasaríamos sin alternativa.

«Desde Bilbao hasta Cádiz, llevamos 42 años usando glifosato», explicó el secretario de UPA, quien aseguró que en España «se usa bien»: está prohibido fumigarlo con avionetas (se hace a ras de suelo, ya sea mediante tractores o con mochilas), es obligatorio utilizar protección y, además, todo agricultor que quiera utilizarlo antes debe pasar por una formación.