La UE alcanza un acuerdo histórico para controlar a las grandes plataformas digitales como Google y Facebook

El principio de la nueva legislación, según el comunicado del Consejo, responde a la máxima de que «lo que es ilegal fuera de la red, debe ser igualmente ilegal en la red» y, en este sentido, «busca proteger el espacio digital contra la difusión de contenidos ilícitos y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios». En resumen, la legislación pretende que las grandes compañías como Google , Facebook o Amazon tengan que rendir cuentas por el comportamiento de sus algoritmos y ejecuten mejores prácticas de moderación de contenido. También se regula el procedimiento para que darse de baja de un servicio sea tan simple como suscribirse.

Después de este acuerdo entre los dos colegisladores, que ha necesitado de más de 16 horas de negociaciones en la recta final, el texto deberá ser finalizado a nivel técnico y verificado por juristas-lingüistas, antes de que tanto el Parlamento como el Consejo den su aprobación formal. Una vez completado este proceso, las normas comenzarán a aplicarse 15 meses después de su publicación, aunque se ha previsto un periodo más flexible para la adaptación de las pequeñas empresas, y la Comisión propone observar los posibles efectos económicos de estas reglas para esta tipología. Por el contrario, los gigantes de internet deberán cumplir con obligaciones más estrictas «en proporción con los importantes riesgos sociales que plantean al difundir contenido ilegal y dañino, incluida la desinformación», según el comunicado del Parlamento.

En torno a esta nueva ley se han planteado algunos debates sobre las posibles incidencias entre sus objetivos y los principios de la libertad de expresión en las plataformas de redes sociales. La Ley de Servicios Digitales prevé que las plataformas y los motores de búsqueda puedan ser penalizados con multas de hasta el 6% de su facturación anual mundial. En el caso de las plataformas en línea más grandes (con más de 45 millones de usuarios), la Comisión Europea tendrá el poder exclusivo para exigir el cumplimiento de esta ley.

En la mayor parte de su contenido, sin embargo, la legislación se refiere a la mejor protección de los consumidores. Los comercios en línea, por ejemplo, deberán ser legalmente responsables y garantizar que los consumidores puedan comprar productos o servicios seguros y que la información proporcionada por los comerciantes es cierta y legal. Las plataformas deberán informar mejor a los usuarios sobre cómo se les recomienda determinado contenido y demostrar que no lo hacen con menores de edad. La llamada publicidad dirigida está prohibida cuando se basa en datos que se consideran confidenciales y que están protegidos como la religión, la orientación sexual o la procedencia étnica del usuario. Para ello, las plataformas deberán aceptar someterse a una inspección anual por parte de un organismo independiente. En tiempos de crisis como una amenaza a la salud o la seguridad públicas, la Comisión puede requerir a las grandes plataformas que limiten la difusión de determinados contenidos por un periodo de hasta tres meses.