El PP pide la creación de un cuerpo de inspectores para controlar el 25% del castellano en las aulas catalanas

El texto señala que los funcionarios que formen parte de este cuerpo deberán « garantizar la neutralidad ideológica de los centros docentes , en los términos del artículo 27.3 de la Constitución española, para asegurar los principios y normas constitucionales con el objetivo de presentar a los centros educativos como lugares de aprendizaje libres de adoctrinamiento », señala el texto firmado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

La alta inspección educativa ( que corresponde al Estado ) ya existe en la actualidad (además de la inspección de cada comunidad) y se reguló por primera vez en el año 2002 en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Loce). Sin embargo, estas y las sucesivas leyes educativas solo desarrollaron las competencias de la alta inspección pero no entra a detallar sus facultades, actuaciones, relaciones con los poderes públicos, órganos que lo conforman o condiciones de acceso , entre otras cuestiones. El partido liderado por Feijóo propone esta norma tras las reiteradas negativas de la Generalitat de Cataluña a cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2020 que le obliga a impartir un 25 por ciento de castellano en las aulas de la comunidad.

De hecho, la pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó al Govern que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia y requirió a la Alta Inspección Educativa a «verificar el cumplimiento», informan Esther Armora y Anna Cabeza . Sin embargo, la posición del Gobierno central, hasta ahora, ha sido la de « respetar la independencia de la Justicia, la separación de poderes y los tiempos judiciales », respondieron en su día fuentes del ministerio a ABC pero no han ido más allá al respecto. En cuanto al papel de la alta inspección, fuentes de Educación señalaron a ABC que «se pondrá a la alta inspección a atender las peticiones del TSJC dentro de sus competencias y de la jurisprudencia existente». Las mismas fuentes no han querido dar « más detalles » sobre si los inspectores entrarán en las aulas.

Por otra parte, el texto del PP mantiene las competencias de la alta inspección que ya figuran en la 'ley Celaá', más conocida como Lomloe que le encomiendan, entre otras, «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos ». Sin embargo, recuperan el redactado de la Loce que agrega: « y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado ».

El texto del PP señala que los funcionarios de la alta inspección «gozarán de la consideración de autoridad pública a todos los efectos», que «podrá actuar de oficio, conforme a los planes de inspección establecidos, o por denuncia de particulares por presuntas infracciones » y que si se detectan hechos presuntamente constitutivos de delito, la alta inspección «podrá dar cuenta de ellos al Ministerio Fiscal».

Además, la alta inspección estará formada por el jefe de la alta inspección , que será nombrado por Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Educación; la secretaría técnica ; y la alta inspección de cada comunidad autónoma , liderada por la figura del alto inspector jefe.

Podrán ingresar en el cuerpo de la alta inspección los funcionarios con más de diez años de servicios efectivos; funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes también con más diez años de servicios efectivos de los que cinco deberán ser como director de un centro educativo público. También podrán entrar funcionarios del grupo A1 con diez años, al menos, de servicios efectivos en las administraciones educativas. La entrada al cuerpo se hará por concurso-oposición y constará de dos fases: en la primera se valorarán los méritos y, en la segunda se harán dos ejercicios.

Para la secretaria general del PP, «el debate de esta proposición de ley resulta especialmente oportuno y obligará al Gobierno y al PSOE a demostrar su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y de las resoluciones judiciales o si, también en este caso, prefiere hacer la vista gorda y debilitar a los órganos que deben velar por dicho cumplimiento con tal de satisfacer las demandas de los independentistas para continuar en La Moncloa».