Aumenta la presión lingüística: la Autónoma insta a los docentes a acreditar el catalán antes de junio de 2023

En una carta a la que ha tenido acceso ABC , los vicerrectorados de Personal Académico y Relaciones Institucionales de la UAB, instan a algunos profesores con contrato de permanencia que aún no les consta que hayan acreditado su conocimiento del catalán a que lo hagan antes de junio de 2023 «de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que accedió a su plaza permanente». Algunos docentes que llevan años ejerciendo sin certificar ese conocimiento ven en esta nueva carta remitida por la universidad « una vuelta de tuerca más de la Generalitat en su política de imposición de un sistema monolingüe en los campus».

La universidad recuerda a los docentes que el actual marco legal y normativo catalán ( Ley de Política Lingüística de 1998 y la Ley de Universidades de 2003 ) les concedía hace años el plazo de dos años tras acceder a la plaza para demostrar ese dominio de la lengua. En 2011, en virtud del Reglamento de Profesorado del centro, ese requisito se extendió a todo el profesorado permanente. La UAB admite en la misiva que cuando estos profesionales accedieron a la plaza ese requisito no se les recordó y que en 2019 «la Comisión de Personal Académico aprobó un plan para la regularización del seguimiento de la competencia en lengua catalana del profesorado permanente que ampliaba esos dos años de plazo inicial».

En su reclamación al profesorado permanente, el centro reconoce que con la pandemia y el episodio de ciberataque que vivió la universidad, ese seguimiento no se realizó e informa de que «ahora, con la recuperación de la normalidad, nos dirigimos a tú con la intención de reemprender el compromiso con el marco normativo y legal vigente».

Algunos profesores de la UAB a los que el centro ha remitido la carta, que accedieron a la plaza en 2011, comparan esta situación con la vivida hace 40 años cuando los docentes que no dominaban el catalán recibieron un telegrama de los Servicios Territoriales de la consejería de Enseñanza en el que se les indicaba que para poder ejercer debían acreditar el dominio de la lengua autonómica. Como consecuencia de esa exigencia hace cuatro décadas, según denuncian, «se produjo una depuración de maestros y muchos se vieron obligados a abandonar Cataluña», deuncian.

«El propósito nacionalista era el de que la escuela fuera únicamente en catalán, introduciéndose un sistema de inmersión que hacía imposible que quienes no dominaran el catalán pudieran ser maestros en Cataluña. La exigencia de la demostración de una competencia suficiente en esa lengua acabó imponiéndose también a los funcionarios que habían obtenido plaza en Cataluña, a los que, como puede verse, se les obligó a pedir concurso de traslado fuera de Cataluña. Miles de maestros abandonaron la Comunidad Autónoma y quedó el campo expedito para la ocupación del sistema educativo, uno de los objetivos principales del nacionalismo», denuncia en su blog el catedrático de Derecho Internacional Rafael Arena s .

El catedrático cree que esa carta recordatorio dirigida ahora al profesorado, que se enmarca en la ofensiva por parte del Govern para imponer el uso del catalán en la universidad -pretende que ocho de cada diez grados y másteres se impartan solo en lengua catalana- tiene como principal objetivo «reducir la presencia del español en la educación superior de Cataluña» . Arenas recuerda que, según datos de la Generalitat, en la actualidad en la universidad catalana un 73 por ciento de las asignaturas no pueden ser estudiadas en español ; mientras que un 70 por ciento de las materias sí pueden ser cursadas en catalán. «Pero lo que se exige a los profesores es que prueben un nivel avanzado de catalán», señala en su blog.

A juicio del catedrático, «la petición de acreditación de un nivel alto de catalán por parte del profesorado funcionario y permanente de las universidades públicas catalanas, con independencia de su legalidad, responde tan solo a una lógica nacionalista orientada a reducir la presencia del castellano en la universidad catalana y a cortar los vínculos entre nuestro sistema universitario y el del conjunto de España ». «Hace 40 años consiguieron su propósito en escuelas e institutos ante la pasividad del conjunto de España. Que no pase ahora lo mismo», concluye en su reflexión.

Por su parte, la plataforma Universitaris per la Convivència considera « inaudito que se despliegue esta presión lingüística sobre profesores que, aunque no tengan un certificado que acredite su nivel de catalán, es evidente que pueden desarrollar su labor perfectamente como lo evidencia el hecho de que en absoluto existan quejas por este motivo».

« Nuestras universidades tienen serios problemas y solo les falta perder a profesionales cualificados que no se van poner ahora a hacer cursillos y/o exámenes de catalán para satisfacer obsesiones identitarias », precisan a este diario desde la plataforma constitucionalista.

Por su parte, fuentes de la Universidad Autónoma consultadas por ABC se limitan a afirmar que « la universidad pondrá todas las herramientas al alcance de estos profesores para que puedan acreditar su conocimiento de la lengua catalana». No quiso, sin embargo, adelantar qué consecuencias podría tener no certificar ese conocimiento.