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La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recibido una demanda de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), par a frenar la vulneración de los derechos y libertades en el ámbito educativo en España, y podría recibir más en el mismo sentido de otras plataformas educativas, como «Más Plurales».

La petición de Concapa ya ha sido admitida a trámite, lo que supone que las instituciones europeas entienden que su debate está dentro de sus competencias. Cuando se registren otras en el mismo sentido, podrían debatirse en una misma sesión de la Comisión de Peticiones, donde el centro-derecha tiene mayoría, con Dolors Montserrat como presidenta.

En su solicitud, Concapa pide que se inste al Gobierno a la inmediata paralización de la tramitación de la ley de Educación , que se garantice el futuro de los centros de educación especial, que se asegure la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria y que se garantice la libertad de educación y la libertad religiosa.

La petición tiene ya más de 14.000 adhesiones, como destacan los promotores, lo que supone un impulso añadido a su causa. Cuando entró en el Parlamento se envió a la Comisión Europea para su primera evaluación, y se dio el visto bueno para su entrada en un próximo orden del día de la Comisión de Peticiones, si así lo decide la mayoría. La pandemia ha ralentizado todo el trabajo, por lo que ya no será posible que este asunto entre en diciembre, con el orden del día ya cerrado. Cuando se debata, los peticionarios podrán defender su posición en una sesión a la que asiste la Comisión Europea.

En esa sesión, los grupos podrían pedir una misión informativa al país aludido para conocer de primera mano la situación y poder impulsar las iniciativas correspondientes. También se podría solicitar a la Comisión Europea que se interese más por la cuestión. Es una manera directa de que las instituciones europeas se involucren si consideran que algunos derechos fundamentales están en riesgo.

En este contexto, la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha registrado dos preguntas con solicitud de respuesta por escrito dirigidas a la Comisión Europea: «¿Cómo piensa proceder para que España haga respetar los derechos de los niños castellanoparlantes en comunidades bilingües? ¿Piensa incluir el asunto de la discriminación por razones de lengua en el próximo informe sobre el cumplimiento del Estado de Derecho en España?»