El plan de «reescalada» del Gobierno prevé reservas estratégicas para dos meses y tres posibles escenarios

Las medidas del documento de 72 páginas, que aspira a ser aprobado el jueves pero aún debe recibir el visto buenos de las comunidades, serán de obligado cumplimiento para todo el territorio. Busca reforzar la capacidad de España para controlar y afrontar los brotes y, también, una posible segunda oleada. Consta de cinco capítulos y cinco anexos, y plantea medidas de refuerzo y seguimiento del sistema de salud , algunas de ellas ya en marcha, como la necesidad de tener un buen sistema de vigilancia o disponibilidad de recursos. También plantea la posibilidad de cierres preventivos de instalaciones, establecimientos, servicios e industrias. Pero, sobre todo, habla de « cogobernanza » y para ello le da una mayor importancia al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el órgano que reúne al Ministerio de Sanidad y a las 17 autonomías.

En este sentido, se plantea un sistema de respuesta a los rebrotes en tres fases. El primero, equivalente al escenario actual, para los brotes controlados o casos esporádicos, donde las comunidades son las únicas responsables de las medidas sanitarias. El segundo, el más novedoso, sería el que se adoptaría para brotes complejos o de transmisión comunitaria esporádica. Aquí el Ministerio podría obligar a las comunidades a tomar «acciones coordinadas» aprobadas en el Consejo Interterritorial si la transmisión afecta a varias comunidades. El tercero, el del estado de alarma, se contempla ante una transmisión descontrolada, aunque se espera no tener que llegar a él.

«En caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias comunidades autónomas, corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad, previo conocimiento del CISNS y con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad», dice el documento sobre el segundo escenario.

Así el Ministerio, en coordinación con las comunidades, podría decidir determinadas actuaciones cuando varias regiones colindantes no se pongan de acuerdo. Sería el caso, por ejemplo, de la celebración de una actividad o fiesta patronal en alguno de estos territorios. El Ministerio podría obligar a que se suspendieran o a que estos actos o fiestas se celebrasen siguiendo las mismas reglas , aunque fuentes gubernamentales insisten en que todas estas decisiones se tomarán siempre junto a las consejerías autonómicas. Además, en este escenario también se podrían decidir otras medidas como cierre de locales y comercios o restricciones de aforo, pero no se podrá establecer el confinamiento de comunidades enteras. Para llegar a este escenario sería necesario el estado de alarma.

Al margen de los escenarios, las comunidades deberán garantizar medidas de preparación y respuesta ante brotes con suficientes recursos humanos y materiales, planes de contingencia o un buen sistema de alerta precoz que funcione las 24 horas del día durante los 365 días del año, entre otras medidas. Sanidad, sin embargo, no pone cifras concretas a lo que sería necesario, ya que considera que la situación de cada territorio es diferente. Sin embargo, la mayoría de estas medidas ya están puestas en marcha y de lo que se trata ahora es de que se terminen de implementar o reforzar los sistemas puestos en marcha.

Para lo que sí hay una cifra concreta es para la reserva estratégica de fármacos y material del que deberán aprovisionarse las comunidades: será el equivalente al que consuman en dos meses de crisis sanitaria, para poder sortear el desabastecimiento en caso de que la situación se agrave. A esta reserva se añadirá otra puesta en marcha por Sanidad , que debe cubrir el 25% del consumo medio declarado por las comunidades durante dos meses en lo relativo a equipos de protección individual y productos sanitarios.