Piden 50 años de cárcel para la joven de El Salvador que fue violada y dio a luz a un feto muerto

Henández, que ahora tiene 21 años y procede de una zona rural empobrecida, dice que fue violada en 2016 y no se dio cuenta de que estaba embarazada hasta que se sintió mal en el trabajo, fue al baño y dio a luz a un feto muerto.

Tras perder el conocimiento, fue trasladada por su familia a un hospital público en Cojutepeque, al este de San Salvador, donde el personal médico la acusó de aborto y la entregó a las autoridades judiciales.

La joven fue condenada por homicidio agravado por inducir al aborto , una práctica penada por la nación centroamericana bajo cualquier circunstancia.

Hernández es una de las 147 mujeres que han sido condenadas a penas de hasta 40 años de prisión por partos extrahospitalarios entre los años 2000 y 2014, según ha datos de varias ONG de El Salvador, un país con una de las leyes más severas del mundo contra el aborto, incluso cuando la vida de la madre está en peligro.

Las duras sentencias han provocado no sólo la crítica de Naciones Unidas y de activistas y defensores de los Derechos Humanos, sino que han obligado a numerosas mujeres a recurrir a abortos clandestinos y a poner sus vidas peligro.

Según Hernández, que entonces estudiaba para ser enfermera y ahora es empleada doméstica, sintió fuertes deseos de ir al baño. Allí sufrió un desprendimiento unos nueve meses después de haberse quedado embarazada.

El neonato habría muerto de una «neumonía aspirativa», una complicación «natural» causada por la inhalación de sustancias tóxicas, aseguraron los forenses durante el juicio.

El aborto es un delito desde 1997 incluso en los casos de violación, enfermedad del feto o riesgo para la salud de la madre, supuestos mínimos que están admitidos en la mayoría de legislaciones penales.

En El Salvador el caballo de batalla de las ONG es la despenalización al menos para los casos de violación, dado el elevado número de menores que sufren abusos sexuales, sobre todo en su entorno familiar.

Evelyn ha insistido en que fue violada por un pandillero de la zona pero ha subrayado que no denunció el caso por temor a represalias. A pesar de ello, fue condenada a 30 años de prisión por delito agravado y enviada en 2017 a una cárcel femenina en la periferia de San Salvador.

Sus abogados presentaron una apelación por supuestas irregularidades en el fallo de la jueza y, un año más tarde, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón, anuló la sentencia y ordenó al tribunal repetir el juicio.

Hernández vuelve ahora a enfrentarse a una condena de entre 30 y 50 años, ya que la Fiscalía insiste en acusarla de homicidio culposo por negligencia durante la labor del parto.

« Soy inocente , yo era una chica que estudiaba y fui violada por un hombre. Sólo pido que se haga justicia y sé que todo va a salir bien», ha manifestado Hernández antes de la instalación del nuevo juicio, que será retomado el próximo 15 de agosto.