Vox pide al Constitucional la suspensión cautelar de la eutanasia para que no entre en vigor la próxima semana

Al grito de «valientes» y «solo queda Vox», el grupo parlamentario incluyó en la demanda la petición de una medida cautelar para que la prestación de ayuda a morir no se aplique mientras el máximo tribunal no se pronuncie sobre su constitucionalidad. A las puertas del TC, Abascal explicó que la suspensión de la ley es fundamental, ya que «los daños que produzca su puesta en marcha van a ser irreparables».

El líder de Vox señaló además que la ley de la eutanasia es «una derrota de la civilización y una victoria de la cultura de la muerte y de aquellos que han arrojado la toalla del deber que tienen las sociedades y los estados de ofrecer cuidados paliativos a las personas que más están sufriendo». Y es que, a su juicio, es «inmoral» que el Estado garantice la muerte «cuando no está garantizando los cuidados paliativos» a las personas que están al final de sus vidas o están sufriendo.

Ante «una solución tan cruel e inhumana» como la eutanasia, Abascal se comprometió a «desandar el camino iniciado por el Gobierno y defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural». Las críticas también fueron para el PP ante la ausencia de su recurso a diez días de que termine el plazo y su opción de promover una ley de cuidados paliativos como principal alternativa a la eutanasia.

«El PP todavía está a tiempo de presentar otro recurso. Nosotros no estamos en el cálculo electoral, sino en la defensa de unos principios. Otros están haciendo cálculos extraños que en ningún caso pueden ponerse en la balanza junto a la defensa del derecho a la vida. Si el PP no presenta un recurso serán sus electores los que tendrán que juzgarlo en las próximas elecciones», afirmó.

El líder de Vox se mostró convencido de que el nuevo derecho a morir es «inconstitucional, ya que el derecho a la vida es un derecho fundamental, del que penden los demás derechos». «No hay un derecho ni una obligación del Estado que tenga respaldo constitucional para procurar la muerte de los ciudadanos», aseveró.

El recurso –de más de 89 folios y suscrito por los 52 diputados del grupo parlamentario Vox – señala que la ley aprobada en el Congreso el pasado mes de marzo «vulnera el deber del Estado de protección de la vida y de la salud», «el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios» y presenta «vicios legislativos de procedimiento», al obviar el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante su tramitación parlamentaria, al presentarse como proposición de ley y no como proyecto de ley, entre otras cuestiones.

Por todo ello, pide al TC que «estime íntegramente» su demanda «y, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de Regulación de la Eutanasia». Con esta demanda, el grupo parlamentario Vox cumple así con su compromiso de pedir la suspensión del nuevo derecho a morir como parte de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El recurso de Vox recuerda que tanto la jurisprudencia clásica como la del propio TC establece que el derecho a la vida «tiene un carácter absoluto», por lo que «no puede el legislador introducir un 'nuevo' derecho individual cuya existencia no solo ha sido negada por los más altos tribunales, sino que además implicaría infringir un derecho fundamental como es el de la vida consagrado en el artículo 15 de la Constitución Española (CE)».

El recurso recuerda además que «constitucionalmente lo que se impone al Estado es 'proteger la salud', comprendiendo la obligación de articular alternativas que permitan afrontar en las mejores condiciones de salud los casos de enfermedades graves crónicas, degenerativas o incurables; resultando radicalmente contrario a este principio rector la renuncia a la vida y a la salud mediante el establecimiento de un supuesto derecho a que el Estado procure la muerte de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción».

Se trata del decimoséptimo recurso que este grupo parlamentario presenta ante el Constitucional desde que Sánchez llegó a la Moncloa hace ya 18 meses.