La Obra Pía de Roma, en medio del pulso del Gobierno y los obispos
Esta institución gestiona un patrimonio de 250 inmuebles en Roma, fruto de donaciones hechas a la Iglesia. El Ejecutivo la coloca en el centro de una posible desamortización
Javier Martínez-Brocal
Una comisión mixta entre Gobierno y obispos está abordando tres grandes cuestiones: las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia, el régimen tributario para instituciones eclesiásticas y la Obra Pía de Roma .
Pero... ¿qué tiene esa Obra Pía que la convierte en cuestión estratégica ... en las relaciones Iglesia-Estado y por qué los gobiernos le echan el ojo? Motivos no faltan : tiene siglos en la Ciudad Eterna; en tiempos de Andreotti fue decisiva para la política exterior de España; es un modelo de colaboración entre la Iglesia y el Estado; y posee 250 inmuebles entre pisos y locales comerciales en el centro de la capital de Italia, desde Via del Corso hasta la Via Flaminia y desde la piazza Navona hasta la Via Giulia.
Técnicamente, según recoge su web, la Obra Pía «es una entidad de derecho privado y nacionalidad española , encomendada a la Embajada de España ante el Vaticano para tener el amparo de la protección diplomática». Para comprender lo que significa, hay que remontarse a las peregrinaciones a finales de la Edad Media. En aquel entonces, miles de personas viajaban hasta la tumba de san Pedro. En la ciudad eran atendidos en torno a las iglesias españolas de Montserrato y de Santiago. A menudo, cuando fallecía un eclesiástico o un noble de la colonia española de Roma, dejaba un legado a esas dos iglesias para que continuara la ayuda. Se denominan genéricamente obras pías.
En 1862, tras el Risorgimento y la caída del Estado Pontificio, el nuevo Gobierno italiano pretende nacionalizar esas obras pías para hacerse con su patrimonio y aislar a la Iglesia. Para que no tocaran las propiedades de esas instituciones de las iglesias españolas en Roma, intervino el Gobierno español. Como solución, la institución quedó « bajo el amparo de la Embajada de España ante la Santa Sede».
Así, pasó a llamarse oficialmente ‘Obra Pía. Establecimientos españoles en Italia’, el embajador de turno se convierte en su gobernador y tiene una gestión mixta entre la Iglesia y el Estado español. Y a partir de aquí comienza la confusión. Algunos la consideran una institución de la Iglesia, pero ligada al Estado. Otros, un «ente moral laico» de derecho privado y nacionalidad española, tutelado por el Estado a través del Ministerio de Exteriores.
Siete españoles en Roma
El embajador no puede administrar por su cuenta las propiedades e inversiones de la institución. Actúa con una junta de gobierno formada por otros seis españoles, que ejercen a título honorífico y gratuito. Esa junta «vela por el estricto cumplimiento de los distintos fines fundacionales, religiosos, benéficos o asistenciales que dieron origen» a la Obra. De los siete miembros, tres representan al Gobierno, y son la embajadora ante la Santa Sede y dos diplomáticos que colaboran con ella. También forman parte de la junta los rectores de la Iglesia española de Roma y de San Pietro in Montorio. Los otros dos deben ser españoles residentes en Roma.
Esta institución « no recibe ni gestiona fondos públicos », sino que administra su patrimonio inmobiliario, que consiste en donaciones de particulares a la Iglesia católica, no al Estado español, para «fines piadosos». Entre sus inmuebles está la primera fachada renacentista de Roma, la de la iglesia de Santiago y su edificio anejo en piazza Navona, la oficina de correos del Vaticano en Via Giulia, o la iglesia de los españoles.
El embajador Francisco Vázquez puso orden en el cálculo de los alquileres, que actualmente se decide pidiendo un peritaje a tres instituciones diferentes.
A pesar de la crisis, solo un par de decenas de sus 250 inmuebles no están alquilados . Con los beneficios se autofinancia, paga sus impuestos en Italia y mantiene sus actividades. Ahora que los peregrinos que llegan a Roma no necesitan alojamiento ni hospitales, se han adaptado también sus actividades. Y ese es otro tema espinoso. La mayor parte de sus fondos se destinan a prestar ayuda social a cientos de personas a través de instituciones españolas activas en Italia, como las Hermanas de la Cruz, las Hermanas de los Ancianos Desamparados o una parroquia de Roma. También aporta becas para sacerdotes españoles que estudian en universidades pontificias y se encarga del panteón de españoles del cementerio del Verano.
Cubre los gastos de la iglesia española en Roma (Montserrato) y del anejo Centro de Estudios dotado de una histórica biblioteca y en el que se forman sacerdotes. Otra importante partida se destina a restaurar sus edificios, que son siempre antiguos. El año pasado rehabilitó uno en la piazza dei Satiri.
La Obra Pía tiene como vínculo adquirido que no puede vender ninguna de sus propiedades . Aunque a lo largo de su historia ha hecho una benemérita excepción. Giulio Andreotti echó el ojo a uno de sus edificios, muy cerca del Palazzo Madama, sede del Senado de la República. «Sería muy útil para los despachos de los senadores», explicó a los españoles, que respondieron que no estaba en venta. «Si nos lo venden, lo tendríamos en cuenta para favorecer la entrada de España en la Comunidad Europea...», respondió el entonces primer ministro. Y así fue. La Obra Pía vendió y meses después entró España en la CEE con el apoyo de Italia. Con esta lección aprendida, los gobiernos han querido tener voz en la gestión. Por lo que pueda pasar y por motivos prácticos, como obtener alojamientos baratos para el personal de las dos embajadas en la urbe. En el último cambio de miembros de la junta ha entrado como vocal un consejero de la embajada ante Italia, en vistas del próximo traslado de la sede actual de la cancillería de la embajada española a piazza Navona.
La pregunta del millón es si la institución es del Estado o de los obispos . Quizá no sea de ninguno. Pero lo que no está en duda es la voluntad de quienes legaron esos bienes. Un pulso tan complicado que los enviados de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, y Juan José Omella, presidente de los obispos, lo dejan para cuando hayan resuelto las otras dos cuestiones anteriores: inmatriculaciones y régimen tributario.
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