Montero replica a Calviño: «Esta ley no estigmatiza a las mujeres, estigmatizaba no hablar de menstruación»

El texto ha sufrido amplias modificaciones y ha pasado por el tamiz de los ministerios en puntos importantes: entre los principales, Hacienda ha logrado retirar la aprobación de un IVA hiperreducido a productos de uso habitual por las mujeres para su higiene íntima y menstrual, como la copa menstrual, los tampones, salvaeslip y compresas. También Sanidad ha trabajado exhaustivamente «desde enero» -ha reconocido la ministra Irene Montero durante la rueda de prensa en La Moncloa- con el equipo de Igualdad para matizar algunos de los puntos; el de Justicia ha terminado por pulir el párrafo del borrador del texto donde se incitaba a perseguir penalmente a las parejas que acudan a la gestación por sustitución.

Montero sí ha enfatizado que considera que la gestación subrogada es una forma de violencia contra las mujeres, una forma de explotación reproductiva que «no es legal en España desde 2006», ha dicho, asumiendo eso sí que el anteproyecto se extralimitaba en lo jurídico al abrir la puerta a los tribunales a castigar en el extranjero la contratación de los llamados 'vientres de alquiler'. «Ninguna mujer puede decidir sobre su propio cuerpo en los contratos» que regulan ese tipo de explotación, ha afirmado la ministra, que ha retado a conocer las condiciones en que se desarrollan las gestaciones de estas mujeres contratadas para albergar el bebé de otras personas.

El principal cambio introducido por la ley supone las bajas pore reglas dolorosas o incapacitantes. En este apartado, la ministra Irene Montero ha tenido que sortear las mayores críticas de miembros de su Ejecutivo y de sindicatos como UGT, que tacharon la iniciativa de «estigmatizadora». Montero ha repelido la acusación y ha replicado las palabras usadas por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que no ve con agrado esos permisos especiales que abonará el Estado desde el primer día y al 100% del coste: «Esta ley no estigmatiza a las mujeres, estigmatizaba no hablar de menstruación». Montero ha enfatizado que por primera vez en una ley española se habla de salud menstrual, y que la regla en España, desde hoy, deja de ser un tabú para tantas mujeres que no encontraban un baño a tiempo para cambiarse, o debían posponer el momento de limpiarse porque se encontraban en una reunión o en un ambiente laboral hostil para ello.

Las citadas bajas por reglas incapacitantes -tras acordarlo con Seguridad Social- no tendrán límite de días y las mujeres que padecen esos dolores fuertes las solicitarán a un médico de cabecera, por lo que muchas veces «ya se asume que están asociadas a otras patologías ginecológicas, como las poliquísticas o la endometriosis », ha citado expresamente la titular de Igualdad para contrarrestar que el texto estaba incompleto a este respecto. Igualdad rebaja a 24,8 millones de euros el impacto de las bajas por reglas dolorosas.

La ministra Montero ha querido tener un guiño hacia la ley de 2010, que esta viene a «modificar, revisar, ampliar y mejorar» (verbos usados por la propia responsable de la cartera de Igualdad). «En los borradores iniciales había unas medidas que finalmente no están hoy, en el anteproyecto aprobado», ha reiterado en alusión a los cambios que ha registrado la ley, ya que el borrador contenía una derogación expresa de la ley que sacó adelante la primera ministra de Igualdad de España, Bibiana Aído. Desde 2010, las necesidades de las mujeres requerían, según el Gobierno de coalición, de pasos para «avanzar en la conquista de derechos como ser el primer Estado de Europa que regula el derecho a la salud menstrual y revertir algunos retrocesos imprimidos por el siguiente Gobierno popular [encabezado por Mariano Rajoy] y que obtuvo el inmenso rechazo de la mayoría de mujeres. Lo que hacemos es ensanchar la ley de 2010 y revertimos los retrocesos del Partido Popular», ha destacado, por su parte, la ministra portavoz.

Según ha recordado en varias entrevistas ya Irene Montero , la llamada 'tasa rosa' es un compromiso programático del acuerdo de coalición entre los dos partidos que no estará finalmente en la ley del Aborto, pero la ministra no tira la toalla para conseguirlo y negociarlo en los Presupuestos Generales del Estado. Montero asegura que «estará en esta legislatura» ese compromiso.

Entre las medidas que sí incluye el anteproyecto, que va a ser tramitado por la vía de urgencia, estarán las citadas bajas por reglas incapacitantes, la mayor financiación pública para repartir en los centros de salud la píldora anticonceptiva. «Todas las farmacias -ha dicho Montero- tienen que tener la píldora del día después y dispensarla a quienes la soliciten». También se contempla que todas las gestantes tengan un permiso preparto desde la semana 39 que no computará como parte del permiso de maternidad y se distribuirán productos para la regla en centros educativos y cárceles.

Los médicos que no quieran practicar abortos en la red pública o privada formarán parte de un registro de objetores. Habrá un registro por cada comunidad autónoma, pero todos los hospitales públicos de todas las provincias españolas garantizarán que una mujer a partir de los 16 años aborte.

El anteproyecto regula que las adolescentes a partir de esa edad -16 y 17 años- puedan interrumpir voluntariamente sus embarazos sin un permiso paterno; también las mujeres con discapacidad lo harán sin la respectiva tutela. De los más de 88.000 abortos que se practicaron en 2020 en España, más de 8.600 correspondían a mujeres con una edad inferior a los 19 años.

La educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas y se abrirá una línea telefónica para consultas, también de mujeres mayores, ha anunciado la ministra de Igualdad.