El PP lleva al Congreso el acoso a los constitucionalistas en los campus catalanes
Piden a Castells que defienda a quien se manifieste contra la independencia
D. Tercero
El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la intención de que la Cámara Baja inste al Gobierno de España a que condene «todas las acciones de acoso, persecución, amedrentamiento, descalificación e insultos graves respecto ... a los miembros de la comunidad universitaria de las universidades catalanas por parte de grupos independentistas y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, promoviendo las acciones que en derecho correspondan para reponer los derechos vulnerados». En el texto, consultado por ABC, se pide, también, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez condene igualmente el incumplimiento por parte de los recortes de mantener la «neutralidad ideológica institucional y de su inacción ante los ataques a los derechos y libertades constitucionales de estudiantes y profesores universitarios».
La iniciativa de los populares se justifica -según reza la exposición de motivos- en los últimos casos de acoso que han sufrido algunos profesores y alumnos en Cataluña. En la propuesta del PP se detallan, por ejemplo, los insultos que el catedrático Ricardo García Manrique aguantó, sin que el rector le defendiera, en el claustro de la Universidad de Barcelona del 20 de julio y las agresiones que miembros de S'ha Acabat! sufrieron en octubre en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, sin que el rector condenara los hechos posteriormente. Una violencia que también ha sido denunciada por Universitaris per la Convivència, entidad formada por unos doscientos profesores.
A esto, el PP suma el silencio del ministro de Universidades, Manuel Castells, quien «no ha condenado ninguno de estos lamentables sucesos» y, preguntado por ello, se ha limitado a defender la libertad de expresión.
La propuesta también incluye la petición al Gobierno para que rompa el acuerdo con ERC de «convertir la ley de convivencia universitaria en un instrumento que 'blinda' las movilizaciones de los violentos contra los que quieren ejercer pacíficamente sus derechos y libertades».
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