Castells, obligado a cambiar su ley y aplazar su paso por el Consejo de Ministros ante la falta de consenso

Este aplazamiento ha obligado a cambiar la reunión que Castells tenía previsto con los sindicatos a finales del mes de noviembre, que pasará a diciembre. Los rectores también fueron informados de que continuará el proceso de negociación, por lo que la norma se llevaría al Consejo de Ministros a finales de enero o principios de febrero, según ha podido saber este periódico.

La 'ley Castells' ha sido contestada por alumnos, rectores, sindicatos, consejos sociales y partidos políticos . El estudiantado se ha manifestado en contra de la norma el pasado jueves 18 de noviembre. El ministro se enfrentó entonces a su primera huelga universitaria . Los universitarios denunciaron que «ante un Gobierno que no pretende avanzar hacia una universidad pública, gratuita y al servicio de la mayoría social solo cabe que las reivindicaciones de la comunidad universitaria en su conjunto se hagan escuchar», señaló en un manifiesto la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) y Estudiantes en Movimiento.

Por su parte, el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos , dijo que «la necesidad de mayor autonomía y mayor financiación para internacionalizar, modernizar y hacer más competitivas a las universidades no ha sido abordada con decisión» en el anteproyecto y que si realmente «se quiere que las universidades españolas empiecen a colocarse entre las 100 mejores del mundo, es imprescindible dotarlas de una financiación específica –con un plan de incremento de gasto público específico para la educación universitaria– y acorde con los resultados que se exigen», apuntó la Crue en un comunicado. «Lo contrario sería injusto y absurdo», aseguró Villamandos.

El también rector de la Universidad de Córdoba ha criticado la « excesiva reglamentación », obviando la realidad de un sistema universitario muy heterogéneo en el que las universidades necesitan flexibilidad para adaptarse, y que se hayan «quedado atrás» las reformas dirigidas a hacer más eficiente el gobierno de las universidades, continúa el comunicado. También ha denunciado que el anteproyecto no genere unidad «sino todo lo contrario», porque hace una «distinción innecesaria, llegando a obviar sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos y deberes de todo el estudiantado». Y lamentó, también, que se haya roto la trayectoria de consenso en las negociaciones previas de los reales decretos y leyes desarrolladas durante estos meses.

De hecho, el disgusto de los rectores fue tal que tomaron la decisión, también el 18 de noviembre, de no emitir en el Consejo de Universidades (órgano en el que están representadas todas las universidades a tráves de sus rectores) un informe preceptivo sobre el anteproyecto.

Por su parte, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CSS) , que agrupa a los consejos de todas las universidades públicas españolas y también a centros privados, adviertió de que la nueva norma puede llevar a la « politización » de estos órganos debido al nuevo sistema de designación de sus miembros que propone el ministro de Universidades. ¿Por qué? Para el CSS, «el sistema que propone el anteproyecto, 20 miembros elegidos por los parlamentos autonómicos, va a generar politización y polarización de los consejos sociales que, en adelante, estarían compuestos de miembros sujetos al favor debido a los partidos políticos que los designan», señalaron en un comunicado adelantado por este periódico.