Medio centenar de padres por gestación subrogada acusan a Sánchez de cambiar a sus hijos por votos

Ilanit Snir es una tinerfeña de 36 años residente en Madrid que lleva ya casi dos meses en la capital ucraniana, tras haber sido madre por gestación por sustitución. Es una enfermedad de nacimiento la que le impide gestar, por lo que este método siempre fue una opción para ella y su marido. Cuando comenzaron el proceso, no podían imaginar que Kiev se convertiría en una especie de cárcel de la que no saben cuándo van a salir. «Tenemos miedo, sobre todo por los niños. Mi hijo va a cumplir dos meses y no tengo manera de acceder al calendario de vacunas que tendría en España», lamenta.

Más allá del debate sobre si la gestación subrogada se debería regular o no, lo que esta joven reclama es que se piense en los niños. «Es cuestión de apelar a los derechos humanos de los niños, que son los que se están violando y vapuleando desde el principio», critica. Desde que se publicó la citada instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado , dependiente del Ministerio de Justicia, el consulado de España en Kiev insta a las familias a recurrir a la vía ucraniana, es decir, conseguir un pasaporte ucraniano para los menores y, una vez en España, demostrar la filiación. Sin embargo, y aunque el Ejecutivo insiste en que el procedimiento tarda alrededor de tres meses, las familias aseguran que los plazos son mayores: «La administración aquí reconoce que van a ser mínimo seis o siete meses... A ver qué familia puede permitirse estar en Kiev todo este tiempo».

Esta vía ucraniana está llevando también a jugar con las esperanzas de los españoles, denuncia Snir, pues asegura que hay conocedores de la situación que se están ofreciendo a reducir los plazos a cambio de dinero. «Primero, eso no lo garantiza nadie, porque hasta el momento ningún niño ha salido de aquí con pasaporte ucraniano. Y segundo, es un soborno», dice.

En una reunión con el cónsul, asegura esta madre, le explicó que debía seguir la instrucción y, por tanto, no iba a registrar a los niños como ciudadanos españoles: «Nos dijo que estaba atado de pies y manos, que no puede inscribir a los menores porque si no le despiden. Es una orden directa de Justicia». Las trabas, cree, responden a la estrategia electoral del Gobierno, que en los últimos meses se ha mostrado contrario a la gestación subrogada y ha reiterado su intención de perseguir a las agencias que asesoran a las familias. «Es una campaña electoral mezquina. Están cambiando a nuestros hijos por unos votos», denuncia. Precisamente esta semana, la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, se refirió a la «venganza ideológica» que el Ejecutivo está llevando a cabo contra estas familias.

Los argumentos que utiliza el Gobierno para manifestar su oposición a la gestación subrogada son que es una explotación de las mujeres y que puede llevar también al tráfico de menores. «Cuando dicen eso siento frustración. Me parecen malas personas. Hacen mucho daño, tanto a nosotros como a nuestras familias. Entiendo que sea un debate ético, pero hay que respetar», lamenta Ana Martín, una médico de 34 años que ha sido madre por gestación por sustitución hace apenas 20 días. Una cardiopatía congénita es la que le impide haber tenido hijos de forma natural, por lo que al informarse sobre este proceso y visitar las clínicas ucranianas, decidieron iniciarlo sin imaginar que, en solo un día, la situación podría dar un vuelco: «No se puede sacar esa instrucción de un día para otro. Cuando salió, ya estábamos embarazados de ocho meses o más. ¿Qué puedes hacer en esa situación».

Su relación con la mujer que dio a luz a su hijo, asegura Martín, es muy buena. «Las gestantes lo hacen porque quieren, también por dinero, pero no son mujeres a las que se saca de la calle. Tienen su trabajo y quieren un dinero extra», cuenta, por lo que no entiende que desde los sectores feministas se hable de explotación: «Creo que para nada soy mala persona. No soy capaz de explotar a nadie ni de traficar con niños».

La vía ucraniana que propone el Gobierno ya ha comenzado a dar problemas a quienes la intentan seguir. Es el caso de Íñigo Sola, un pamplonés que lleva en Kiev desde el 3 de marzo. Al iniciar los trámites, asegura, la administración pone pegas y no entiende por qué niños hijos de españoles solicitan pasaportes ucranianos. «El Gobierno español está pasando la patata al ucraniano», denuncia.

La sensación es de impotencia, asegura, pues, a su juicio, lo que hace el Ejecutivo es jugar con los menores para conseguir más votos. «Mi hijo ahora mismo es lo mejor que me ha pasado en la vida y ver esta indefensión y que se le señale así por la manera en la que ha nacido es un atentado hacia los derechos del menor», afirma. Como vienen haciendo desde hace un tiempo, las familias aseguran que se seguirán reuniendo a las puertas del consulado para reclamar que sus hijos salgan de Ucrania como españoles.