Manfred e Irene: el matrimonio alemán que quiere acabar con sus vidas

En otro caso anterior (BVerwG 2017), se había otorgado a dos pacientes graves y con enfermedades terminales el derecho a un medicamento suicida justificando una emergencia extrema . Detlef Koch, el abogado de Manfred e Irene, solicitaba ante la Justicia de Leipzig una extensión de esta jurisprudencia. «Incluso aquellos que no tienen una enfermedad terminal tienen el derecho a la autodeterminación», ha intentado justificar. «La licencia para comprar pentobarbital de sodio con el propósito de suicidio está básicamente excluida», dice la sentencia firmada por la presidenta del tribunal, Renate Philipp, que consideró que la excepción para los enfermos graves e incurables o la emergencia extrema no estaban presentes en el caso. «Nadie quiere que los demandantes tomen el derecho a un final de vida autodeterminado», fue la respuesta de Markus Gottbehüt, el representante dl Instituto de Medicamentos , «el estado no tiene que apoyar el suicidio ni aportar señales de que el suicidio y la supervivencia sean dos opciones iguales. Más bien, el estado tiene la obligación de proteger a las personas vulnerables de la presión de terceros para que abandonen sus vidas pronto».

Durante la época del nazismo, el Estado alemán practicó pública y generalizadamente la eutanasia en casos de enfermedades físicas o psíquicas, vejez o malformaciones, por lo que es un camino ya recorrido y la Constitución alemana es muy clara al respecto. En 2015, tras una serie de sesiones apasionadas , el Bundestag prohibió además expresamente la asistencia «organizada» al suicidio, penable con hasta tres años de prisión. El Tribunal Federal Administrativo, sin embargo, abrió en 2017 una vía a la eutanasia al considerar en una sentencia que «en casos excepcionales, el Estado no puede impedir el acceso de un paciente a productos anestésicos que le permitirían suicidarse de manera digna y sin dolor». A este tribunal había el marido de una mujer que quedó completamente paralizada en 2002 por un accidente y que tuvo que trasladarse a Suiza para poder acceder a un suicidio asistido en 2005. Los jueces dieron la razón al esposo, pero poniendo tres condiciones muy claras: que el sufrimiento del paciente sea insoportable, que la decisión de morir se tome libremente y que no haya ninguna alternativa razonable.

Esa sentencia de 2017 es la brecha a la que tratan de acogerse ahora alemanes como Manfred e Irene y contra la que se ha posicionado abiertamente el ministro de Sanidad, Jens Spahn. Desde el fallo del Tribunal Supremo Administrativo en marzo de 2017, el BfArM afirma haber recibido 123 solicitudes de medicamentos prescritos para el suicidio hasta marzo de este año. De ellas, 93 han sido rechazadas y en otros 22 casos, los solicitantes murieron durante el prolongado procedimiento . Se desconoce cuántos de los solicitantes tuvieron realmente una emergencia extraordinaria, como lo exige el Tribunal Administrativo Federal, pero el instituto argumenta que actúa según las órdenes expresas que ha recibido del Ministerio de Sanidad, del que depende.

«No puede corresponder a funcionarios, en última instancia a mí como ministro, decidir quién puede morir», explicó su decisión en febrero de 2018 el ministro de Sanidad Jens Spahnm tras hacerse público un memorando del BfArM que afirmaba que «de acuerdo con las instrucciones del Sr. Ministro», las solicitudes pendientes para obtener una licencia para comprar narcóticos con el propósito de suicidio «deben ser denegadas». A fecha de hoy, las licencias para obtener este tipo de medicamentos siguen suspendidas. El Tribunal Administrativo Federal decidirá nuevamente mañana sobre un caso de eutanasia y desde abril hay también un proceso ante el Tribunal Constitucional, al que recurrieron asociaciones alemanas y suizas de ayuda al suicidio que consideran que la legislación actual viola los artículos 1 y 2 de la ley fundamental alemana sobre el respeto «intangible» de la «dignidad» humana y que argumentan que « no solo hay un derecho a la vida , sino también un derecho a una muerte responsable», según uno de los demandantes, Michael Ridder.

El arzobispo de Berlín, monseñor Heiner Koch, ha advertido contra el «cambio del sistema de valores» y ha dicho que espera del Constitucional «una señal fuerte para la protección de la vida».