Dos de los miembros de La Manada, el pasado julio cuando iban a firmar al juzgado
Dos de los miembros de La Manada, el pasado julio cuando iban a firmar al juzgado - EFE

La Manada: más de cuatro meses en libertad

Sólo uno de los cinco acusados continúa en prisión

Sentencia La Manada, condenados a 15 años por violación

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Cuando el TSJN haga público su decisión sobre los recursos presentados contra la sentencia del pasado 26 de abril por el delito sexual cometido presuntamente contra una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, se sabrá si los cinco jóvenes sevillanos de La Manada deben ingresar en prisión o continuarán en la libertad de la que todos menos uno llevan disfrutando ya cuatro meses y medio.

A pesar de la alarma social que provocó su puesta en libertad provisional el pasado 22 de junio, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra consideró que no debían continuar en prisión porque no se daban las circunstancias establecidas en la legislación.

Aunque se dictó sentencia el 26 de abril sobre el caso de La Manada. Una vez que se presentan recursos, esa sentencia deja de ser firme, por lo tanto, hay que esperar a que se resuelvan los recursos para que comience el cumplimiento de la pena establecida en la primera sentencia.

Requisitos

Además, dos de los tres magistrados de la Sección Segunda consideraron que no se daban los requisitos necesarios de riesgo de fuga, riesgo de reiteración delictiva y riesgo de destrucción de penas. Un cuarto requisito, el de lo abultado de la pena solicitada quedó anulado con la condena a 9 años.

De los tres requisitos, el de reiteración delictiva fue el que llevó a la cárcel al único de los acusados que carece de libertad, Ángel Boza. Boza fue sorprendido el pasado 1 de agosto cuando robaba unas gafas de sol en un centro comercial de Sevilla. Además, estuvo a punto de atropellar a dos guardas jurados que le perseguían. Al estar investigado por otro robo producido en una tienda de gafas de sol perpetrado en San Sebastián el 5 de julio de 2016, el juez sevillano consideró demostrado el riesgo de reiteración delictiva por lo que decidió su ingreso en prisión.

Los magistrados de la Audiencia de Navarra consideraron que no existía riesgo de fuga porque los cinco acusados tienen arraigo en Sevilla, es decir, tienen familia. Incluso el guardia civil, Antonio Guerrero, cuenta con un hijo de corta edad en la capital andaluza. Y, además, no cuentan con los recursos económicos suficientes para planear y llevar a cabo una fuga y permanencia en el extranjero.

Y descartaron el riesgo de destrucción de pruebas porque todas las pruebas se encuentran a buen recaudo desde la instrucción del caso en la Audiencia de Navarra.

Medidas cautelares

A pesar de todo, para garantizar todavía mejor que no se dieran los requisitos para su ingreso en prisión, el tribunal estableció una serie de medidas cautelares.

Una de ellas era la prohibición de salir del país y estar en todo momento localizables. A pesar de que el guardia civil, Antonio Guerrero, preguntó sobre una posible renovación de su pasaporte, los jueces de la Audiencia de Navarra consideraron que no había roto esta medida cautelar puesto que tan sólo preguntó si tenía que renovarlo para entregarlo en los juzgados, dado que había perdido el que tenía antes de cometer presuntamente el delito de Sanfermines.

Otra medida cautelar es la presencia y firma en un juzgado tres veces por semana. Desde que salieron de la cárcel el 22 de junio, los cuatro acusados que se encuentran en libertad han cumplido escrupulosamente esta medida. Y testigo de ello son los medios de comunicación que cada día les esperan en la puerta de un juzgado sevillano.

Para evitar un posible riesgo de reiteración delictiva, los jueces les prohibieron, además, entrar en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, les mantienen lejos de la víctima. Y hasta el momento no hay sospechas de que hayan incumplido esta medida cautelar.

No obstante, esta situación de libertad podría cambiar, o no, en el momento en que se conozca la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Aunque todo hace indicar que se tome la decisión que se tome, el caso será recurrido ante el Tribunal Supremo, por lo que la sentencia continuaría sin ser firme.

Si el TSJN mantiene la actual pena de 9 años de cárcel, recurrirán de nuevo todas las partes. Si se les considerara inocentes, recurrirían las partes acusatorias que consideran que se produjo un delito continuado de agresión sexual. Y si se elevara el delito a agresión sexual, con el consiguiente aumento de la pena de cárcel, serían las defensas quienes recurrieran al Supremo.