Macri anuncia que el debate sobre el aborto «va a continuar» en Argentina

La sesión, como sucedió en junio en el Congreso, donde la iniciativa recibió media sanción, se convirtió en un maratón de intervenciones hasta las cinco de la madrugada. En torno a esa hora se produjo una votación que echó por tierra las expectativas de la «franja verde», el sector que representaba a las mujeres y hombres que se habían concentrado a favor del proyecto IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).

Era la primera vez que el proyecto había llegado tan lejos, superando la primera fase en el Congreso. Previamente, había sido rechazado hasta en seis ocasiones y ni tan siquiera se llegó a debatir. La intervención de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , fue una de las más esperadas. En la recta final de los discursos justificó su cambio de posición y el voto por el Sí. «Fueron las chicas que se volcaron en la calle» las que le hicieron cambiar y «no mi hija Florencia», se justificó ella que siempre fue contraria al aborto. Crítica, observó: «Estamos rechazando un proyecto sin proponer alternativas y la situación va a seguir siendo la misma», en alusión a las muertes por abortos clandestinos. Con instinto para seducir a la juventud y quizás pensando en las elecciones del próximo año, la cinco veces procesada por corrupción, añadió: «Vamos a tener que agregarle el feminismo a lo nacional y popular. Nacional, popular, democrático y feminista». Durante los ocho años de su doble gobierno, Cristina Fernández vetó cualquier intento de tratar legislativamente el aborto. Ahora, quería pasar a la historia de otro modo.

El senador Rodolfo Urtubey también escribió un capitulo polémico de su historia. Durante su intervención afirmó que hay casos de violación en los que «no se puede hablar de violencia» pero tampoco de «consentimiento». Como el ambiente ya estaba caldeado, sus palabras fueron una cerilla en el polvorín de indignación en el que se cocían los partidarios de la despenalización total del aborto. «Hay algunos casos donde -afirmó- la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer… A veces, la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad de poder».

Su razonamiento tenía como objetivo modificar el Código Penal para matizar los casos que se pueden considerar violación y, por lo tanto, con la legislación vigente, permiten a la mujer abusada someterse a un aborto. En esa línea sostuvo su posición contraria al proyecto de ley y también su oposición a la ley vigente de 1921. «Tenemos que salir de la interpretación extensiva que es bastante laxa y uno no sabe cuándo hay riesgo para la salud, el límite…».

En América Latina, la cuestión del aborto es un tema que levanta ampollas. Tan sólo es legal en Cuba desde 1965, y en Uruguay desde 2012. Según datos del Ministerio de Salud argentino, cada año se practican en el país 354.627 abortos clandestinos. «Es decir, 41 por hora», reflexionó Martín Lousteau, diputado y exministro de Economía de Cristina Fernández. «La ilegalidad de la práctica -reflexionó- hace que las mujeres pobres sean quienes más sufren». Los datos de 2016 advierten que 245 embarazadas fallecieron por diferentes causas. El 17%, por un «embarazo terminado en aborto».

Tras el rechazo a la ley, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró que el debate «va a continuar» . «Los argentinos estamos madurando en libertad, entendiendo qué significa vivir en democracia, que tenemos que aprender a escuchar al otro. No hay que enojarse, hay que tratar de convivir», dijo en rueda de prensa. Macri anunció su intención de impular la educación sexual en colegios e institutos para prevenir los embarazos adolescentes, uno de los problemas por los que se planteó la despenalización del aborto.

Sin embargo, ayer medios argentinos avanzaban que el Gobierno sopesa presentar el 21 de agosto un proyecto de reforma del Código Penal en el que introduciría una legalización del aborto menos ambiciosa. Con el fin de contentar a los sectores oficialistas, según «Clarín», el Ejecutivo introduciría que las mujeres que aborten no puedan ser condenadas, aunque la asistencia médica garantizada por parte del Estado seguiría limitada a los casos de violación y riesgo para la vida.