La ley de infancia incluye la protección de los menas frente a los delitos de odio

Se trata de una ley integral, que incluye reformas penales y judiciales, educativas o sanitarias, y que modifica cerca de una veintena de normas en vigor . Fuentes ministeriales confían en poder dotarla con 75 millones anuales.

El texto contempla que será a partir de los 30 año s, y no de los 18 como hasta ahora, la edad a la que empiece a correr el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, así como los delitos de lesiones graves, de trata o contra la libertad sexual. Desde ese momento, los afectados tendrán un plazo de entre 5 y 15 años para denunciar, en función de la gravedad del delito.

La ley obligará a crear protocolos especiales para proteger a la infancia tanto en colegios e institutos como en centros deportivos. El Ejecutivo prevé crear un modelo básico que pueda servir de guía, pero la responsabilidad y definición final de los textos recaerá en manos de cada autonomía . Cuando finalice el proceso, los centros escolares tendrán que saber qué hacer en casos de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión. Para vigilar su aplicación, se crea la figura del coordinador de bienestar. Recaerá en cada comunidad autónoma, según fuentes ministeriales, la función de determinar el perfil y requisitos que desempeñará éste, así como si es alguien del centro, como personal docente, o un externo . Lo mismo ocurrirá con la figura obligatoria del «delegado de protección» en centros deportivos o de ocio.

Se amplían los delitos de odio en el Código Penal y la edad figurará como causa de discriminación . Aunque también amparará a personas mayores, esta modificación quiere responder a los informes que alertan del crecimiento de los discursos de odio contra los menores extranjeros no acompañados (menas), según fuentes gubernamentales. Además, se incluye la aporofobia (el odio a los pobres) y la exclusión social en estos tipos penales. Asimismo, se regulan nuevos delitos cometidos a través de internet contra menores, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticio.

Según recoge el texto, se retirará la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija del autor.

En casos normales de divorcio , la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos corresponderá a ambos progenitores, con independencia de quien tenga su guarda o custodia.

Solo uno de cada cinco delitos contra la infancia es denunciado, así que se introduce el deber ciudadano de comunicar cualquier indicio de violencia contra un menor. En el caso de familiares cercanos o cónyuges será una obligación, pudiendo ser sanciado no hacerlo, aunque ésto aún no se ha concretado, según fuentes ministeriales.

Se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación a jueces y fiscales; pero se deja la creación de juzgados de la infancia para más adelante.