Diez personalidades de la sociedad civil ofrecen sus razones para estar preocupados por la ley de eutanasia

PSOE y Podemos tampoco han atendido las críticas del Comité de Bioética, ni las sugerencias de la Sociedad Española de Psiquiatría o del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom). Ni siquiera las del propio Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Todas estas organizaciones de la sociedad civil han recibido con «preocupación» esta nueva regulación . ABC ha recopilado sus opiniones.

El presidente del Comité Español de Bioética, Federico de Montalvo, señala a ABC que la «ley nace desprovista de verdaderas garantías, confundiendo conceptos y dando lugar a una cultura que parece ensalzar la decisión eutanásica como la más virtuosa frente a los cuidados».

«Uno de los principales riesgos de una norma cuyo fin no solo es despenalizar la eutanasia y auxilio al suicidio en clave de excepción, sino que, más allá, proclama la muerte como un derecho y una prestación es el que se denomina, muy gráficamente, pendiente resbaladiza», apunta Montalvo, quien recuerda que esto «significa que, legalizada la muerte en casos de solicitud voluntaria, el clima social conduce a los médicos y a los familiares a deslizarse hacia su aplicación en casos no solo de enfermos inconscientes o incapaces, sino, en general, de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad».

«Y el problema es que esta Ley no implementa ningún mecanismo para evitar resbalar, mediante la evaluación ex pos de su aplicación, a lo que por cierto estamos obligados por el Derecho de la UE y nuestro propio ordenamiento jurídico, lo que, además, debe preocuparnos de sobremanera cuando la Ley nace desprovista de verdaderas garantías, confundiendo conceptos y dando lugar a una cultura que parece ensalzar la decisión eutanásica como la más virtuosa frente a los cuidados», añade.

El delegado de Derechos Humanos del Cermi, Jesús Martín Blanco, señala a ABC que la ley de eutanasia es «un jarro de agua fría porque hace un señalamiento a personas con discapacidad como vidas de menor valor o vidas descartables». Su aprobación en el Congreso ha sido «una cosa muy sorpresiva y decepcionante para la discapacidad que nos retrotrae a los años 70».

«El PSOE no ha querido cambiar el término 'imposibilitante' que el propio Comité Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU denunció que hacía referencia a las personsas con discapacidad», recordó Blanco. «Nosotros propusimos una redacción alternativa para que la práctica clínica tuviera seguridad jurídica y para que sobre todo no hubiera un señalamiento a personas con discapacidad que es lo que pasa ahora en la ley», se lamentó.

«Es una ley que nace discriminando a un colectivo y que tiene sesgos de ser una ley inconstitucional, al atentar contra el artículo 14, 10 y 96 de la Constitución en el sentido que los tratados y leyes y políticas públicas tienen que armonizarse e interpretarse a la luz de los tratados ratificados por España», afirmó.

Jordi Sabaté Pons, enfermo de ELA, asegura a ABC que «lo primero es priorizar e invertir, todos los recursos, sociales, y económicos, en la vida antes que en la muerte». «Ya que si no nos garantizan, una vida digna, no podemos decidir, en igualdad de condiciones, si queremos vivir, o morir, y en muchos casos, nos veremos obligados a morir, por no tener otra opción. Eso me parece una atrocidad, y un delito contra la vida», afirma.

Para la Sociedad Española de Psiquiatría es «lamentable» que en la regulación de un derecho fundamental como es el derecho a la vida se «haya hurtado el debate social». «Hoy he estado en Senado porque me ha tocado comparecer en una comisión de envejecimiento. He tenido una hora para dar mi opinión. Pero con la ley de eutanasia ha sido un corre corre sin sentido», asegura a ABC el doctor Manuel Martín Carrasco, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP).

Esta organización médica fue muy clara al reivindicar la valoración psiquiátrica de los pacientes antes de dar curso a una solicitud de eutanasia cuando «el juicio o el consentimiento estén en cuestión». Tampoco estaba de acuerdo con la eutanasia por voluntad anticipada sin una revisión del proceso de elaboración de esos documentos. Pese a estas y otras muchas advertencias ninguna de sus propuestas fueron incorporadas por los promotores de la regulación a la ley.

«Todo lo que dijimos sobre los problemas de aplicación al enfermo psiquiátrico no se ha tenido en cuenta para nada pese a que se remitió al Senado. No contempla para nada qué pasa con la enfermedad mental. Es una ley que va a tener problemas muy importantes de puesta en práctica», asegura Martín Carrasco para quien la ley «es ambigua y está muy mal definida». «Hay muchos temas que no están resueltos y los problemas se irán viendo conforme vaya pasando el tiempo», insistió.

La presidenta de la Fundación Lejeune, Mónica López Barahona, «rechaza y condena una ley profundamente injusta, que legitima un supuesto “derecho a morir”, vulnera la dignidad y el respeto de la vida de toda persona, y exige a los profesionales de la salud que causen la muerte de pacientes terminales o con enfermedades crónicas graves».

«Morir con dignidad significa acompañar al enfermo a morir, con todos los cuidados y atenciones necesarias en los últimos momentos de su existencia, para humanizar y dignificar el final de la existencia humana, y no acabar con su vida antes de que esta finalice de forma natural», asegura López Barahona desde la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune.

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida asegura que se traa de «una ley falsa, en el fondo y en la forma, una ley que quiere disfrazar la muerte intencionada como una medida compasiva y que otorga libertad». «Hay que ayudar a vivir bien y morir bien en su momento, con las medidas necesarias para el dolor, para la angustia para la soledad, pero cuando de manera natural llegue la muerte».

Latorre recuerda que la eutanasia «es matar al paciente, es una dejación de funciones por parte de quien tiene la obligación de que nadie le falten los cuidados necesarios ni durante la vida ni cerca de la muerte. Y sin embargo se arrogan la autoridad y el derecho de disponer de vidas ajenas».

Para la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida es una ley que «rompe la confianza médico paciente y que corrompe la medicina». «Es necesario informar y desenmascarar lo que es la eutanasia e implicarse política, económica y socialmente en que nadie viva sin el tratamiento con los medios que necesite para tener una vida de acuerdo de la dignidad que todos tenemos como personas», añade.

Juan Pablo Leiva, presidente del Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) asegura que la propuesta de ley para la despenalización de la eutanasia en España «adolece de deliberación y calidad conceptual, fundamentalmente». «No podemos decir que se trata de una ley «garantista» cuando existen errores conceptuales», asegura.

Para este médico «el correcto cuidado integral de los pacientes durante las trayectorias avanzadas de enfermedad y el final de vida debería ser una prioridad con capacidad de integración de los cuidados paliativos en todo el proceso». Sin embargo, y «desafortunadamente, los cuidados paliativos no parecen ser una prioridad para los legisladores en España».

«Aliviar el sufrimiento de personas que padecen al final de la vida y el de sus seres queridos debe ser la inspiración que marque el camino a seguir en las decisiones sobre la legislación para la atención al final de la vida en el Sistema Nacional de Salud», recueerda.

Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) recuerda que «la eutanasia no es un acto médico», pero que los médicos «tenemos que cumplir la Ley». Por ello, asegura que «el papel y reto» del Cgcom, como organización que representa a los profesionales médicos de España, es ser «lo más garantistas posible para proteger la seguridad en la objeción de conciencia».

El doctor Cobos recuerda que la organización que representa está en «desacuerdo con la redacción del artículo 16.2 de esta Ley, el cual contempla la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia». «Ante este punto, entendemos que un registro de estas características atenta contra la Ley de Protección de Datos y contra el principio esencial que determina que la objeción no es indefinida ni absoluta, es decir, que cada caso y cada paciente responden a unas circunstancias únicas y particulares que tendrán que ser valoradas de manera individual», señala.

Otras de las grandes incertidumbres que plantea esta Ley, según Cobos, son «conocer quiénes formarán parte de las Comisiones de Garantía y Evaluación, su especialidad y quiénes les nombrarán». Por todo ello, el presidente del Cgcom cree fundamental que «todas estas cuestiones –que no están claras y no se adaptan a la realidad del médico- se aborden y analicen adecuadamente con el fin de regular de la forma más ajustada posible a la realidad y ofrecer garantías, tanto a profesionales como a pacientes».

La coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, considera que «con cerca de 100.000 muertes por Covid-19 en el último año y en pleno estado de alarma, nuestros legisladores han decidido aprobar una ley orgánica que condena a muerte a los más vulnerables: a nuestros ancianos, a los enfermos y a las personas que sufren alguna discapacidad. La aprobación de la Ley de eutanasia en España es una de las peores noticias de nuestra historia reciente».

«¿Por qué el PSOE, Ciudadanos, el PNV, la izquierda radical y los independentistas no son capaces de aprobar una ley que garantice a las personas el derecho a los cuidados paliativos y sí que se han puesto de acuerdo para acabar con la vida de los que sufren y convertir a los médicos en verdugos? Los españoles tenemos que recordar esto cuando nos llamen a las urnas», asegura.

Para el exembajador de España ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez, la ley de eutanasia es «posiblemente el mejor ejemplo de la estrategia rupturista seguida por el actual gobierno e impulsada por el PSOE, ya que la iniciativa, como en otras leyes, nace de un ministerio socialista».

Según explica el exalcalde de La Coruña, la ley se promulga «en contra de los informes de entidades e instituciones académicas y profesionales, relacionadas con las cuestiones éticas y médicas que concurren en el proceso final de la vida». «Lo más grave es que al igual que sucedio con la ley de educación, las organizaciones vinculadas a estas cuestiones, de la naturaleza que sean, ni siquiera son consultadas o se permite su comparecencia», denuncia.

Vázquez advierte que con este prodecimiento «arlamentariamente se aplica un rodillo reglamentario sin tiempo para la negociación de enmiendas, se rechaza cualquier propuesta de la oposición y se aceleran los plazos tanto en comision como en pleno».

«La sociedad española tiene que ser consciente de cómo paso a paso, se impone un nuevo modelo de convivencia que responde a la imposicion de un proyecto ideológico nacido de las minorías dominantes que excluye el más mínimo atisbo de discrepancia aunque responda a criterios mayoritarios de la sociedad», apunta.

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo auxiliar de Valladolid Luis Argüello, califica «mala noticia» la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso y llama a promover el testamento vital y la objeción de conciencia.

«Desgraciadamente se ha buscado la solución de evitar el sufrimiento, provocando la muerte de quien sufre. Es dramático que en España haya 60.000 personas cada año que mueren con sufrimiento, pudiéndose remediar con una política adecuada de cuidados paliativos», asegura.

El prelado considera que «este es un momento en favor de promover una cultura de la vida y de dar pasos concretos promoviendo un testamento vital o de declaraciones anticipadas que haga posible que los ciudadanos españoles manifiesten de una manera clara y determinada su deseo de recibir cuidados paliativos. Su deseo de no ser objeto de la aplicación de esta ley de eutanasia».