«The Lancet» publicó la autodefensa de Simón tras recibir su editor casi 7 millones de Sánchez

En abril de 2019 el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) contrataba por 1.014.569 euros a Elsevier BV, editora de «The Lancet», la suscripción durante tres años de «las publicaciones periódicas de divulgación científica de la editorial Elsevier mediante acceso electrónico». El BOE no detallaba cuáles eran tales revistas de sus 2.500 publicaciones, incluida The Lancet. En marzo de 2019, el CSIC adjudicaba 2.860.000 euros a Elsevier para «Suministro de Publicaciones Periódicas en formato electrónico mediante acceso a la plataforma Sciencedirect de la editorial Elsevier para las Bibliotecas y Centros del CSIC».

En diciembre de 2019 Elsevier obtenía cuatro nuevos contratos del Gobierno. El Instituto de Salud Carlos III (en el que trabajan varios firmantes del escrito de Simón) otorgaba otros 130.000 euros a dicha editora holandesa para «tener acceso a texto completo y en formato electrónico del listado de publicaciones periódicas en ciencias de la Salud, con la empresa Elsevier en exclusividad». Además, dicho organismo le fichaba por otros 9.161 euros para tener acceso durante un año a su base de datos EMBASE con destino a la biblioteca nacional de Salud.

Ese mismo mes, la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) contrataba la «suscripción a un paquete de revistas de la editorial Elsevier BV» por un año y un importe de 15.945 euros. También en diciembre de 2019 el CSIC le adjudicaba 2.921.289 euros por el suministro en 2020 y 2021 «de publicaciones periódicas en formato electrónico mediante acceso a la plataforma Sciencedirect para las bibliotecas y centros del CSIC».

La comparativa con el Gobierno de Rajoy es la siguiente: el CSIC contrató en diciembre de 2017 el pago a Elsevier por 2,8 millones. El CIEMAT le abonó 300.000 euros. La CNMC unos 13.000 euros. El Carlos III unos 143.000 euros. Por tanto, 3,2 millones en 2017 con Rajoy frente a los 7 millones de 2019 con Sánchez. La gran diferencia, subida de precios aparte, es que el Gobierno socialista contrató anualidades por adelantado. Y esto ocurrió a pesar de que en 2018 Ciudadanos denunció en el Parlamento el coste y opacidad de tales contrataciones. Exigió un contrato único para abaratar costes y frenar incongruencias. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha firmado un contrato de 419.000 euros por acceder a Science Direct. El Gobierno paga 2,9 millones por dicho acceso. Los contratos no evidencian diferencias. En los últimos 5 años Elsevier B.V. ha recibido 86 adjudicaciones de 33 organismos por un valor de 121.403.745 euros, según Infoconcurso. Es casi el presupuesto anual del Ciemat , uno de los clientes de Elsevier.

El Gobierno alega oficialmente no saber la cifra total de lo facturado a Elsevier . Sánchez no frenó tal sangría. La aumentó. Los pagos españoles a la editora de The Lancet duplican lo que gasta Alemania o Finlandia, donde forzaron compras centralizadas. Incluso sale más barato suscripciones de revista en revista. La State University of New York (SUNY) es el mayor sistema universitario de los Estados Unidos. Tras negociar con Elsevier durante un año y medio, ha decidido el año pasado no renovar el contrato global y pasará a suscribir las publicaciones de Elsevier de una en una. SUNY calcula que este cambio comportará un ahorro de entre un 50% y un 70% anual.

En este contexto de generosos contratos gubernativos, el pasado 7 de diciembre se publica el artículo Covid-19 en España: vista desde el ojo de la tormenta en «The Lancet». Lo firman Fernando Simón, portavoz del gobierno sobre el coronavirus y director del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias), y sus colaboradores. María José Sierra Moros, jefa del CCAES; Susana Monge, jefa de sección del CCAES, Berta Suárez Rodríguez, vinculada al CCAES al igual que Lucía García Sanmiguel. También trabajan o han trabajado para los ministerios de Sanidad o Ciencia (Carlos III) los demás firmantes: Silvia Rivera Ariza, Elena Vanessa Martínez Sánchez, Óscar Pérez Olaso, Pello Latasa (hasta septiembre), Monserrat Gamarra Villaverde, Jesús Pérez Formigó y Lidia Redondo-Bravo. Pero la mera relación de nombres o la vinculación al CCAES no ilustra al lector internacional de The Lancet sobre su grado de vinculación con el Gobierno. Hay que investigar nombre a nombre.

Han estado en la primera línea de la gestión informativa gubernamental encarnada por Simón. Escribiendo sus protocolos o informes sobre el coronavirus. Simón y el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, coordinan cada día la comunicación sobre el coronavirus. Sin embargo, Simón y demás firmantes al pie de su artículo proclaman lo siguiente: «Declaramos no tener intereses en conflicto». El artículo no detalla que Simón es portavoz sanitario del Gobierno y ha diseñado la respuesta al virus, junto con el resto de firmantes, labor que elogia dicho artículo. Norma de «The Lancet» para los autores: «Las relaciones financieras (como el empleo, las consultorías, la propiedad u opciones de acciones, los honorarios, las patentes y el testimonio de un experto pagado) son las más fáciles de identificar, las que se consideran con mayor frecuencia como posibles conflictos de intereses y, por lo tanto, las más propensas a socavar la credibilidad de la revista, los autores y la ciencia misma».

«The Lancet» también debe verificar sus propios conflictos de intereses: «Las decisiones editoriales deben basarse en la relevancia de un manuscrito para la revista y en la originalidad, calidad y contribución del manuscrito a la evidencia sobre cuestiones importantes. Esas decisiones no deben estar influenciadas por intereses comerciales, relaciones personales o agendas, o hallazgos que sean negativos o que desafíen de manera creíble la sabiduría aceptada».

A través de sendos emails se ha solicitado al director de «The Lancet», al ombudsman, y a la matriz holandesa su versión sobre si dicho artículo cumplía sus requisitos para ser publicado: identificación de conflictos de intereses de los autores y de la editorial, criterios científicos para su publicación. También se requirió facturación anual de Elsevier con el Gobierno central, qué revistas incluyen y número de usuarios que permiten. No ha habido respuesta.

El texto de Simón admite que su pretensión no es científica , sino salir al paso de las críticas recibidas. «Un comienzo más temprano de la segunda ola del Covid-19 en España comparada con otros países europeos ha generado duras criticas hacia las administraciones sanitarias». Argumenta ante el lector extranjero que el Gobierno central es mero espectador en la segunda ola. «Queremos contribuir a este debate constructivamente, compartiendo nuestra perspectiva como profesionales de la salud pública involucrados en la respuesta, incluso si muchos aspectos están fuera de nuestra competencia directa». No detalla qué competencias clave mantiene el Gobierno: vetar o avalar el grado de confinamiento autonómico, controles sanitarios de vuelos, compra y distribución de vacunas...

El Simón team alega que el Gobierno dejó una buena herencia tras el desconfinamiento: «España incrementó enormemente su capacidad de respuesta después de la primera ola de este virus. Una mejorada estrategia de test, rastreo y aislamiento se implementó en mayo y, a finales de junio, más del 80% de pacientes con sospecha de tener Covid-19 se sometieron a pruebas de PCR en un plazo de 24 a 48 h, y 90% de los pacientes tenían sus contactos trazados (Monge S., inédito)». Tal afirmación está basada en un trabajo aún no publicado. The Lancet exige que esté publicado para verificarlo cuando se trata de un trabajo científico.

En mayo, un paciente español tardaba de 3 a 11 días (6 de media) en ser diagnosticado tras sufrir síntomas. El Gobierno desconfina con sólo 2,2 millones de PCR. Y el único test masivo, Torrejón, dio un 20% de población contagiada. Diversos estudios apuntaban que la alta letalidad del virus en España exigía cuadruplicar las cifras de infectados. Sólo los confirmados, no los sospechosos, han pasado de 249.000 a más de 2,7 millones tras el confinamiento. A fines de junio Sánchez ofreció 2.000 militares para rastrear. Sólo 20 infectados tras 12 semanas generan 30.000 contagios.

Simón proclama en su artículo que en España existe «un diálogo interterritorial fluido y toma de decisiones coordinada». La prensa da noticia diaria de los desencuentros entre el Gobierno central y las autonomías por la respuesta a la pandemia, pleitos que repetidamente acaban en los tribunales por iniciativa de unos u otros. Y también define como hecho irrefutable que «expertos externos han asesorado en decisiones estratégicas». En mayo el Gobierno ya admitió que no usó expertos externos, sino meros funcionarios de Sanidad.

Simón también considera una verdad clínica que en España hay « información amplia y transparente para el seguimiento diario de la epidemia disponible, basada en una exhaustiva información de cada caso individual recibida diariamente a nivel nacional». Oposición, prensa, científicos y un reguero de hechos cuestionan tal afirmación. En mayo el Gobierno descolgó de las listas de infectados a todos los positivos por test rápidos (borró más de 45.000 de golpe: la OMS dejó de contabilizar momentáneamente los casos españoles porque no entendía que España tuviera 278.000 afectados un día y al siguiente (16 de mayo) sólo 230.698. Sigue sin cuantificar los muertos en residencias y negó que el MOMO aflorara la cifra real de muertos por el virus. Simón argumentó que un exceso de más de 18.000 muertos podía deberse a un «accidente de tráfico enorme» en pleno confinamiento.

Simón ha confesado después que sólo quería replicar un duro editorial de «The Lancet». «Nos llamó la atención que una revista científica hiciera un editorial específicamente sobre la situación en un país. No he visto que ahora se haya hecho uno sobre Francia, Inglaterra o Italia, cuando ahora mismo están incluso peor de lo que llegamos a estar nosotros. Creímos que era bueno mostrar la visión desde el lado de los que están todos los días metidos en el trabajo duro de controlar esta pandemia. Nos parece una carta muy correcta y muy educada«, ha dicho Simón.

Admite que no es un estudio, sino una carta…de rectificación al duro editorial de «The Lancet» en octubre contra su gestión, que denunciaba «la debilidad de los sistemas de vigilancia, la baja capacidad para hacer PCR, las carencias en equipos protectores para el personal y en las unidades de críticos, la tardanza en reaccionar de los Gobiernos central y autonómico, los lentos procesos de toma de decisiones, los elevados niveles de movilidad de la población y de la migración, la deficiente coordinación entre las Administraciones central y autonómicas, la débil confianza en el asesoramiento científico, una población envejecida, la existencia de grupos vulnerables con desigualdades sociales y sanitarios, y la falta de preparación de las residencias sociosanitarias.

La rectificación de Simón se publica sin detallar intereses: el editor es cliente de su Gobierno y él es su portavoz y cerebro sanitario. Y el resto de firmantes son empleados públicos subordinados suyos o colaboradores.

«La politización y un clima desafortunado de confrontació n que impregna a diferentes sectores hace que la comunicación eficaz de crisis sea un desafío y probablemente perjudique los esfuerzos de respuesta». El mensaje de Simón en The Lancet a la comunidad científica internacional: determinados sectores impiden gestionar la pandemia en España. La prensa destaca que lo dice Simón en The Lancet. Nadie aclara que es una mera carta opinativa y, por tanto, no validada por dicha revista científica.