Justicia estudiará incluir el consentimiento expreso en los delitos sexuales cuando reciba la propuesta de Calvo

Carmen Calvo confirmó ayer su intención de introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión . "Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", ha recalcado en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Las citadas fuentes del Ministerio de Justicia han recordado que es la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación la encargada del estudio y el análisis de una eventual reforma de la tipificación de los delitos de agresión y abuso sexual en el Código Penal.

La vicepresidenta ya había adelantado esta intención el pasado domingo en un entrevista en la que, preguntada por el sentido de la reforma que prepara el Ejecutivo, hizo referencia a la reforma que se había realizado en el Código Penal sueco "para decir que salvo que una mujer diga expresamente sí, su respuesta es no". "Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no", concretó hace dos días.

Durante su comparecencia este martes ante la Comisión de Igualdad del Congreso, ha recordado que está en marcha la revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. "Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación delitos tan graves contra las mujeres" ha defendido.

A su juicio, la vinculación de los delitos de carácter sexual a la falta de consentimiento expreso es una manera de "blindarlos". "O es sí o es no, y que no haya interpretación posible", ha remarcado. En concreto, ha reivindicado que este es el modelo de Suecia y en el que está trabajando Alemania.

Respecto a la intención de la ministra de Igualdad, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega , ve "bien" y da la "bienvenida" a cualquier norma encaminada a proteger la libertad sexual de las mujeres, y a sancionar aquellos actos sexuales que no sean voluntarios. No obstante, González Vega ha indicado a Europa Press que esta propuesta "se tiene que plasmar por escrito" para poder estudiarla y analizarla en detalle.

En este sentido, la presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, se ha mostrado partidaria de llevar a cabo una reforma y ha añadido que esta es "una de las posibilidades que hay". "Me parece lo justo. La mujer tiene que consentir", ha recalcado, para después advertir de que lo "importante" es que la reforma esté bien redactada para que no haya lugar a una "mala" interpretación. Sin embargo, cree que el problema radica en "la prueba" de cómo se ha obtenido el consentimiento de la víctima.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz Celso Rodríguez ha señalado a Europa Press que, a priori, la propuesta es "demasiado ambigua" y "adolece de una cierta generalidad". Así, uno de los elementos que ha destacado es cómo se dejaría constancia de ese consentimiento que sería necesario.

Por su parte, el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, ha recordado que "corresponde al poder legislativo y a los técnicos en los que se apoya" el elaborar y publicar las leyes. En este sentido, ha hecho hincapié en que la asociación "respeta el trabajo y la labor" del mismo, y que cuando vea la luz la propuesta concreta, entonces, podrán valorarla "desde el punto de vista penal".

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus , ha abogado por que "cualquier reforma" se lleve a cabo de forma "pausada" y "reflexiva", evitando la "presión del momento". Lo contrario, según ha puntualizado, no le parece "razonable".

Finalmente, desde la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) su portavoz Miguel Pallarés ve "bien" y "razonable" avanzar en la línea defendida por la vicepresidenta, pero precisa que esta modificación debe enmarcarse en un proyecto general de reforma de los delitos sexuales. Así, ha recalcado que hay que considerar que estos cambios pueden "conducir a la desaparición de figuras menos graves, que también son delito, como son los abusos sexuales".