Los juristas avisan: el «sí» expreso sobre el consentimiento sexual ataca la presunción de inocencia

A falta del informe que salga de esa comisión -una iniciativa precipitada por la tormenta que desató la sentencia contra La Manada del pasado 26 de abril en Pamplona- la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, anunció este martes (como había hecho tres días atrás a golpe de titular de una entrevista periodística) su intención de reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso, de tal forma que «si una mujer no da un “sí” expreso, todo lo demás es no». El objetivo es, según expresó la vicepresidenta, que la existencia de los delitos no dependa de la interpretación de los jueces.

Su modelo es el sueco, donde el pasado 1 de julio entró en vigor la nueva ley que aspira a proteger a las víctimas de violación con la premisa del «solo sí es sí». En el Código sueco, además, los jueces determinan que ante las dudas generadas cuando una persona está bebida o drogada se considera que todas las mujeres en esas condiciones «no son conscientes» al 100% de sus facultades para dar el «sí» expreso que requiere un acto íntimo.

Calvo despertó este martes las suspicacias jurídicas cuando anunció su intención en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, donde compareció para explicar las líneas maestras de su departamento, como el impulso presupuestario a los ayuntamientos para que combatan la violencia de género o una nueva propuesta para racionalizar los horarios laborales de las españolas. En dicha comparecencia abundó en la necesidad de hacer reformas y garantizar que los tipos penales no se pongan «en riesgo» a través de la interpretación de los jueces, una reflexión provocada por el fallo de la Audiencia de Navarra sobre La Manada, que condenó por abuso sexual, en lugar de por agresión, al descartar que en el ataque hubiera intimidación. La sentencia describía un escenario de opresión contra la víctima, una joven madrileña de entonces 18 años, pero lo encajó en el concepto técnico de prevalimiento, que supone una superioridad inferior a la intimidación.

Tres expertos jurídicos consultados por ABC cuestionan la intención del Gobierno. En su opinión, los planes desvelados por Calvo suponen que el acusado tendría que probar su inocencia, en lugar de que la acusación deba acreditar el delito. Esta situación dejaría en papel mojado la presunción de inocencia, un principio básico según el cual todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, explica que en derecho penal la víctima tiene que demostrar «la ausencia de consentimiento, su oposición», sin ser necesaria una resistencia heroica. La exigencia del consentimiento expreso para que no exista el delito, opina, «invierte la carga de la prueba y ataca la presunción de inocencia».

Coincide con él la abogada Helena Echeverri, que cuestiona el método para consentir. «Tiene que quedar constancia por escrito, o grabado, porque si no el consentimiento es tácito» , señala la letrada, que considera que la palabra de la víctima no sería suficiente. Le parece un anuncio populista. La misma tesis sostiene el abogado Antonio Alberca. Según este letrado, el anuncio del Gobierno daría la vuelta a la esencia del proceso, en el que la acusación debe probar su sospecha.

El catedrático Rodríguez Ramos asegura que el silencio de una persona que se entrega a una relación sexual equivale a consentir de forma tácita y argumenta que la negativa de la víctima también puede expresarse con «gestos o actitudes». Lamenta que el Gobierno no espere a la propuesta de la comisión de Justicia y legisle «con calma».

La fiscal Virginia García Aller discrepa de sus «colegas» y no ve en peligro la presunción de inocencia. Ensalza la necesidad de que el consentimiento sea inequívoco para que no haya delito y celebra que se adapte la norma a la visión de género. Aun así, considera difícil expresar una opinión rigurosa sobre los planes del Gobierno hasta que exista un anteproyecto de ley.

García Aller, de la Unión Progresista de Fiscales, asegura que exigir un «sí» expreso no implica que la acusación no tenga que acreditar el delito. «Con palabras o con hechos se percibe el deseo», alega la fiscal, que cuestiona que sea posible un consentimiento tácito en un delito sexual. «Nadie entiende que si yo me dejo abierta la puerta de mi casa estoy invitando a todo el mundo a entrar», reflexiona.

La controversia de las palabras de Calvo no se detiene en lo jurídico. El debate está en la calle. Muchas han sido las reacciones, a través de redes sociales y testimonios recabados, de expertos cuestionando las aristas que se abren con esta iniciativa. «Es evidente que la violencia y la negación de la voluntad no deben ser toleradas -opina el profesor de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Ferrás-. Pero es un problema de educación social y cultural en relación al dominio patriarcal tradicional y de muy difícil solución desde el punto de vista jurídico. ¿Es preciso firmar un contrato? ¿O qué testimonio prevalecerá?», se pregunta.

Varios son los catedráticos de Sociología que apuntan que el origen del problema está también en el modelo de ocio nocturno instalado en la sociedad. Para el propio Ferrás, «los valores y comportamientos negativos en las relaciones de género no se cambian rápidamente y requieren tiempo», una opinión que parece haber apresurado la iniciativa del Gobierno.

«Es importante percibir que la sociedad es compleja y que las conductas están relacionadas con sentimientos, tradiciones y valores. Nunca existirá el riesgo cero y es importante educar socialmente en la prevención evitando situaciones de riesgo y la provocación. Pues es posible identificar el riesgo, dónde y cómo tratar de evitarlo», ultima el sociólogo.