El inspector durante más de treinta años Jesús Rul posa con su libro
El inspector durante más de treinta años Jesús Rul posa con su libro - PEP DALMAU

Jesús Rul: «En Cataluña nueve de cada diez inspectores son nacionalistas o guardan silencio»

En sus 32 años de observación de las aulas catalanas, el inspector ya retirado Jesús Rul ha visto como la Generalitat ha tomado el control de la educación utilizando la lengua como «arma de construcción nacional»

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Un día cualquiera, en una escuela catalana cualquiera. Aula de segundo curso de Educación Primaria. Faltan pocos minutos para empezar la clase de Lengua Castellana y el inspector Jesús Rul entra discretamente en el espacio. Toma asiento en la última fila y se dispone a observar cómo transcurre la sesión. Hay aparentemente normalidad, sólo aparente, porque desde el minuto cero de la sesión se evidencia una anomalía: el profesor imparte en catalán la asignatura de Lengua Castellana, la única que con la inmersión lingüística se permite dar en castellano.

«Yo es que el castellano lo explico en catalán», le responde el docente a Rul cuando éste le advierte de las posibles consecuencias de su mala praxis. Al infractor se le abrió un expediente, a resultas del cual fue trasladado a otro centro. La razón de su sanción no fue, sin embargo, el informe negativo que se le realizó por «catalanizar» la clase de castellano sino, «más que probablemente», por las denuncias que algunas familias hicieron llegar a la inspección por un conflicto con alumnos, precisa el inspector. Ésta es sólo una de las muchas «situaciones irregulares» que Jesús Rul ha visto, según afirma, en sus más de tres décadas de observación de las aulas catalanas como miembro del cuerpo de inspectores educativos de Cataluña, del que se apartó en 2015 cuando se jubiló pero con el que sigue en permanente contacto a través del Projecte Inspectio, una asociación que él mismo impulsó en 2006 y que agrupa a los profesionales del cuerpo que defienden el ejercicio de su profesión con independencia.

Fabricar «esteladas» en clase

«En la educación catalana se dan situaciones constitutivas de falta grave y muy grave que quedan impunes, como que un profesor interrumpa el funcionamiento de una clase para llevar a los alumnos a la calle a gritar "¡independencia!”, o que en clase se les haga fabricar una bandera "estelada", indicando a los alumnos que es la bandera de una nación libre, o que se induzca a los estudiantes a huelgas nacionalistas. Estos casos y muchos otros fracturan claramente la preceptiva neutralidad e imparcialidad de la institución educativa», dice Rul.

Gran parte de las «anomalías» detectadas en el sistema educativo las detalla en su libro «Nacionalismo catalán y adoctrinamiento escolar» (Editorial Amarante, 2019), presentado a finales de octubre y en el que pone al descubierto, con vivencias reales, la estrategia que desde inicios de los años 90 ha urdido el nacionalismo para «tomar progresivamente el control ideológico de la educación usando la lengua como arma de construcción nacional».

Control de los directores

En una entrevista concedida a ABC, este veterano inspector, que arrancó su andadura profesional en 1983, un año después de que en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) se alumbrara la inmersión lingüística, explica cómo en estas últimas décadas los gobiernos nacionalistas han ido cumpliendo «escrupulosamente» los objetivos perfilados en el Programa 2000 redactado a comienzos de los años 90 con Jordi Pujol al frente de la Generalitat. A nivel educativo, los resume en dos: «Formar la personalidad catalana de profesores y alumnos, y controlar los equipos directivos y el cuerpo de inspectores».

Marginación del castellano

En sus primeros años de ejercicio, Rul gozó, según relata, de la confianza del departamento de Enseñanza catalán. Entre los años 1986-1990 fue liberado incluso de sus tareas de inspección para dedicarse a la formación de directores escolares. También coordinó por encargo de la Administración la colección de libros sobre gestión educativa.

Este inspector de origen valenciano da fe de que, desde finales de los años 90, el castellano, lengua cooficial de Cataluña y oficial del Estado, «se ha ido arrinconando en las aulas con una intencionalidad política» hasta quedar en una «situación de absoluta marginalidad».

«La inmersión lingüística obligatoria sólo para los alumnos castellanohablantes es discriminatoria y lesiva para el éxito del alumnado. Es una dominación política ajena al orden constitucional. Atenta contra la dignidad, equidad y los derechos de los alumnos. Solo es defendible desde el totalitarismo impuesto por el nacionalismo: no es factor de cohesión social, ni es un modelo de éxito como proclaman machaconamente», asegura con contundencia.

En sus 32 años de servicio, dice haber visto también cómo los principales actores educativos (profesores y equipos directivos) «han ido cerrando filas progresivamente en torno al proyecto nacionalista, primero doctrinario y después secesionista». ¿Cómo han ejecutado el control ideológico de las aulas? Él lo tiene claro: «Adoctrinando a los alumnos a través de los manuales de Geografía e Historia, en los que han tergiversado deliberadamente la historia de la nación» y «desprestigiando el castellano, arrebatándole con instrumentos factuales y sentencias timoratas su estatus de lengua oficial de España y cooficial en Cataluña».

«Contolar el 20% de la población»

«Lo que les importa no es el éxito educativo sino tener bajo control ideológico entre un 15 y un 20% de la población catalana», precisa. «Se induce a los alumnos a una visión anodina y peyorativa de España y de que la lengua que importa es el catalán. Y eso es muy grave», denuncia el inspector. Lamenta que esta situación se haya producido «con la complicidad del cuerpo de inspectores educativos», que, lejos de actuar con arreglo al ordenamiento jurídico constitucional, se han convertido en una pieza más del proceso nacionalista por acción u omisión».

Interinos renovados por el Govern

«La inspección educativa catalana está en las antípodas de lo que debería ser. Su misión ha quedado sesgada por el compromiso ideológico», apunta el funcionario. A su juicio, esa falta de «independencia» del cuerpo responde a un factor «estructural»: el hecho de que durante años (en los que no se han convocado oposiciones) la única vía para acceder a un puesto de inspector haya sido un concurso de méritos renovable cada año por el Govern.

«Un alto porcentaje de los inspectores que ejercen actualmente en Cataluña son nacionalistas o guardan silencio por si acaso y por temor a no ser renovados en el cargo. Son comisarios políticos, la antítesis de lo que deberían ser», asegura. «Algunos de ellos, –añade– incluso aparecen en el centro con un lazo amarillo en su solapa; otros alardean de formar parte de la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC)». Simbología al margen, Rul denuncia también trabas en el ejercicio de su profesión.

Expedientes silenciados

«Muchos informes realizados por la inspección para denunciar causas objetivamente graves no han tenido recorrido administrativo y han acabado en simples amonestaciones. Otros, han quedado directamente archivados», denuncia el inspector, quien recuerda un caso especialmente destacable: «Había redactado un informe por una cuestión lingüística y me presionaron para que lo modificara. También he visto como la administración adoptaba decisiones antes de tener los preceptivos informes de inspección, reducidos a una función burocrática de archivo. Todos sabemos que no son vinculantes pero, al menos, deberían leerse y tenerse en cuenta».

Inacción del Gobierno

Jesús Rul denuncia también la inacción de todos los gobiernos del Estado ante esta situación. «Ningún gobierno ha luchado contra el adoctrinamiento escolar, ni ha puesto freno a la discriminación del castellano en las aulas», apunta. Recuerda en este sentido, que las leyes que rigen el sistema de educación son muy precisas con relación a preservar la integridad personal, la imparcialidad política y la neutralidad ideológica en las relaciones educativas.

Este inspector jubilado no cree que, en vistas del escenario político que se vislumbra tras las elecciones, la situación vaya a cambiar. «El borrador de la ley Celaá da competencias plenas a las comunidades, sin matices», recuerda. «El Gobierno ha abdicado desde hace años de garantizar la unidad del sistema educativo español y de controlar las desmesuras de la educación en Cataluña», concluye.