Javier Cremades: «Los obispos encargaron la auditoría de los abusos antes que el Congreso»

¿La Conferencia Episcopal ha puesto algún límite a su trabajo?

No, no tenemos ningún límite temporal, ni material. El encargo es hacer un análisis de todo lo que ha sucedido.

Se han marcado el plazo de un año para presentar los resultados. ¿No es muy ambicioso, si tenemos en cuenta el trabajo en otros países?

Sí, es un marco mucho más corto que el que han necesitado otros países, pero tenemos dos ventajas: su experiencia previa, porque han diseñado metodologías y un 'know how' del que podemos aprender; y, por otro lado, tenemos el trabajo de las diócesis y de las órdenes religiosas que llevan ya años investigando. Hay mucha tarea, pero vamos a poner un equipo amplio con especialistas multidisciplinares para cumplir el plazo.

¿Ya está creado ese equipo?

Lo estamos definiendo ahora. Serán 18 personas, la mayoría del despacho, pero tendremos también algún colaborador externo. Estará compuesto de perfiles mayoritariamente jurídicos, pero vamos a incorporar otros expertos en Psicología y Sociología.

¿Se han planteado la incorporación de alguna víctima a este equipo?

No, las víctimas van a estar en el centro de nuestro trabajo, van a ser el principal foco de atención, pero será un equipo de expertos quienes investiguen.

¿Ya se han puesto en contacto con alguna víctima?

Sí, tras dar a conocer el correo denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com, ya tenemos casi una veintena de víctimas que se han puesto en contacto con nosotros, con las que ya hemos mantenido conversaciones.

En la presentación insistieron en que las víctimas iban a estar en el centro de esta investigación...

Este es un problema que tiene una dimensión social, política y jurídica, pero no hay que olvidar que debajo de lo que estamos analizando hay situaciones dolorosas y delicadas. Porque son seres humanos que en su momento de mayor vulnerabilidad fueron atacados, y no fueron protegidos, por personas que tenían autoridad, que eran adultos y debería haber cuidado de ellos. A quien lo ha sufrido le ha dejado una huella profunda que hay que respetar con enorme delicadeza. Ese es el origen de la gravedad moral de este problema.

Los obispos españoles llevan años sosteniendo que consideraban suficiente para tratar este problema sus oficinas de atención diocesana. ¿Qué les ha hecho cambiar de opinión?

Yo creo que han iniciado una nueva etapa: encomendar a un grupo de profesionales esta auditoría externa para tener un mapa concreto del pasado. ¿Qué les ha llevado a ello? No lo sé, lo que yo creo es que había mucha presión en la opinión pública y una acción por parte de los poderes públicos con la petición de las comisiones de investigación en el Parlamento. Todo eso se ha unido, aunque la verdad es que este trabajo lo empezamos a diseñar en enero, antes de que se anunciara la comisión de investigación.

¿Antes? Eso fue a finales de enero...

Sí, desde la Conferencia contactaron con nosotros el 7 de enero. En este tiempo hemos tenido varias reuniones hasta el anuncio de esta semana.

El hecho de que usted se haya manifestado católico, como miembro del Opus Dei, ha sido visto por algunas asociaciones de víctimas como un escollo para la independencia del encargo. ¿Cómo la van a garantizar?

Entiendo las reticencias y las incertidumbres que pueda haber, porque esta es una etapa nueva que, de alguna manera, rectifica un rumbo anterior. Pero, precisamente, mi condición de católico me lleva a extremar el celo en la profesionalidad de lo que vamos a hacer. En Francia y Alemania sucedió lo mismo. El señor Sauvé [el responsble de la investigación francesa] es católico practicante y así se mostró desde el principio. Eso produjo un cierto escepticismo de las víctimas, pero pronto se vio que su trabajo era profesional e independiente. La forma más efectiva de dar credibilidad es el resultado final de nuestro trabajo. No vamos a poner en juego treinta años de vida profesional haciendo un trabajo que no sea escrupuloso e independiente.

En el caso de la investigación de Múnich, el bufete de abogados llegó a apuntar a Benedicto XVI como conocedor, en su etapa de arzobispo, de algunos casos. ¿Cómo actuarán si se encuentran con que alguna de las denuncias apuntan a responsables de la Iglesia católica?

Estoy muy satisfecho y agradecido por la confianza porque se nos ha dado un mandato para que la investigación no tenga límites de carácter material, temporal ni personal. La Conferencia ha pedido que vayamos hasta el final y que hagamos un trabajo de manera libre e independiente, y lo vamos a hacer seguro.

Su trabajo de investigación va a coincidir con la comisión que finalmente acuerde el Congreso, bien la parlamentaria o la liderada por el Defensor del Pueblo. ¿Van a colaborar con ella?

La colaboración va a ser completa y total con la única salvedad que nos impone la Ley de Protección de Datos. De hecho la hoja de encargo que tenemos de los obispos prevé la colaboración con cualquier órgano de investigación que puedan poner en marcha las autoridades públicas. La idea es que si queremos dar luz, cualquiera que quiera trabajar o investigar va a ser bienvenido.

ERC y Podemos no han retirado su propuesta de una comisión parlamentaria, porque quieren una investigación «ante las cámaras» con testimonios de víctimas y abusadores. ¿Cree que es el cauce adecuado?

Mi opinión personal como ciudadano y jurista es que un problema tan delicado y tan humano como este no tiene en una comisión parlamentaria un mecanismo idóneo para resolverse. Y creo que muchas personas en España piensan lo mismo. Otra cosa es el Defensor del Pueblo, que más allá de debates jurídicos me parece un organismo más natural.

¿Cómo puede este informe cambiar la imagen que la sociedad española tiene de la Iglesia?

Decía el informe francés en las conclusiones que la Iglesia está aquí para quedarse y es parte de la vida de Francia. Igualmente ocurre en España. Esto debe ayudar a un comportamiento aún más ejemplar de la Iglesia católica. El dilema moral no es solamente que hubo abusos, porque los ha habido y, desgraciadamente, los sigue habiendo y no sólo en la Iglesia. Pero el problema es más grave, porque la Iglesia tenía encomendada la tutela moral de las personas que acudían a ella, que buscaban su amparo para desarrollar su educación. Por eso tiene un componente mayor de perversión que esto lo haga una persona consagrada o conectada con lo sagrado. Es una traición doblemente grave. La Iglesia necesita recuperar esa autoridad moral para seguir promoviendo el respeto a los derechos de la infancia y la integridad y dignidad de la persona. Al final en esto, si lo hacemos bien, será un proceso de sanación de toda la sociedad y también de recuperación de autoridad moral de la Iglesia, que algo ha perdido en todo este proceso.